Francia 'abre el melón': las pensiones más altas podrían no subir con la inflación en 2027
Ministros y diputados sugieren desindexar las pensiones del IPC, que suban menos o congelar algunas
El Gobierno francés estaría barajando plantear una desindexación parcial de las pensiones de cara a los Presupuestos Generales de 2027. Esta medida, que el propio ministro de Economía, Roland Lescure, ha defendido en una entrevista con el diario Liberation, consistiría en congelar o moderar la subida del IPC de las pensiones más elevadas (se debaten umbrales de 3.000 euros mensuales) con el fin de sanear las cuentas de una Seguridad Social que arrastra un grave déficit estructural.
Según datos publicados este lunes en el país vecino (Renseignement Économique), el déficit de la Seguridad Social francesa alcanzó en 2025 los 21.600 millones de euros. Se estima que el gasto en pensiones aumentará en 12.000 millones en 2027, debiéndose casi la mitad de esta subida (alrededor de 6.000 millones) a la indexación automática al IPC.
Más en detalle, según las previsiones de la Seguridad Social francesa, las pensiones aumentarán de cuantía el 1,6% en 2027, según la regla de indexación automática con el dato de inflación. Sin embargo, de materializarse la idea avanzada por el ministro Lescure, no todas las pensiones subirían en la misma proporción y las más elevadas no experimentarían ningún incremento.
Aunque no existe una decisión por parte del Ministerio, ni se ha fijado un umbral definitivo, y el presupuesto de Francia para 2027 no se presentará ante los parlamentarios hasta el otoño, la polémica está servida, incluso entre quienes señalan que podría tratarse de un globo sonda del Ministerio de Economía.
La vuelta de una idea polémica: congelar las pensiones altas
El Ministerio de Economía y Finanzas (conocido como Bercy) plantea como hipótesis de trabajo suspender la revalorización de la inflación para las pensiones de jubilación que superen los 3.000 euros mensuales. Hay que recordar que, bajo el régimen actual, las pensiones francesas se reajustan de manera periódica según el IPC, para preservar el poder adquisitivo.
Además del ministro Lescure, también David Amiel, ministro de Acción y Cuentas Públicas, ve necesario abrir el debate sobre las actualizaciones automáticas de las partidas de gasto.
El intento de congelar las pensiones más altas no es nuevo: esta medida ya fue debatida e incluso llegó a presentarse como enmienda a los Presupuestos de Francia de los años 2025 y 2026 antes de ser finalmente descartada. La reactivación del debate se ha visto impulsada por un informe técnico entregado a mediados de julio por cuatro economistas encargados de proponer vías para equilibrar las cuentas públicas.
Se calcula que, con una inflación estimada del 2%, mantener la indexación total para todas las jubilaciones tendría un coste de 6.000 millones de euros para las finanzas públicas francesas. La aplicación de la congelación parcial de las pensiones permitiría generar un ahorro cercano a los 3.000 millones de euros anuales.
Sobre este mismo asunto, el diputado Daniel Labaronne (vicepresidente de la comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional) propone un esquema de desindexación progresiva, aplicable a la mitad de los jubilados con mayores recursos. Según los cálculos de Labaronne, esta fórmula reportaría entre 2.500 y 3.000 millones de euros de ahorro en un año. Plantea además que el mecanismo no considere únicamente el importe de la pensión nominal, sino que incorpore el "ingreso fiscal de referencia" del hogar.
El argumento de Labaronne es que la situación de un jubilado con una pensión de 1.700 euros que no posee patrimonio es sustancialmente distinta a la de otro que, además de su retiro, percibe rentas adicionales por propiedades inmobiliarias o inversiones financieras. Las pensiones que queden por debajo del límite continuarían revalorizándose con la inflación.
La CGT se opone rotundamente y anuncia movilizaciones
Tal como ha confirmado el sindicato CGT francés en respuesta a 65YMÁS, se opondrá rotundamente: "Es un no", subrayan, frente a la propuesta del Gobierno de limitar la indexación de las pensiones frente a la inflación para los jubilados que el Ejecutivo considera acomodados. Denuncia que sería un recorte real para la mayoría de jubilados; sostiene que supondría una bajada directa de las pensiones y critica que, bajo la excusa de dirigirse a "las más altas", perjudicaría a cualquier jubilación por encima de la media.
Asimismo, la CGT acusa al Gobierno de querer "vaciar los bolsillos" de asalariados y jubilados, "en lugar de frenar la entrega de ayudas sin contrapartida a las grandes corporaciones".
En un comunicado lanzado este lunes, el sindicato galo plantea propuestas alternativas de financiación: "La congelación de pensiones o los recortes en servicios públicos no solucionarán el déficit del Estado. Para llenar las arcas de la Seguridad Social, exigimos poner fin a las exoneraciones y exenciones de las cotizaciones empresariales".
Frente a los planes de ajuste, la CGT reclama una redistribución de la riqueza que incluya restablecer la jubilación a los 60 años, anular la reforma de pensiones de 2023, reducir la brecha de género (las mujeres perciben un 36% menos de pensión que los hombres) y elevar el importe de las jubilaciones, cuya media se sitúa en 1.705 euros brutos.
Amplio rechazo a que las pensiones pierdan el IPC
La idea, lanzada y confirmada por el ministro Lescure, de abrir el melón de un posible recorte de derechos de revalorización a ciertas pensiones, es polémica y levanta una gran polvareda de sensibilidades políticas.
Tal como detalla el portal de previsión social Previssima, este tipo de medidas de congelación de las pensiones ya provocaron en el pasado una fuerte contestación social y parlamentaria (como los planes fallidos de Michel Barnier o François Bayrou), contribuyendo en parte a desatar la inestabilidad de los gabinetes gubernamentales que las plantearon.
Asimismo, los detractores de esta propuesta señalan el impacto acumulativo de la congelación: la congelación o desindexación durante un año no supondría tan solo una pérdida puntual; al no aplicarse la revalorización (proyectada en un 1,6% en base a la inflación), el jubilado arrastraría una base de cálculo de pensión más baja para el resto de su vida. Según un análisis de Senior Actu, para una pensión media de 1.705 euros brutos/mes, esto equivaldría a dejar de percibir unos 327 euros al año, acumulando una pérdida de más de 3.200 euros en una década.
En paralelo a este debate político y a las reacciones en los medios de comunicación y en las calles francesas, el Ministerio de Economía y Finanzas remitirá su propuesta definitiva al primer ministro a finales de agosto. Tras los correspondientes debates, el Ejecutivo presentará su proyecto de presupuestos para 2027 ante el Parlamento francés el próximo 30 de septiembre, de forma oficial.
El Parlamento ya suspendió otros intentos de recortes
Este nuevo intento de endurecer y recortar la jubilación en Francia no es nuevo. De hecho, en diciembre de 2025, el Parlamento francés suspendió la dura reforma impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, y el Gobierno tuvo que ceder ante la oposición socialista. Tras semanas de sucederse huelgas generales y protestas en las calles, el Ejecutivo decidió posponer a principios de 2029 el retraso de la edad general de jubilación a 64 años, y retiró la pretendida ampliación del periodo de cotización, que se mantiene en 170 trimestres.
En la actualidad, la edad legal de jubilación en Francia varía de acuerdo con la fecha de nacimiento; por ejemplo, es de 62 años para nacidos entre 1955 y el 31 de agosto de 1961. Para las generaciones siguientes, la edad de retiro va aumentando en 3 meses cada año.
