El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado al Ayuntamiento de Bilbao a permitir que un funcionario municipal continúe en servicio activo hasta los 70 años. Tendrá que readmitirle y, además, a abonarle las retribuciones que dejó de percibir después de que el consistorio de obligara a jubilarse al cumplir los 65 años.
Así lo determina una sentencia emitida el pasado mes de diciembre por parte del TSJPV. Esta sentencia considera que la decisión adoptada por el consistorio no se ajustó a derecho y reconoce el derecho del empleado a continuar en activo hasta los 70 años, la edad máxima permitida en su caso.
El fallo judicial declara improcedente la jubilación aplicada por el Ayuntamiento y establece que el trabajador debe reincorporarse a su puesto en las mismas condiciones que tenía antes de su salida. Además, la administración municipal deberá abonarle los salarios que dejó de percibir desde el momento en que fue apartado del servicio.
En octubre de 2023 el Ayuntamiento de Bilbao llevó a cabo la jubilación forzosa del funcionario pese a que este había solicitado la prórroga de su servicio en activo. El Consistorio denegó la solicitud sin esgrimir razones objetivas ligadas a las necesidades del servicio. Entonces, el funcionario decidió acudir a la Justicia.
El Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en 2024 reconocía el derecho del trabajador a permanecer en activo y dictó sentencia en su favor, obligando al consistorio a readmitirlo.
Pero esa sentencia no dijo nada acerca de los salarios que el empleado público dejó de cobrar en ese tiempo y le instaba a emprender un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamarlos. Así, la sentencia fue recurrida tanto por el Ayuntamiento de Bilbao, como por el, denunciante, el trabajador en cuestión.
Ahora, el TSJPV ha desestimado los argumentos del Ayuntamiento y confirma que la prórroga de su actividad está amparada por el artículo 50 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de esta institución pública. Y además, aclara que también deberá pagar los salarios no percibidos.
El artículo 67 del Real Decreto Legislativo 5/2015 recoge que la jubilación forzosa se declarará de oficio cuando el personal funcionario cumpla 65 años. No obstante, “se podrá solicitar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo hasta que cumpla setenta años de edad y siempre que sea considerado apto para el servicio, en los supuestos que se consignen en un plan de ordenación del empleo público o en las normas presupuestarias correspondientes”.
El tribunal recuerda que la prolongación del servicio activo tiene carácter excepcional y debe responder a “razones de necesidad ineludibles” vinculadas al interés general. Sin embargo, concluye que en este caso los propios actos del Ayuntamiento desmentían su negativa ya que el consistorio llegó a nombrar a una funcionaria interina para garantizar un traspaso de conocimientos tras la jubilación, lo que evidenciaba que el demandante seguía siendo apto y necesario. Según la sentencia, esa actuación pone de relieve “no la ineptitud del demandante, sino más bien lo contrario”, y demuestra ”la conveniencia de que aquel continuase en activo”.
Este pronunciamiento refuerza la jurisprudencia sobre los límites de la jubilación forzosa en la administración pública y abre la puerta a posibles reclamaciones similares por parte de otros empleados en situaciones comparables.
