Las cajas de ahorros fueron durante décadas uno de los motores del bienestar colectivo de España. No había pueblo que por pequeño que fuera estuviera sin oficina bancaria. Jurídicamente no eran bancos, sino fundaciones de interés público. No tenían accionistas, por lo que no había que repartir dividendos, pero sí estaban obligadas a revertir parte de sus beneficios en su obra social.

Gran parte de los que hoy somos jubilados, empezamos a trabajar con una libreta cuyo ingreso de 25 ptas. era aportada por la Caja de Ahorros del Sureste de España. La caja se expandía cada año cada vez más y las empresas, autónomos y gente corriente confiaba en ellas.

Su expansión fue tan enorme que se cambió el nombre por el de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Tenía oficinas y cajeros hasta en el más pequeño pueblo, donde daba servicio a las pequeñas tiendas y a jubilados.

Vino la crisis y el sistema colocó a políticos y empresarios a dirigir las cajas. Estos gestionaron las cajas en su propio beneficio y provecho: aumentos de sueldos, reparto de bonos, asignación de planes de pensiones millonarios, tarjetas black...

Había 45 cajas de ahorros que cubrían la totalidad de los pequeños pueblos en España, a exención de las cajas rurales. Todas ellas fueron cerradas o transformadas en bancos privados. Ello ha dejado una profunda huella entre los empresarios, pensionistas y pequeños ahorradores que confiaron en ellas y ahora se encuentran en la calle.

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