3,48 euros mensuales por una incapacidad del 40%

 

Constitución española (Artículo 49):

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

A la atención de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,

a Elma Saiz, ministra de Seguridad Social

y a la Jefatura del Estado (los Reyes Felipe VI y Leticia Ortíz)

Asunto: Queja formal sobre el reconocimiento de discapacidad y su impacto económico

Me dirijo a ustedes como ciudadano/a para trasladar mi profunda disconformidad e indignación ante la resolución recientemente emitida por la Seguridad Social, en la que se me reconoce un grado de discapacidad del 40%.

Si bien dicho reconocimiento podría entenderse como un avance en el plano administrativo, la realidad es que su impacto económico resulta, en mi caso, absolutamente insignificante. El incremento aplicado a mi pensión asciende ridículamente a 3,48 euros (debido únicamente a la rebaja del IRPF del 6,67% al 6,42%, lo que supone el 0,25% de disminución en el mencionado IRPF), una cantidad que considero claramente insuficiente y alejada de las necesidades reales que conlleva vivir con una discapacidad.

Esta situación genera una evidente sensación de desamparo, al percibir que el sistema reconoce una condición que afecta directamente a la calidad de vida, pero no la respalda con medidas económicas acordes. Resulta difícil comprender cómo un porcentaje de discapacidad reconocido oficialmente se traduce en una mejora prácticamente simbólica.

Considero que esta circunstancia no solo me afecta a nivel individual, sino que refleja un problema más amplio en el tratamiento de las personas con discapacidad dentro del sistema de protección social. Por ello, solicito que se revisen los criterios y mecanismos mediante los cuales se determinan las prestaciones económicas asociadas a estos reconocimientos, con el fin de garantizar una mayor justicia y coherencia.

Confío en que esta queja sirva al menos para poner de manifiesto una realidad que afecta a muchas personas y que merece ser atendida con mayor sensibilidad y compromiso institucional.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Mario Carlos Fraile Vergel.

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