Cada vez resulta más complejo hacer la declaración de la renta. Ello implica tener que recurrir a un asesor fiscal para cumplimentarla. Como es lógico, este asesor percibe unos honorarios que no son deducibles en el IRPF y que, además, debe facturar con el correspondiente IVA del 21%, lo que incrementa el importe que debe pagar el contribuyente.

Este IVA supone un ingreso adicional para Hacienda. En consecuencia, cuanto más compleja sea la declaración, más asesores fiscales serán necesarios y mayor será la recaudación por este concepto.

A su vez, la Agencia Tributaria emite requerimientos y lleva a cabo actuaciones inspectoras que pueden durar años. Ante esto, el contribuyente no suele tener más opción que volver a contratar a un asesor fiscal para defenderse de cada una de dichas actuaciones, lo que implica nuevamente pagar unos honorarios gravados con el 21% de IVA que termina ingresándose en las arcas del Estado, incluso aunque el contribuyente tenga razón.

Estamos, pues, ante un negocio recurrente que, además, está en manos de quien tiene capacidad para hacerlo cada vez más complejo.

Sin olvidar que los inspectores de Hacienda tienen incentivos por recaudar.

Por ello, el que sean deducibles los gastos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales resulta una medida justa y necesaria. De lo contrario, el sistema puede percibirse como un negocio abusivo, calculado, promovido y recurrente.

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