Pensiones

USO: "España no llegará a igualar el gasto europeo en pensiones hasta 2045"

65ymás

Viernes 23 de octubre de 2020

1 minuto

Recuerda que el gasto en pensiones sobre el PIB permanece invariable desde 2013

Estudian recortar bonificaciones de los planes de pensiones y modificar los tipos reducidos del IVA
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Viernes 23 de octubre de 2020

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USO (@USOConfe) ha recordado que el gasto en pensiones es del 10,8% del PIB en España y que este permanece invariable desde 2013, según ha señalado en un informe realizado por el gabinete de estudios del sindicato.

Así, la organización sindical ha hecho hincapié en la necesidad de que haya voluntad política para garantizar esta prestación, que se mantenga su poder adquisitivo y se configure el acceso a las pensiones entre los derechos fundamentales que recoge la Constitución.

Para USO, es esencial garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones bajo los principios de solidaridad, reparto y universalidad, "con expreso rechazo a la imposición de planes de pensiones privados", y también que se lleve a cabo una reforma en profundidad de las políticas económicas y sociales, porque "lo que sostiene toda la protección social de un país es el empleo".

En concreto, el sindicato considera que la cuestión de fondo a analizar no es ya el derecho a percibir una pensión, sino que, en el futuro, "debe asegurarse no solo la sostenibilidad, sino también la suficiencia de las futuras pensiones".

En su estudio, USO ha puesto de relieve que la Unión Europea dedica, como media, el 12,4% del PIB a pagar pensiones. Para el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez, "esto deja claro que financiar la partida es una cuestión de voluntad política".

"Pedimos que no se hable de que el sistema no es sostenible, puesto que el peso del gasto no ha variado. Nadie se cuestionó cómo iba a financiarse la reforma de la Constitución que blindaba el pago de la deuda, por lo tanto insistimos en que se blinden las pensiones y se introduzcan en el capítulo de Derechos Fundamentales. Y lo hacemos con cifras sobre la mesa, no con discursos vacíos", ha remarcado.

Según el sindicato, que tiene en cuenta las previsiones comunitarias, España no llegará a igualar el gasto europeo en pensiones hasta 2045.

Pérez ha recordado que el sistema tuvo superávit hasta 2009 y que fue en 2010 y 2011, y especialmente desde 2012, "con el hachazo del paro", cuando un menor número de cotizaciones para sostener las pensiones las hacen incurrir en déficit. "El sistema estaba más que equilibrado, pero en 2019 aún había 800.000 ocupados menos que en 2007 y buena parte de los ocupados tenían peores cotizaciones que entonces", ha resaltado, tras insistir en que se deben volcar todos los esfuerzos en recuperar el empleo.

El sindicato ha señalado que teme que "cale" el discurso de la inviabilidad de las pensiones y se ceda en un cambio "perverso" realmente para el sistema: la obligatoriedad de las aportaciones a los planes de pensiones de empleo.

"Las aportaciones a planes privados deben ser libres y voluntarias, una forma de inversión o ahorro tan legítima como cualquier otra para quienes deseen tenerla. Estos planes no refuerzan, sino que ponen en riesgo el sistema público de pensiones, ya que merma las nóminas de los trabajadores y desvía ingresos al sistema", ha apostillado Pérez.

Menos de 700 euros de pensión

El informe también recuerda que las pensiones han perdido el 4,2% de su poder adquisitivo y que la pensión más común está entre los 600 y los 700 euros. De hecho, señala que la inmensa mayoría de los jubilados perciben una pensión inferior al salario mínimo (950 euros) y que son "muy pocos" los que perciben pensiones más altas.

En este sentido, USO ha pedido que se realice una revalorización "acelerada" de las pensiones más bajas para equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por último, el sindicato ha instado a que se fortalezca el sistema industrial de alto valor añadido. "Es invertir en el presente y el futuro del sistema", ha recalcado Pérez. El sindicato presentará este jueves las conclusiones de este estudio ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ante los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo.

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