Jueves 28 de mayo de 2020
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En el informe anual 2019, redactado por el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, y entregado a las cortes antes del estallido de la pandemia por coronavirus, este advertía de diferentes problemas que afectaban al funcionamiento que deben tener las residencias de mayores, entre otros muchos aspectos que criticaba el informe, quiero destacar algunos por la importancia y protagonismo que han alcanzado posteriormente en la crisis generada por el virus.
El primer aspecto a destacar es como el informe critica lo que llama “dispersión normativa” sobre las residencias de mayores en España, como sabemos las competencias se encuentran en manos de diferentes Administraciones según el lugar de que se trate, todo ello impide “lograr marcos comunes para gestionar el sector”. Esta “dispersión normativa” impide, por otro lado, “… el que puedan llevar a cabo (las distintas Administraciones) su función de vigilancia de forma eficaz…”. Y acaba exigiendo para resolver estos problemas una necesaria unificación de criterios y un aumento del número de inspecciones para realizar un seguimiento eficiente de la puesta en marcha de los planes de previsión.
El Defensor del Pueblo también refleja un “número insuficiente de plazas públicas y concertadas” para atender a los mayores y dependientes, y critica las “prolongadas” listas de espera para ver reconocida la situación de dependencia y recibir la prestación a la que tienen derecho. Por último, el Defensor del Pueblo reclama en su informe una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal en residencias de mayores. También pide una mejora de la cualificación de estos profesionales, mejoras salariales e incluso una mayor medicalización de los centros.
En definitiva, nada nuevo que nuestro colectivo no lleve años exigiendo y denunciando y que los diferentes Gobiernos, central y autonómicos, han desoído constantemente:
- Políticas comunes a todos los territorios.
- Inspecciones y planes de actuación.
- Más plazas públicas
- Acabar con las listas de espera
- Más personal, más formado y mejor retribuido
- Medicalización de los centros para mayores
Estas entre otras muchas son nuestras exigencias, reivindicaciones a resolver que están al alcance de todas las administraciones y que seguramente con la necesaria voluntad política su resolución no nos hubiera llevado al desastre causado por la pandemia.
Decía el historiador inglés A. Toynbee: “Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y comienza su decadencia cuando puede ocuparse de los detalles accesorios”.
Y definitivamente debemos darle la razón, las residencias para mayores continúan con sus problemas sin visos de encontrar un remedio y la pandemia por el coronavirus ha demostrado que la irresolución solo ha servido para incentivar la negligencia de nuestros gobernantes, centrales y autonómicos, convirtiendo las residencias en gigantes ataúdes, en espacios de muerte, sin atención, sin prevención y en soledad, sin duda no era esa la forma que ellos hubieran elegido para poner fin a sus días.
Pero no solo las personas mayores han sido víctimas de esta criminal negligencia, también y en la misma medida los trabajadores y cuidadores de las residencias, carentes de medidas de protección personal y sin la formación adecuada y los planes precisos de actuación en este tipo de situaciones. No podemos permitir que el 75% del sector residencial este en manos privadas y una parte importante del resto cogestionada.
Negligencia criminal que deberán afrontar ante los tribunales que los juzguen por la toma de decisiones políticas absolutamente economicistas, contrarias a las necesidades sanitarias que impedían la atención médica necesaria para continuar viviendo, decisiones que abocaban a las personas mayores hacia un único final: morir solos y olvidados.
No podemos volver a cometer los mismos errores, el capital, lo he repetido muchas veces, no tiene rostro humano, el capital solo entiende de retornos de la inversión, de la relación coste/beneficio y por tanto del incremento de beneficios abaratando costes, con estas premisas no son los más indicados para cuidar de nuestra salud, como la pandemia ha demostrado, es necesario exigir la nacionalización de todos los servicios sanitarios y educativos comunes. Es necesaria la gestión pública de los elementos estratégicos que conforman nuestro país: las políticas sociales, la dependencia, la sanidad, la educación, pero también el agua o la energía, no pueden ser gestionadas con eficacia y eficiencia por aquellos que solo ven un negocio en su administración.
Nuestro colectivo se ha querellado y continuaremos haciéndolo contra los responsables que han permitido estas criminales decisiones que han acabado, por su incompetencia, con la vida de miles de ciudadanos. Exigimos la reparación del daño que se ha hecho a este colectivo, a sus familias y a los trabajadores del sector.
Resuelvan lo real y olviden lo accesorio.
Anatolio Diez Merino es Secretario General de la UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.
