Economía
Impuesto de plusvalía: los consumidores, indignados por el fallo del TC que impide reclamar
"La sentencia podría ser tumbada por Europa, como pasó con las cláusulas suelo", dice ASUFIN
¿Hay que seguir pagando el impuesto de plusvalía, aunque el Constitucional lo haya anulado?
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anulando el cobro del impuesto de la plusvalía está desatando la tormenta no solo entre los ayuntamientos (que dejarán de ingresar unos 2.500 millones de euros anuales), o en los pasillos del Ministerio de Hacienda (que ya prepara el borrador para asegurar la constitucionalidad del impuesto para que pueda seguir cobrándose), sino sobre todo entre los consumidores, ya que el TC cierra la vía de la reclamación a todo aquel contribuyente que no haya reclamado o impugnado la liquidación del tributo antes de la publicación de la sentencia.
"La no retroactividad que incorpora la sentencia de las plusvalías es inadmisible y podría ser tumbada por Europa, como ya sucedió con el fallo del Supremo relativo a la cláusula suelo", advierte la asociación de usuarios financieros ASUFIN (@asufin_), para quien esta sentencia del TC "pretende salvar las arcas municipales a costa de impedir el legítimo derecho de los afectados a reclamar”.
Según Patricia Suárez (@WonderWomanPSR) presidenta de ASUFIN, la resolución del Alto Tribunal impidiendo las reclamaciones con efecto retroactivo provoca “sorpresa, indignación y frustración” entre los ciudadanos que ven que “nuestros tribunales cometen el mismo error en aras de una estabilidad económica que no se puede preservar a costa de impedir el derecho a la justa reparación”.
Las asociaciones de consumidores critican que los tribunales comentan otra vez el mismo error: "Ya tuvimos una sentencia de cláusulas suelo fallada por el Tribunal Supremo que introdujo una inadmisible no retroactividad (...) Tuvieron que venir desde Europa a decirnos todo lo contrario”, recuerda la presidenta de ASUFIN.
Ayuntamientos piden seguir cobrando plusvalía
Nada más conocer la sentencia del Constitucional, los ayuntamientos ya han pedido al Gobierno una nueva norma para restablecer el impuesto de plusvalías. Así lo ha anunciado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero. Tan pronto la sentencia se conozca en profundidad, se convocará una Junta de Gobierno Extraordinaria de la FEMP y, desde la Federación "nos pondremos en contacto con la ministra de Hacienda y analizaremos de forma conjunta la solución”, ha avisado Caballero.
El Gobierno prepara el repuesto de la plusvalía...
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ultima un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos. Todo indica, pues, que el Ministerio que dirige María Jesús Montero tratará de asegurar que los ayuntamientos sigan cobrando este tributo, y para ello redactará una nueva norma que sí se ajuste a los criterios de constitucionalidad del impuesto.
Los artículos inconstitucionales hacen referencia al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
... y los Técnicos de Hacienda proponen otro tributo
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rechazan la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías), debido al agujero de 2.500 millones de euros que provocaría en las arcas municipales.
Para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional, proponen un nuevo impuesto municipal de plusvalías de los terrenos (urbano y rústico) que se determine por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del suelo, incluidas las plusvalías generadas en menos de un año, que pueden ser plusvalías especulativas.
Tal y como explican los expertos tributarios, debería de ser un impuesto directo, de carácter real, objetivo, no periódico, de titularidad municipal y de carácter potestativo, cuyo desarrollo reglamentario seguirían siendo las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos.
