Asjubi40 denuncia ante el Defensor del Pueblo el "bloqueo" de la ley para despenalizar su pensión

Casi dos años después de que Podemos presentara una Proposición de Ley para suprimir los recortes de pensión cuando la persona haya cotizado 40 o más años, la asociación que defiende a los casi 900.000 jubilados afectados, Asjubi40 (@asjubi40), acaba de denunciar ante el Defensor del Pueblo el "bloqueo arbitrario por parte del Gobierno y del Parlamento a nuestra justa reivindicación".

La asociación ha registrado dos quejas ante la institución, que dirige Ángel Gabilondo: una sobre la citada Proposición de Ley de jubilación sin penalización (122/000105), que tras pasar todos los trámites legales en el Congreso "continúa metida en el congelador"; y una segunda queja en la que critican la "parálisis del Gobierno tras haberse aprobado, en noviembre de 2025, una moción parlamentaria para despenalizar la jubilación anticipada en largas carreras".

"Insólita demora de casi dos años en el plazo de enmiendas"

Más en detalle, Asjubi40 expone ante el Defensor del Pueblo que, a pesar de que el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la propuesta de Podemos, el texto se encuentra atascado en la fase de presentación de enmiendas.

Según explica Manuel Barrera, secretario de esta asociación, este trámite lleva interrumpido de facto casi dos años, "debido a la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar el plazo semanalmente, impidiendo que la ley avance hacia su debate en Comisión y su votación final en el Pleno". A su juicio, esta inacción no obedece a ninguna "necesidad técnica real", sino que constituye un "uso arbitrario de las facultades de la Mesa del Congreso".

En el escrito remitido al Defensor del Pueblo, Asjubi40 argumenta que "este bloqueo continuado vulnera el principio de eficacia parlamentaria y el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española".

Para reforzar su queja, recuerda jurisprudencia clave: el Tribunal Constitucional (en su Sentencia 115/2019) ya advirtió que la prórroga sistemática de plazos por parte de la Mesa del Congreso, cuando carece de una motivación que justifique la imposibilidad de finalizar el trámite, puede lesionar los derechos de los diputados y de los ciudadanos a que las leyes se tramiten en un tiempo razonable.

Ante esta situación de bloqueo institucional, Asjubi40 solicita al Defensor del Pueblo que inicie actuaciones urgentes ante la Mesa del Congreso para exigir dos medidas concretas:

- Pedir explicaciones y reclamar información sobre los motivos técnicos reales que justifican "esta insólita demora de casi dos años en el plazo de enmiendas".

- Desbloqueo inmediato, recomendando a la Mesa que reactive de inmediato los trámites parlamentarios (informe de la Ponencia, Dictamen de Comisión y debate en Pleno) para que, de una vez por todas, "la voluntad popular expresada en la toma en consideración sea respetada".

"El Consejo de Ministros frena cualquier tipo de avance legislativo"

La segunda queja formal de Asjubi40 ante el Defensor del Pueblo pone de relieve el incumplimiento de un mandato parlamentario (13 de noviembre de 2025) y la paralización por parte del Gobierno de la eliminación de los coeficientes reductores (tal como votó, por unanimidad, el Pleno del Congreso en la citada fecha).

"Esta moción salió adelante con 180 votos a favor, contando con el respaldo de los propios partidos que integran el Gobierno de coalición. A pesar de este apoyo explícito en la Cámara, el Consejo de Ministros ha frenado cualquier tipo de avance legislativo", recuerda Manuel Barrera, que califica de "incoherencia y arbitrariedad" que el Ejecutivo vote a favor de una reforma en sede parlamentaria para luego paralizarla, argumentando que esta conducta "es inasumible" y vulnera el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Asjubi40 pone en valor que "ya no se trata de una simple petición ciudadana para subsanar una injusticia contra quienes sostuvieron el sistema durante cuatro décadas, sino que existe un mandato directo del Congreso que el Gobierno está desoyendo de forma sistemática y deliberada", denuncian ante el Defensor del Pueblo.

Asimismo, el colectivo de pensionistas advierte de que no aceptará que la inacción se justifique con excusas técnicas, "como intentar derivar nuevamente el asunto a la Secretaría de Estado de Seguridad Social o al Pacto de Toledo". Consideran que el debate político ya quedó resuelto con firmeza y unanimidad en noviembre, por lo que "la falta de ejecución supone una vulneración del respeto a la soberanía nacional que representan las Cortes".

Frente a este bloqueo, la asociación exige al Defensor del Pueblo, en su papel de garante de los derechos ciudadanos, que "no se limite a realizar un simple traslado burocrático de la queja al Ministerio correspondiente", sino que de un paso más e intervenga de forma directa ante el Gobierno de España para reclamar una "explicación motivada" por este incumplimiento.