La reforma de las pensiones desata una cascada de prejubilaciones de funcionarios

El Gobierno parece decidido a acabar frenar las jubilaciones anticipadas en las empresas a través de la aprobación de desincentivos, pero ¿qué pasa con las que se producen entre los funcionarios? La Covid, la incertidumbre creada por la reforma de las pensiones que planea el ministro José Luis Escrivá y una plantilla pública sumamente envejecida parecen haberse combinado como un cóctel perfecto que ha provocado una auténtica oleada de jubilaciones antes de tiempo entre muchos funcionarios en 2020, tal como confirman sindicatos y el propio Ejecutivo.

Es el caso de Isabel, Jesús o Carmen, que ante el "hartazgo por tanto cambio", en medio de una pandemia y tras tantos años de trabajo, decidieron pedir la jubilación antes de la edad ordinaria de jubilación fijada en los 65 años durante el año pasado. "A todo ello se suman razones personales, claro, pero también el hecho de querer aprovechar el tiempo en plenitud ahora que aún estamos bien. Había además rumores sobre que podría haber cambios que nos afectasen. Eran quebraderos de cabeza que no quería tener", señala Carmen. 

Un 26% más que en 2019

Pero no han sido ni uno, ni dos, sino que solo en el régimen de Clases Pasivas del Estado –al que pertenecen personal militar y muchos de los funcionarios de la Administración General del Estado – más de 10.300 empleados públicos decidieron jubilarse anticipadamente en el segundo semestre de 2020 a los 60 años de edad, lo que supone un 26% más frente al año anterior. Así lo confirma una respuesta parlamentaria emitida por el Gobierno el pasado marzo ante una pregunta sobre el tema del Partido Popular.

La mayoría, más de 8.000 jubilaciones, se registraron en el sector educativo, mientras que 263 las protagonizaron funcionarios de Justicia, y 32 se circunscriben al ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (12 en la Policía, 11 en las Fuerzas Armadas y 9 en la Guardia Civil). Con todo, donde más creció fue entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Justicia (un 97%). 

Y un dato curioso, el Ministerio de Seguridad Social -que gestiona el autor de la reforma, José Luis Escrivá–, registró 119 jubilaciones anticipadas en el último trimestre de 2020, lo que supone un 240% más que en el mismo periodo del año anterior, según publica el diario La Información.

Las razones detrás de la "desbandada"

Según explica uno de los sindicatos mayoritarios que representa a los funcionarios, CSIF (@CSIFnacional), "el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión por la reforma que planea el Gobierno en materia de pensiones" están detrás de esta "oleada" de jubilaciones anticipadas entre los trabajadores públicos. El sindicato añade que, en su opinión,  la incertidumbre generada por el traspaso de la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social durante el confinamiento – que antes pertenecía a Hacienda– y que ha sido anulado este viernes por el Tribunal Constitucional, ha podido influir ante el miedo de que perder derechos.

También la edad de la plantilla ha podido tener mucho que ver. "Gran parte de la plantilla de funcionarios, tanto de Clases Pasivas como de otros regímenes pertenecen a la generación del babyboom y está alrededor de los 55- 60 años por lo que no es de extrañar, que haya más gente que se haya acogido a esta modalidad en tiempos de incertidumbre", opina José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO (@FSCdeCCOO) en la Administración General del Estado. Un dato que se ver reforzado por el hecho de que régimen de Clases Pasivas no tiene coeficientes penalizadores una vez que se cumplen cierta edad y requisitos.

Clases pasivas, se pueden jubilar antes con el máximo de la pensión

En efecto, las personas que trabajan para la Administración Pública tienen la opción de terminar unos años antes su vida laboral. En el caso de las Clases Pasivas, que es un régimen en extinción que solo integra a aquellos funcionarios que estaban en activo antes del 1 de enero de 2011, tiene la posibilidad de jubilarse voluntariamente cuando cumpla 60 años, siempre y cuando haya cotizado 30 años al servicio de la Administración, recibiendo el 100% de la pensión a diferencia de lo que ocurre en el régimen de la Seguridad Social para la mayoría de los trabajadores.

En marzo el número de pensiones para este régimen llegaban a 668.759, según datos de Seguridad Social, con un total de 11.500 altas en el primer trimestre de 2021. La nómina mensual de estas pensiones ascendió en dicho mes a 1.216,3 millones de euros, un 4,7% más que en marzo del año pasado. Una tendencia, que aunque solo tenga datos actualizados de este régimen, todo apunta a que se repite en el resto del cuerpo de funcionarios públicos del Estado y donde cerca de la mitad de los trabajadores tienen más de 50 años.