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El Gobierno prevé acometer numerosos cambios legislativos y normativos antes de que finalice el año, que pasan por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres o modificar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, así como desarrollar la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social o crear la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, entre otros.
Así figura en el Plan Anual Normativo 2020, publicado en el Portal de Transparencia, que incluye un total de 171 propuestas, y en el que el Gobierno prevé cumplir con el acuerdo programático de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, a través de una ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial.
El objetivo es "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial".
Asimismo, verá la luz la ley que regula el trabajo a distancia fijando el carácter "voluntario y reversible" del teletrabajo, la igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación, los tiempos máximos de trabajo y los mínimos de trabajo.
Se impulsará una ley para la protección laboral de trabajadores a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos, los conocidos como 'riders', y vía real decreto se modificará el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
A su vez, se fijará el Salario Mínimo para 2021, la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, se regularán los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo y normas para la igualdad, como el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores en materia de transparencia retributiva con igualdad de trato y prohibición de discriminación entre mujeres y hombres mediante el refuerzo de mecanismos de transparencia.
También se modificará con otra ley el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores para ajustar el ordenamiento a la directiva sobre protección de trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, incorporar la regulación del silencio administrativo como forma de terminación del procedimiento y otorgar seguridad jurídica a beneficiarios de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial en los recursos contra el organismo.
Coeficientes reductores de jubilaciones anticipadas
En materia de la Seguridad Social, tal y como adelantó el ministro del ramo, se aprobará un real decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores sobre la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social para "ordenar, simplificar y agilizar" el procedimiento general para establecer coeficientes reductores.
Se regulará la estructura del sistema de información contable de la Seguridad Social, se aprobará el reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social y se desarrollará la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social en caso de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y cotización.
La única ley de este departamento modificará el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para impulsar la administración digital en la Seguridad Social.
Fiscal y Función Pública
El Ministerio de Hacienda trabajará, además de en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en otra ley para modificar el Impuesto sobre Sociedades e incorporar la normativa sobre asimetrías híbridas de una directiva estableciendo normas para las prácticas de elusión fiscal, junto a otra transposición de directiva sobre obligaciones respecto al IVA para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes.
Igualmente, aprobará un nuevo reglamento con determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas y modificará el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa.
Como nuevos impuestos solo figuran el referido a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, conocidos como tasas 'Google' y 'Tobin', ya en tramitación parlamentaria.
Respecto a Función Pública, se modificará el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar la regulación del personal interino y establecer por primera vez una regulación del trabajo no presencial, se aprobará la Ley de Función Pública para racionalizar la Administración y reales decretos sobre transparencia, acceso a información y buen gobierno, junto a la oferta de empleo público de 2020.
Autoridad de protección del cliente financiero y recapitalizar entidades
En el ámbito financiero, el Gobierno tratará de cumplir con su promesa de crear la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se ha vuelto muy relevante después de que el Banco de España haya notificado un incremento en las reclamaciones bancarias por IRPH o las tarjetas 'revolving'.
Además de la creación de esta autoridad, se traspondrá la directiva europea en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión al ordenamiento jurídico español.
Igualmente, se mejorará el marco de resolución de entidades de crédito, incorporando los requisitos de MREL, requisitos mínimos de pasivos elegibles (para absorción de pérdidas), así como el marco de solvencia y gobernanza de las entidades de crédito.
Respecto a la Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, el Ejecutivo tiene por objeto transponer parcialmente tres directivas europeas para armonizar, clarificar y mejorar la regulación vigente.
También tratará de transponer una serie de directivas encaminadas a regular la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, en coordinar las condiciones aplicables a los gestores de fondos que operan en el mercado interior y a mejorar la comercialización transfronteriza de fondos de inversión.
Startups y telecomunicaciones
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también presentará la Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, anunciada en la anterior legislatura y cuya finalidad es implantar las medidas necesarias para impulsar el ecosistema de las denominadas startups, con objeto de convertir a España en una "nación emprendedora a la vanguardia europea del emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible".
En el campo de las telecomunicaciones, se incluye la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto ha iniciado su audiencia pública y que incluye distintas medidas como incluir a las empresas de comunicaciones interpersonales no dependientes de numeración y de mensajería en la categoría de operadores y aplicarles la tasa correspondiente.
Por último, vía real decreto se aprobarán las condiciones técnicas que debe cumplir el plan de despliegue o instalación de redes de comunicaciones electrónicas.