Consumo impulsa una norma para evitar subidas de precios en transporte tras el accidente de Adamuz

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está impulsando, a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una nueva regulación de los precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, con el fin de impedir que se produzcan incrementos de precios en situaciones de emergencia o catástrofe.

La medida parte de las denuncias de consumidores tras el accidente del pasado domingo de tren en Adamuz (Córdoba), especialmente por el encarecimiento de los transportes alternativos al ferrocarril tras la suspensión del tráfico ferroviario, según ha informado este martes el Departamento liderado por Pablo Bustinduy.

La regulación fue incluida en la última versión del Anteproyecto, presentada en diciembre de 2025, en la que el Ministerio trabaja actualmente para su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

La nueva normativa obligará a las empresas a informar de antemano sobre la previsión de la evolución dinámica de los precios. Es decir, deberán comunicar previamente el precio que tendrá un producto o servicio durante el periodo en que esté disponible, y no podrán superar los precios anunciados para esa fecha. De este modo, se evitarán incrementos abusivos de precios en situaciones imprevistas o de emergencia.

El Ministerio de Consumo ha recibido avisos y denuncias de una subida excepcional de los precios del transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas. Según el Ministerio, esta situación refuerza la necesidad de aprobar una nueva regulación que proteja a consumidores y consumidoras frente a catástrofes como la ocurrida en Adamuz.

Cabe recordar que el Ministerio de Consumo ya estableció, mediante el Real Decreto-Ley aprobado tras la catástrofe provocada por la Dana en Valencia, que las empresas que personalizan precios de forma automatizada no pueden incrementarlos en situaciones calificadas como de emergencia de protección civil, conforme a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. La nueva regulación ampliará esta protección a otros supuestos.

El Ministerio también ha recordado los derechos de los pasajeros y pasajeras ante la suspensión del tráfico ferroviario en las líneas afectadas por el accidente.

Las personas que tienen un viaje contratado tienen derecho a que la compañía operadora les facilite un transporte alternativo para continuar su trayecto lo antes posible, o en una fecha posterior que convenga al viajero, sin coste adicional.

En caso de que las operadoras no ofrezcan dicha alternativa y el transporte sea realizado por medios propios, el pasajero tendrá derecho al reembolso de los gastos razonables en que haya incurrido, para lo cual se recomienda conservar los comprobantes de los gastos efectuados.

Si se renuncia al viaje, la operadora deberá devolver íntegramente el precio del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de reintegro, que podrá presentarse en un plazo de tres meses.

Asimismo, se recuerda a todas las personas afectadas por las suspensiones que disponen de un plazo de tres meses para presentar sus reclamaciones ante las compañías operadoras, y deberán hacerlo directamente a través de los canales habilitados.

En el caso de Renfe, las reclamaciones pueden presentarse mediante el formulario disponible en su página web oficial o por teléfono en el 900 878 333; para Iryo, a través del formulario de su web, por teléfono en el 910 150 000 o por correo electrónico a atencion.cliente@iryo.eu; y en el caso de Ouigo, mediante el formulario de reclamaciones y quejas en su página web o por teléfono en el 900 759 781.

Por último, el Ministerio ruega no utilizar, a estos efectos, los canales destinados a comunicaciones con familiares de los pasajeros afectados por el accidente.