Ofensiva de BNG y EH Bildu para acelerar la despenalización de pensión en largas carreras

En los últimos días, varias iniciativas parlamentarias han urgido a acelerar la despenalización de la pensión cuando la persona haya cotizado 40 o más años a la Seguridad Social. Unos recortes que afectan a casi 900.000 jubilados anticipados, cuyos intereses defiende la asociación Asjubi40 (@asjubi40) desde hace una década.

Una de las acciones parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG), cuyo diputado Néstor Rego (@NestorRego) registró el pasado 7 de abril una ofensiva documental en el Congreso de los Diputados para exigir al Ejecutivo que elimine definitivamente los coeficientes reductores en estas jubilaciones. Su objetivo es forzar al Gobierno a cumplir con el mandato derivado de la moción aprobada en noviembre de 2025.

La acción del BNG se suma al apoyo previo de formaciones como Podemos, artífice de la moción original, y de Sumar, quienes también han presionado recientemente para fiscalizar el cumplimiento de este mandato.

Asjubi40 celebra el "escrutinio a la parálisis del Gobierno"

Mediante 3 preguntas parlamentarias clave, "el BNG somete a escrutinio la parálisis del Gobierno ante nuestras demandas", explican fuentes de Asjubi40, que celebra la reactivación de su reivindicación en el Parlamento.

El Bloque Nacionalista Galego interroga al Gobierno sobre estas cuestiones: 

- Fechas concretas (Iniciativa 109018). El partido exige conocer el cronograma exacto previsto para eliminar las penalizaciones, advirtiendo de que "ya no valen las buenas palabras en los pasillos" y se requieren plazos reales.

- Coste real y beneficiarios (Iniciativa 109019). Para evitar que se utilicen "cifras infladas", el BNG reclama que se hagan públicos los datos técnicos, solicitando una estimación actualizada y exacta de cuántos pensionistas se verían beneficiados y cuál sería el coste real de aplicar la medida.

- Estado de tramitación (Iniciativa 109020). El partido nacionalista exige saber en qué fase se encuentran las medidas y qué ha hecho concretamente el Gobierno para acatar la orden del Congreso, recordando que un mandato parlamentario "no es un adorno, es una orden del pueblo" .

 

Radio @asjubi40:
Preguntas del BNG @obloque al Gobierno - Moción de ASJUBI40.
Desgranamos la reciente ofensiva de Néstor Rego @NestorRego (BNG) @obloque en el Congreso @Congreso_Es

🧵https://t.co/5HSYTwhozY

— Asjubi40 (@asjubi40) April 12, 2026

BNG exige saber el coste de suprimir los coeficientes reductores

"Frente a las habituales excusas del Gobierno sobre el elevado coste de despenalizar la pensión en largas carreras, el BNG ha utilizado los propios datos oficiales de la ministra de Seguridad Social para evidenciar la viabilidad del reclamo: "El sistema cuenta con un superávit de más de 3.172 millones de euros hasta febrero de 2026", exponen desde Asjubi40.

Además, señalan que el Fondo de Reserva rozará los 14.000 millones este año, lo que les sirve de argumento para subrayar que "el BNG y Néstor Rego acorralan al Gobierno porque demuestran que subsanar esta injusticia histórica es una cuestión de prioridades políticas, no de falta de fondos".

Desde la plataforma Asjubi40 celebran esta iniciativa parlamentaria, calificándola de "pinza política que pone al gobierno contra las cuerdas".

EH Bildu también interroga al Gobierno 

La segunda iniciativa parlamentaria la ha lanzado Oskar Matute (@OskarMatute), diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, con varias "preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta por escrito".

Recuerda que el pasado 13 de noviembre de 2025, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción consecuencia de interpelación urgente relativa a los planes del Gobierno para facilitar la jubilación de trabajadores y trabajadoras con más de 40 años cotizados sin penalización. El texto aprobado instaba al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante 40 años en su jubilación actual o cuando accedan a la misma.

En su escrito, Matute detalla que, según el informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social tiene un superávit de más de 3.172 millones hasta febrero tras ingresar un 7,8% más por cuotas, "lo que sugiere que hay recursos disponibles para abordar la eliminación de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada".

Ante la ausencia de avances legislativos tangibles, Bildu realiza las siguientes preguntas:

- ¿Piensan desarrollar la ley correspondiente para eliminar estos coeficientes reductores?

- ¿En qué fase de tramitación se encuentran dichas medidas y cuál es el cronograma previsto para su entrada en vigor?

- ¿Tiene el Gobierno una estimación actualizada del número total de pensionistas que se beneficiarán de la eliminación de estos coeficientes reductores tras la aprobación de la moción y el coste económico de la aplicación de esa ley?

Otra denuncia ante el Defensor del Pueblo 

Asjubi40 también acaba de denunciar ante el Defensor del Pueblo el "bloqueo arbitrario por parte del Gobierno y del Parlamento a nuestra justa reivindicación". Ha registrado dos quejas ante la institución, que dirige Ángel Gabilondo: una sobre la Proposición de Ley de jubilación sin penalización (122/000105), que tras pasar todos los trámites legales en el Congreso "continúa metida en el congelador"; y una segunda queja en la que critican la "parálisis del Gobierno tras haberse aprobado, en noviembre de 2025, una moción parlamentaria para despenalizar la jubilación anticipada en largas carreras".

Tal como detalla Manuel Barrera, secretario de esta asociación, este trámite lleva interrumpido de facto casi dos años, "debido a la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar el plazo semanalmente, impidiendo que la ley avance hacia su debate en Comisión y su votación final en el Pleno". A su juicio, esta inacción no obedece a ninguna "necesidad técnica real", sino que constituye un "uso arbitrario de las facultades de la Mesa del Congreso".

Asjubi40 argumenta que "este bloqueo continuado vulnera el principio de eficacia parlamentaria y el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución".