El Gobierno ha abierto la puerta este lunes a prorrogar gran parte de las medidas anticrisis para frenar el impacto económico de la guerra en Irán que finalizan el próximo 30 de junio. Lo ha hecho durante una reunión presidida por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo con los agentes sociales para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán y analizar el efecto de las medidas adoptadas el pasado marzo, con miras a evaluar su continuidad y/o su adaptación y que se seguirán debatiendo las próximas semanas. Entre ellas destacan las prórrogas a las ayudas al combustible.

En el encuentro han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Reunión productiva con agentes sociales para evaluar el impacto económico y social de la guerra y la eficacia de las medidas adoptadas.

Están protegiendo el poder adquisitivo de familias y competitividad de empresas

Seguiremos juntos, compartiendo el diagnóstico y la respuesta. pic.twitter.com/JRCKmuN6rC

— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) May 25, 2026

España está respondiendo bien al "shock" de la guerra

Con las negociaciones de una posible tregua entre Washington y Teherán como telón de fondo y apenas unos días después de que el FMI urgiese a España a suspender las recientes medidas de apoyo energético, desde Economía trasladan que el análisis compartido entre los asistentes es que España "está respondiendo bien" al 'shock' del conflicto de Irán. "Nuestra posición industrial en refino, la rapidez y efectividad de la respuesta de política económica y la cooperación con Europa nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías", ha señalado el vicepresidente primero durante el encuentro.

Según el Ejecutivo, el Plan de Respuesta puesto en marcha por el Gobierno y en vigor desde el 20 de marzo está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. El Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril se situó en el 3,2%, lo que confirma según el Gobierno que las medidas puestas en marcha en España "están funcionando", ya que sin ellas, la inflación habría sido un punto superior.

La presión sobre los precios se mantiene

En particular, el precio de los combustibles habría subido cerca de un 30% sin las medidas aprobadas. No obstante, sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán y, por lo tanto, se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles se mantengan durante el mes de junio.

Y es que al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio. Por el contrario, los precios de la electricidad y del gas bajaron lo suficiente en abril para que se desactiven las medidas en marcha para proteger a consumidores en estos ámbitos.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

CCOO y UGT plantean ayudas para rentas bajas ante la guerra

En este contexto de negociación, los sindicatos mayoritarios, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han planteado al Gobierno aprobar una ayuda de 300 euros para personas con ingresos inferiores al salario medio del país y han pedido revisar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) semestralmente para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Además, han manifestado también su preocupación por la capacidad de abastecimiento de determinados combustibles estratégicos, como el gas o el queroseno, este último con un impacto especialmente relevante sobre el transporte aéreo y, por tanto, sobre sectores clave como el turismo. 

Asimismo, los sindicatos han reclamado un paquete extraordinario de medidas para proteger el mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la misma a los trabajadores, especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo y la especulación inmobiliaria. Entre estas medidas, han defendido la limitación de los precios de los alquileres y la congelación de las actualizaciones de renta, en línea con las medidas contempladas en el Real Decreto-ley cuya convalidación fue finalmente rechazada por el Congreso de los Diputados.

Y revisión semestral del SMI ante la subida de precios 

Por último, las organizaciones sindicales han manifestado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe mantener plenamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Dado que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1% y que la inflación se sitúa ya en el 3,2% según los datos conocidos del mes de abril, consideran necesario estudiar la aplicación de la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Según han explicado los sindicatos, el citado precepto establece expresamente que el Gobierno fijará el SMI teniendo en cuenta, entre otros factores, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, disponiendo además que "igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado".