La asistencia sanitaria de más de medio millón de militares, guardias civiles, jubilados de las Fuerzas Armadas y sus familiares afronta un periodo de incertidumbre. El concurso convocado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) para prestar atención médica a sus beneficiarios durante 2027 ha quedado desierto después de que las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa hayan decidido no presentar ofertas.

Ambas compañías, que actualmente se encargan de prestar asistencia sanitaria a través de este sistema, consideran que las condiciones económicas de la nueva licitación son insuficientes para garantizar la viabilidad del servicio. La falta de propuestas abre ahora la puerta a que la Administración tenga que revisar las condiciones del contrato o buscar una alternativa para garantizar la continuidad de la cobertura.

La situación recuerda a la vivida con Muface, la mutualidad de los funcionarios públicos, el año pasado. Entonces, la falta de ofertas hasta en dos ocasiones, obligó al Gobierno a revisar las condiciones económicas del concierto sanitario hasta conseguir que las aseguradoras aceptaran continuar prestando el servicio.

Cobertura para más de 530.000 personas

Isfas es una de las tres mutualidades públicas que permiten a determinados colectivos de funcionarios elegir entre recibir asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud o mediante entidades aseguradoras privadas concertadas. Las otras dos son Muface, que cubre a funcionarios de distintos ámbitos de la Administración, y Mugeju, destinada al personal de la Administración de Justicia.

A finales de 2025, Isfas contaba con 531.415 beneficiarios, entre militares en activo, retirados y familiares. Según los datos disponibles, alrededor del 90% de ellos había optado por la asistencia sanitaria privada, mientras que el resto recibía atención en la sanidad pública.

El concierto vigente corresponde al periodo 2025-2026 y finaliza el próximo 31 de diciembre. Por tanto, la falta de ofertas afecta a la contratación prevista para 2027. Las dos aseguradoras han señalado que mantienen sus obligaciones con los mutualistas mientras siga en vigor el actual acuerdo.

Las aseguradoras piden revisar las condiciones

Adeslas ha explicado que su decisión responde a criterios económicos y técnicos. La compañía considera que las previsiones de ingresos asociadas al nuevo sistema de primas no permiten alcanzar el equilibrio necesario para asumir el contrato.

Por su parte, Asisa sostiene que la financiación prevista es insuficiente para mantener la calidad asistencial y atender las exigencias recogidas en la licitación. La compañía ha reclamado a la Administración que replantee las condiciones económicas para hacer posible la continuidad del modelo.

La contratación contempla un presupuesto de 609 millones de euros para 2027. El concierto anterior, correspondiente a 2025 y 2026, ascendió a 1.201 millones de euros, distribuidos en 597 millones para el primer año y 603 millones para el segundo.

Uno de los elementos que condicionan el coste del servicio es el sistema de primas diferenciadas por edad de los asegurados. Este mecanismo, aplicado también en el concierto de Muface, tiene en cuenta el perfil de los beneficiarios para determinar la financiación de la asistencia sanitaria.

Nueva licitación o prórroga

El precedente de Muface apunta a dos posibles vías para resolver la situación: que la Administración convoque una nueva licitación con condiciones revisadas o que se acuerde una prórroga del concierto actual mientras se encuentra una solución. No obstante, la decisión sobre el futuro de la cobertura de Isfas está pendiente.

La situación también presenta diferencias respecto a la mutualidad de los funcionarios. La población protegida por Isfas está más dispersa geográficamente, debido a la distribución del personal militar por el territorio, lo que puede dificultar la organización y prestación de los servicios sanitarios.

Mientras se define el nuevo contrato, los beneficiarios deberán estar atentos a las decisiones que adopte la Administración para garantizar la continuidad de la asistencia a partir de 2027.

Por el momento, Adeslas y Asisa sí han presentado ofertas para continuar prestando asistencia sanitaria a través de Mugeju, la mutualidad del personal de Justicia, que agrupa a más de 90.000 personas. Ambas compañías consideran que, en ese caso, las condiciones permiten mantener el servicio.