Futuro de las pensiones

La reforma 'light' de las pensiones de Escrivá pospone medidas clave

Marta Jurado

Miércoles 30 de junio de 2021

ACTUALIZADO : Martes 24 de agosto de 2021 a las 9:38 H

9 minutos

Tramos para autónomos, factor intergeneracional o penalizaciones a las largas carreras, quedan fuera

Las reformas clave que Escrivá deja fuera del primer acuerdo de pensiones
Marta Jurado

Miércoles 30 de junio de 2021

9 minutos

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​Habemus primer acuerdo en pensiones: Estas son las pocas medidas clave aprobadas

 

El esperado primer bloque de la reforma de pensiones ha comenzado a dar sus pasos tras el principio de acuerdo alcanzado este lunes entre Gobierno y agentes sociales y la ratificación de la CEOE. Si todo va como se espera, en unos días esta primera pata de medidas que incluyen la revalorización de las pensiones respecto al IPC y el acercamiento de la edad real de jubilación a la legal a través de penalizaciones a la anticipada e incentivos a la demorada, se llevará al Congreso de los Diputados para su aprobación. Es más, está previsto que el próximo martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecerá ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para informar del contenido del anteproyecto. 

Pero tal como recuerdan los expertos consultados por 65YMÁS, ésta era la parte 'light' de los compromisos enviados a Bruselas en el Plan de Recuperación. Por delante queda la parte más dura de la negociación con los agentes sociales, que según el calendario del Ejecutivo trasladará la mayoría de las reformas de calado para 2022 y 2023. Entre ellas destacan los nuevos tramos de cotización de autónomos, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, el fomento de sistemas complementarios de pensiones, el destope las máximas o la aprobación de un nuevo factor intergeneracional. "No son asuntos sencillos", opina el economista José Antonio Herce (@_Herce), quien vaticina que la reforma real se jugará en los siguientes partidos.

Nueva fórmula de cotización para los autónomos

Uno de los puntos más espinosos de la negociación ha sido el que afecta a la cotización de los autónomos. Si bien el texto del anteproyecto ha acordado  en la mesa del diálogo social la "implantación gradual de un nuevo sistema de cotización en el RETA", ha dejado sin resolver la nueva fórmula que se adoptará para acercar las cotizaciones de este colectivo a sus ingresos reales. Tal como explican fuentes del ministerio de Seguridad Social, esta medida ha quedado como una norma intermedia, entre el primer bloque y el segundo de la reforma, cuya aprobación está prevista para 2022. Por lo tanto, todavía habrá que esperar para saber cómo será su diseño, previsiblemente, por tramos.

Es más, según las mismas fuentes este mecanimoos se aprobará probablemente en el primer semestre de 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. "Cada tres años, se hará una revisión periódica en la que los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, junto con el Gobierno, podrán decidir la aceleración de este calendario", señala el texto. Aún así esta negociación no se prevé sencilla, ya que las asociaciones de autónomos como ATA (@autonomosata) o UPTA (@upta_es@upta_es) ya han mostrado su desacuerdo con la propuesta inicial de 13 tramos y aplicación en varios años.  

Aprobación de un nuevo factor intergeneracional

Uno de los puntos que más ampollas levanta es la falta de un mecanismo que sustituya al factor de sostenibilidad del PP que se derogará finalmente dentro de este primer paquete de medidas a petición de los sindicatos. Según los firmantes, existe un compromiso de diseñar en los próximos meses en nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, para noviembre de 2021. Sin embargo éste empezará a operar a partir de 2027, un asunto que preocupa a expertos como Pablo Sanz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE (@UCOMILLAS). "Dilartarlo tanto sería un problema, perder tiempo y efectividad durante todos estos años, justo cuando está prevista la llegada de los baby-boomers". 

Aún así, el ministerio de Seguridad Social defiende que el proceso de negociación "se abrirá inmediatamente después de la firma de este texto en el marco del diálogo social de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley". 

La polémica ampliación del periodo de cómputo de la pensión

También se pospone al último trimestre de 2022 la puesta en marcha del nuevo marco de "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo", que es como denomina el Ministerio de Seguridad Social la medida que promueve un alargamiento de ese periodo y que busca que "la pensión refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral con más interrupciones y lagunas, fortaleciendo la equidad y contributividad del sistema", según defiende el componente 30.

El Gobierno se plantea "ampliar y adecuar la realidad actual de las carreras profesionales, contemplando "la posibilidad de elección de los años a integrar por encima de los actuales", de manera progresiva. Un punto que debido a la polémica, finalmente no incluirá la ampliación del periodo de cómputo de 25 a 35 años. El objetivo, según el Gobierno es "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema" . 

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Despenalizar a los jubilados anticipadas con 40 años cotizados

Otro de los asuntos que inquieta ante la falta de información al respecto es qué ocurrirá con los coeficientes reductores a la jubilación anticipada de las largas carreras de cotización. "En el próximo acuerdo de las pensiones se está hablando de las jubilaciones anticipadas, pero no tenemos noticias de qué pasará con las penalizaciones que sufrimos los que tenemos más de 40 años cotizados y decidimos retirarnos antes de tiempo. Aún estamos esperando un estudio que el Gobierno se comprometió a entregarnos en el primer trimestre de este año", señala Santiago Menchero, portavoz de la asociación que reivindica la despenalización ASJUBI40 (@asjubi40​).

Preguntado por el tema en rueda de prensa, el ministro Escrivá declaró hace unas semanas que el asunto "no es en estos momentos el centro de nuestro trabajo" y asegura que su revisión se pospondrá a 2022. "Es algo que en nuestro calendario de trabajo está más pensado en el paquete de medidas que tienen que ver con las carreras profesionales y los periodos de cómputo, más pensando para el año que viene. Con todos los temas que tenemos que abordar en la Seguridad Social, este lo hemos pospuesto", insistía.

Fomento de planes de pensiones de empleo y creación de un superfondo

Otra medida que se ha retrasado y que probablemente irá encaminada a equilibrar el sistema en términos de recaudación en opinión de los expertos, son los nuevos incentivos fiscales a los planes de empleo frente a los individuales y la puesta en marcha de un superfondo público de empleo​. "Esto esconde una cifra gorda de recaudación. Será dinero prestado a futuro, pero a corto plazo generará un remanente para la tesorería", opina Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales​. Por su parte desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea) consideran que se debería apostar por un sistema de cuentas nocionales ligado a la masa salarial, "pero eso no se consigue de un día para otro". 

Según el documento enviado a Bruselas, el Gobierno prevé la aprobación de un "nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos" en el segundo trimestre de 2022. Pero habrá que ver si se cumplen estos plazos ya que el fomento de los sistemas de pensiones complementarios es considerado como un intento de privatización por parte de muchos pensionistas y los propios sindicatos.

Destope de las pensiones y subida de las mínimas

En un principio, el Ministerio había puesto sobre la mesa un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima, pero también de su cotización para "no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". Finalmente, este punto y su destope tendrá aún que debatir sus detalles en el próximo bloque con la mesa del diálogo social, ya que a Bruselas se ha enviado simplemente la promesa de "adecuación de la base máxima de cotización".

Por su parte los sindicatos y plataformas de pensionistas exigen que se suban también las pensiones mínimas, más allá de los que ocurre ya con la revalorización de las pensiones de jubilación o contributivas. Los agentes sociales reivindican, y de hecho ponen como una de las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre pensiones, que se incrementen las cuantías de las pensiones mínimas y no contributivas, que en muchos casos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y se haga como un compromiso por escrito para que se respete en los próximos años.

Sobre el autor:

Marta Jurado

Marta Jurado

Marta Jurado es periodista especializada en Sociedad, Economía, Cultura, Política y redactora en el diario digital 65Ymás desde sus inicios. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y en Filología Inglesa por la UNED, ha trabajado en medios de tirada nacional como El Mundo Público y las revistas Cambio16 y Energía16. Tiene además experiencia en comunicación corporativa de empresas e instituciones como BBVA o INJUVE.

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