El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), a través de miembros del colectivo en Vitoria-Gasteiz, ha registrado formalmente una petición en la sede del Gobierno vasco (la Lehendakaritza), en la que instan al Ejecutivo autonómico a complementar las pensiones más bajas de la comunidad hasta equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Como culminación de varias jornadas de movilización y reivindicación, los jubilados de esta plataforma han realizado una marcha (desde la céntrica Plaza Nueva de la capital alavesa) hasta llegar a la sede del Gobierno de la comunidad autónoma. 

Los representantes del MPEH califican esta nueva acción de protesta como una continuación natural y "complemento a la importante manifestación" que recorrió Vitoria-Gasteiz el pasado 7 de mayo. En el manifiesto entregado este lunes, detallan que el lehendakari debe asumir su responsabilidad política y social, desplegando sin más demora "las iniciativas y las medidas necesarias para garantizar que las personas pensionistas que perciben pensiones mínimas de la Seguridad Social reciban unos ingresos equivalentes al SMI neto vigente" .

Critican el bloqueo de la iniciativa legislativa popular

Los miembros del MPEH subrayan que la decisión de acudir a la herramienta legal de la petición no es un capricho, sino que surge como respuesta directa al bloqueo político que sufrió recientemente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada por el movimiento pensionista.

Según denuncian, a pesar de contar con "el máximo respaldo sindical y social" y de estar avalada por las firmas de 145.142 personas, la iniciativa popular fue "inadmitida y despreciada". Los pensionistas señalan directamente que la propuesta fue "vetada por PSE, PNV y VOX para que no se pudiera debatir en el Parlamento".

Ante un escenario que describen como "cerrazón institucional", el colectivo ha decidido ampararse en el marco legal vigente, concretamente apelando a la Ley 10/2016, la cual establece que una iniciativa legislativa inadmitida puede ser reconducida y "presentada como petición".

Los jubilados participantes en esta movilización han recordado a las administraciones que el derecho de petición es un "derecho fundamental amparado en el art. 29 de la CE", que además se encuentra regulado tanto por la Ley Orgánica estatal 4/2001 como por la Ley 3/2022 del Sector Público Vasco. 

"Numerosos pensionistas malviven por la inflación desbocada"

Para el movimiento de pensionistas vascos, la exigencia de complementar las pensiones mínimas no es solo una cuestión de justicia social teórica, sino de "urgente" supervivencia. Cree "inaceptable que el Gobierno Vasco y los partidos que lo apoyan sigan mirando para otro lado", en tanto existe un amplio sector de pensionistas que "malviven en una comunidad donde el coste de la vida está disparado".

El documento entregado en la Lehendakaritza hace especial hincapié en el impacto de la inflación, un encarecimiento de la vida que se ve agravado por las "guerras imperialistas que denunciamos y rechazamos". Advierte asimismo de la situación límite en la cesta de la compra, donde productos esenciales y básicos como el "aceite, huevos, frutas o verduras lideran subidas que superan el 40%".

Un drama cotidiano al que se suma, exponen estos jubilados, el coste de suministros imprescindibles como "la luz, el gas, la vivienda o la dependencia", que también "están por las nubes".

Brecha de género 

Uno de los ejes vertebradores de la petición registrada en el Gobierno vasco es la perspectiva de género y la protección de las mujeres mayores.

La sociedad tiene que saber que las pensiones más bajas las perciben fundamentalmente las mujeres", consecuencia directa de décadas de "discriminación laboral y dedicación a tareas de cuidados que no fueron cubiertas por las administraciones públicas", critican desde el MPEH.

En este contexto, denuncian el actual modelo de ayudas sociales autonómicas, que "además de insuficientes", obligan a integrar a la mujer dentro de una "unidad de convivencia", lo que en la práctica termina "excluyéndola de las ayudas y haciéndola depender económicamente de otras personas". Esta categorización administrativa, sostienen, hace que se vulneren "las leyes en contra de la discriminación de la mujer", perpetuando una "brecha de género, que en las pensiones es superior al 30%" .

Próximos pasos: cuenta atrás de tres meses

Con el registro formal del documento, el Gobierno Vasco "dispone legalmente de 3 meses para contestarla". Desde la plataforma pensionista advierten de que van a "luchar para que lo haga positivamente, porque las y los perceptores de prestaciones más precarias lo necesitan".

En paralelo, el MPEH mantiene la mirada puesta en el poder legislativo. Sigue esperando que la Mesa del Parlamento Vasco confirme "cuándo vamos a poder comparecer en las Comisiones de Gobernanza, Economía e Igualdad", recordando a la clase política que "hay necesidades que no pueden esperar".