Un nuevo hachazo al sistema público de pensiones en nuestro país, siguiendo prácticas conservadoras y oscurantistas. El Gobierno y los agentes sociales CEOE, CCOO, UGT y otras organizaciones ponen en marcha la jubilación flexible con nuevos elementos de compatibilidad entre pensión y trabajo, mediante el Real Decreto 416/2026, de jubilación flexible.

El impacto que supone entre la juventud resulta absolutamente rechazable; este decreto bloquea el relevo intergeneracional y perjudica el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

Este nuevo modelo implica asimismo la continuidad de enfrentar a jóvenes con pensionistas y con otras capas de la población; mujeres y parados son su máxima expresión, cerrando las puertas al empleo de estos sectores, imponiendo un modelo contrario a la posibilidad de poder vivir dignamente y con salud la jubilación merecida, tras años de trabajo y contribución a la construcción de una sociedad que proteja a las trabajadoras y trabajadores con derechos y servicios públicos de sanidad y de derechos sociales, construidos con la aportación de los salarios diferidos y la contribución a través de los impuestos a la supuesta sociedad de derechos y servicios públicos universales.

El decreto asimismo implica el aumento de la edad de jubilación al incentivar con un tanto por ciento en función del modelo que se obtenga de modo individual. La edad de jubilación, que ya camina hacia los 67 años de manera regular, con estas medidas se abre hacia los 70 años.

Este decreto, junto a otras medidas puestas en marcha a la espera de su desarrollo legislativo, implica también cerrar la puerta a la jubilación anticipada y la resolución del grave problema para más de 900.000 personas que son sometidas, a pesar de haber cotizado más de 40 años, a un recorte inaceptable del derecho a una pensión digna en su retiro laboral.

Otro grave efecto de este decreto es que se recorta el coste público global a costa de reducir el tiempo neto que las y los trabajadores y la ciudadanía en general tienen para disfrutar de una pensión de jubilación ordinaria a los 65 años con el 100%, abriendo la posibilidad desde los 60 años en determinados sectores sin penalización. El efecto es que las pensiones públicas futuras serán menores.

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— COESPE@OFICIAL (@CoespeOficial) August 8, 2026

Esta grave decisión de ampliar la edad de jubilación e incentivar el trabajo contra el derecho al retiro digno se une a otras reivindicaciones que desde el movimiento pensionista y Coespe estamos exigiendo con nuestras denuncias y movilizaciones, cuya expresión máxima estatal será la manifestación del 24 de octubre en Madrid desde Atocha a la C/ Alcalá (metro Sevilla) desde las 12 horas, donde llamamos a participar a las y los trabajadores y al colectivo pensionista y a las organizaciones sindicales, sociales y políticas, mostrando así nuestras demandas y denuncias, en una demostración de unidad y determinación para exigir al Gobierno y al poder legislativo que paralicen y revoquen las contrarreformas contra el sistema público de pensiones, y tomen medidas para garantizar derechos y pensiones dignas públicas.