Por unos coeficientes temporales de pensión que devuelvan la dignidad

Imagina dedicar 40 años de tu vida al trabajo: madrugando cada día, soportando jornadas interminables, cotizando fielmente al sistema de Seguridad Social de España, solo para verte empujado a una jubilación anticipada a los 63 años por un despido empresarial, con tu pensión recortada un 10% de por vida. Ahora imagina a un funcionario, jubilándose a los 60 con solo 30 años de servicio, cobrando su pensión íntegra y disfrutando de sanidad privada a través de Muface, mientras tú dependes de un sistema público saturado. Esta es la cruda injusticia que sufren millones de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), una herida abierta que se agrava por el silencio de un Congreso donde entre el 40% y el 60% de los diputados, muchos funcionarios, parecen mirar hacia otro lado.

Cada día, miles de españoles —obreros, maestras, enfermeros— se enfrentan a la devastadora realidad de una jubilación anticipada no por elección, sino por necesidad: despidos, reestructuraciones o penurias económicas. Los coeficientes reductores permanentes del RGSS, que recortan las pensiones entre un 2,81% y un 21%, son una condena de por vida por su sacrificio. Un trabajador despedido a los 63 años, tras 40 años cotizando, ve su pensión mermada para siempre, mientras un funcionario de Clases Pasivas se jubila a los 60 sin penalización. Esto no es solo injusto: es una traición a quienes construyeron la prosperidad de España.

La Proposición de Ley 122/000105, presentada por Podemos en mayo de 2024 y hoy cubierta de polvo, quiso acabar con esta desigualdad eliminando los coeficientes reductores para carreras de 40 o más años. Pero su ambición desmesurada amenaza con estrellarse contra la política polarizada de España y los tribunales de Europa.

Hay una esperanza más realista: hacer los coeficientes temporales y progresivamente reducidos hasta que desaparezcan al alcanzar la edad ordinaria de jubilación (66 años y 8 meses en 2025). Por ejemplo, del 10% a los 63 años al 0% a los 66 años y 8 meses. Esta reforma ofrece justicia sin romper el sistema y puede unir a España y resistir el escrutinio europeo.

La Proposición de Ley 122/000105, aunque noble, apunta demasiado alto. Eliminar los coeficientes para cotizantes de 40 y más años costaría miles de millones, tensionando un sistema de pensiones que enfrenta la ola de jubilaciones del baby boom. En España, la resistencia política —alimentada por el conflicto de intereses de los diputados funcionarios y la cautela fiscal— ha dejado la propuesta estancada. En Europa, el TJUE podría considerar esta reforma radical como una injerencia en la autonomía nacional, arriesgándose a un rechazo. Su complejidad —definir elegibilidad, recalcular pensiones— invita a demoras y disputas. Los coeficientes temporales, en cambio, son fiscalmente sostenibles, manteniendo reducciones iniciales para aliviar el impacto presupuestario. Son políticamente viables, evitando choques directos con los defensores de Clases Pasivas. Y son administrativamente simples, utilizando los sistemas actuales del INSS para ajustar las pensiones anualmente. Esta reforma entregaría justicia a todos los jubilados anticipados, no solo a un grupo selecto, y abre la puerta a corregir las desigualdades de Clases Pasivas y Muface.

La crisis del PSOE, desatada por el informe de la UCO y la dimisión de Santos Cerdán, ha abierto una grieta de oportunidad. Mientras Pedro Sánchez se reúne con socios de la coalición como Podemos, es el momento de impulsar una reforma pragmática. Los coeficientes temporales pueden unir a aliados progresistas (Sumar, ERC, BNG) y sindicatos (CCOO, UGT), reconstruyendo la confianza en un gobierno sacudido por el escándalo. Al enmendar la Proposición de Ley 122/000105 para centrarse en este objetivo alcanzable, Podemos puede defender a los trabajadores que han sostenido a España: los despedidos en sus 50, los privados de una pensión digna. Esto no es solo política; es un imperativo moral para honrar su sacrificio.

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