La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este viernes el resultado del segundo chequeo a la salud del sistema de pensiones español en el que considera que España "no incumple la regla de gasto", pero ha vuelto a advertir que este cumplimiento "no garantiza la sostenibilidad del sistema", lo que ratifica las conclusiones del contundente informe que publicó en 2025. 

El organismo, presidido por Inés Olóndriz, pide al Gobierno cambiar el diseño de la regla de gasto porque no funciona para medir la sostenibilidad, y considera que el envejecimiento de la población presiona a las cuentas de la Seguridad Social hasta niveles máximos de deuda. No obstante, concluye que por el momento no harán falta ajustes inmediatos.

La AIReF mantiene su estimación del impacto de las medidas del informe anterior, salvo en el caso de la reforma de las cotizaciones de trabajadores autónomos, que ahora se estima con los datos reales de los rendimientos declarados en 2023 y 2024 frente a las estimaciones del año anterior. En cuanto a la regularización de inmigrantes, la autoridad estima un impacto "prácticamente nulo" a largo plazo.

Este estudio se realiza en cumplimiento del mandato adicional solicitado por el Gobierno a la AIReF para actualizar el análisis ya realizado de 2025, incorporando los datos macroeconómicos más recientes y la información disponible sobre los ingresos.

Aumento de la deuda futura hasta el 123% del PIB por el envejecimiento

La AIReF mantiene las conclusiones sobre las sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en el informe de 2025. Así, subraya que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. De esta forma, en un escenario a políticas constantes, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo, impulsada por el envejecimiento de la población, "agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas". Así, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Olóndriz ha recalcado que esta estimación de crecimiento de deuda "es un poquito menos" de lo que se veía el año anterior, pero que "la tendencia se mantiene" por el envejecimiento de la población, un proceso que "va a presionar el gasto público en distintos elementos", "principalmente en pensiones", pero también en sanidad o cuidados. Estas nuevas proyecciones incorporan una población más elevada por efecto de la inmigración, una tasa de fecundidad inferior y una "ligera mejora" del crecimiento potencial. Sin embargo, el envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto público, sobre todo en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

Además, la AIReF estima que para financiar el aumento del gasto en pensiones que se prevé, las transferencias del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar 2,3 puntos hasta alcanzar el 3% del PIB, lo que reduciría los recursos para otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que le parece "difícil de compatibilizar" con los marcos fiscales europeo y nacional.

Gasto promedio en pensiones en el 13% hasta 2050

El estudio de este año concluye también que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Las previsiones de la AIReF suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, que viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

Necesidad de un nuevo diseño para medir la sostenibilidad

Por otro lado, la AIReF ha reiterado su visión de que existen problemas de diseño en la regla de gasto, ya que parte de una "visión parcial" de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición "imprecisa" de medidas de ingresos. También lamenta que su vinculación a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general y, en tercer lugar, critica que "no encaja en el nuevo marco fiscal europeo". 

Por todo ello, propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla de gasto de pensiones para que "guarde más consistencia" con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el cumplimiento de los compromisos del marco fiscal nacional y europeo.  En concreto, plantea que la regla se exprese en términos de tasas de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos de los Fondos de la Seguridad Social y que se incorpore a los compromisos del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. En este punto, garantiza que podría evaluar de forma previa e independiente estos compromisos.

El Gobierno dice que no es un "examen" a las pensiones

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que comanda Elma Saiz, afirma que "este segundo informe no supone un nuevo examen (el ejercicio de evaluación está regulado taxativamente a nivel legal en el RDL 2/2023), sino un ejercicio de transparencia". Sin embargo, en las últimas semanas ha cundido una cierta inquietud, debido a que la Autoridad Fiscal había en varias ocasiones de que "la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado".

Tras conocer el informe, la cartera de la Seguridad Social ha valorado positivamente los resultados este viernes, asegurando que el el sistema público de pensiones ha superado esta "evaluación independiente demostrando su sostenibilidad y el éxito de las reformas estructurales adoptadas desde el año 2021". En sus declaraciones, la Seguridad Social destaca que la autoridad fiscal constata el cumplimiento de la llamada "cláusula de cierre", proyectando un nivel de gasto neto en pensiones del 13,0% del PIB entre los años 2022 y 2050, una cifra que se encuentra tres décimas por debajo del límite legal y que, según el ministerio "refleja una situación más sólida que en evaluaciones anteriores". Asimismo, el Ministerio celebra que el impacto de las medidas para reforzar los ingresos del sistema se haya revisado al alza hasta el 1,6% del PIB.