Efecto Escrivá: El Gobierno saneará las cuentas de la Seguridad Social trasladando gastos al Estado

El Gobierno avanza en su plan para sanear las cuentas de la Seguridad Social. Tras aprobar este martes el Consejo de Ministros la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es acometer una reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo y que se prevé el traslado de gastos de la Seguridad Social al Estado al entender que son más propios de ese sector.

Esta ha sido una de las recetas para reducir el déficit defendidas por José Luis Escrivá antes de que se convirtiera en ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De hecho, aún como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), su anterior cargo, ya planteaba que si los ingresos por cotizaciones sociales sólo se usan para abonar prestaciones por contingencias comunes, y no para otras políticas sociales que deberían asumirse vía Presupuestos Generales del Estado, se podrían corregir hasta dos puntos del déficit de la Seguridad Social.

Asimismo, indicaba que determinados "subsidios cruzados" tendrían que financiarse vía impuestos con las cuentas públicas, junto a costes administrativos del funcionamiento del sistema de la Seguridad Social, con un coste aproximado de 4.000 millones de euros. "Si lo trasladamos, no habría déficit y estaría en situación de equilibrio o ligero superávit", afirmaba, insistiendo en la necesidad de "desviar el centro del problema y llevarlo donde están las palancas de actuación", a través de un trasvase de los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado.

La ministra portavoz y de Hacienda María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: Europa Press)

Reclamación de los sindicatos

Esta medida también es una de las reclamaciones de los sindicatos. “La Seguridad Social lleva muchos años pagando lo que no debe y sin cobrar lo que debe. Y si por un lado le sobran ingresos por cotizaciones (desempleo), ha de compensar con ello las que en otra prestación le faltan”, comentaban recientemente en un foro los expertos en pensiones de UGT (@UGT_Comunica), Antonio González, y de Comisiones Obreras (@CCOO), Carlos Bravo (@carlosbravofdez). El déficit de la Seguridad Social ronda actualmente los 18.000 millones anuales. 

"Arreglar las cuentas pendientes de la Seguridad Social liberaría unos 16.500 millones de euros, con lo que prácticamente se eliminaría el déficit", cuantificaba González. Este experto aseguraba que existe un excedente de 8.700 millones de euros de ingresos por cotizaciones en el sistema de desempleo, que en su opinión deberían destinarse a sufragar las pensiones. Además, entre los gastos actuales de la Seguridad Social, “habría que sacar del sistema unos 4.000 millones que se pagan por el mantenimiento de la Seguridad Social, otros 2.000 millones que dedican a políticas de empleo y otros 1.500 millones de gastos impropios". En total, estos conceptos suman "unos 16.500 millones de euros con los que eliminar el déficit de la Seguridad Social", resumía Antonio González, que además es miembro del Consejo Económico y Social.

Cuadro de previsiones macroeconómicas

La nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023 aprobada este martes por el Gobierno recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura. Además, ha dado 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', con un alza del 3,8%, hasta los 127.609 millones, como paso previo a los Presupuestos de 2020, que espera aprobar a lo largo del verano.

María Jesús Montero ha destacado que el techo de gasto es "bastante razonable" para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y a su vez permitirá "imprimir" a los Presupuestos las "señas de identidad" del actual Gobierno de coalición. Este nuevo límite de gasto no financiero se ha elaborado sobre la base de la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018, asumiendo los gastos asumidos el pasado ejercicio, y es inferior al que se intentó aprobar en 2019, que contemplaba un alza del 4,4%, debido a la desaceleración económica, según ha explicado Montero. Y es que el nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo ha reducido en dos décimas la previsión de crecimiento de este año, hasta el 1,6%, que fundamentan la nueva senda de estabilidad presupuestaria.

Además, ha señalado que el techo de gasto se ha configurado teniendo en cuenta los ingresos esperados por las nuevas figuras fiscales que van a iniciar su tramitación "en breve", como la 'tasa Google', la 'tasa Tobin' o nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, sobre las que ha aclarado que no tendrán efecto retroactivo y con la "línea roja" de no afectar a la clase media y trabajadora. En este sentido, ha insistido en que la capacidad de gasto será inferior a la proyectada en el proyecto de PGE fallido de 2019, la nueva senda está adaptada a la nueva realidad económica y se contemplan los ingresos que se lograrán con los nuevos impuestos.

 Presupuestos para "antes del verano"

Montero ha subrayado que, gracias a este nuevo techo de gasto, España avanzará en los principales objetivos del Ejecutivo: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y "revitalización" del Estado de Bienestar. La ministra ha expresado su confianza en que las Cortes den el visto bueno al techo de gasto para que España pueda tener este año los Presupuestos "que merece" y que son "urgentes". La idea del Gobierno, ha precisado, es aprobar los Presupuestos a lo largo del verano, por lo que se llevarán al Congreso "lo antes posible" para iniciar su recorrido.

Por administraciones, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que Montero ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado. Para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. No obstante, Montero ha precisado que no es descartable que a lo largo de los "próximos meses" se pueda acometer una variación en el cómputo de los déficit entre el Estado y la Seguridad Social, debido al traslado anteriormente citado de gastos de la Seguridad Social al Estado.

En cuanto a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, con lo que se da más flexibilidad para el cumplimiento. En el caso de las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) de este lunes ya se trasladó a los ayuntamientos el objetivo de déficit cero para el periodo, aunque ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.

Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,7% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%. Las ratios de deuda previstas para el Estado y la Seguridad Social son del 69,2% del PIB este año, el 68,6% en 2021, el 67,7% en 2022 y el 66,6% el último año de la legislatura. En el caso de las comunidades, los objetivos de deuda son el 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.