Al Presidente del Gobierno de hoy, de mañana y de siempre: las pensiones no son moneda de cambio

La actualización de las pensiones es una garantía constitucional. No una herramienta de negociación.

Señor Presidente:

Le escribo no en referencia a una coyuntura concreta, ni a una mayoría parlamentaria determinada, ni a una legislatura específica. Le escribo al titular del cargo que encarna la dirección política del Estado, hoy y en el futuro.

La subida de las pensiones para 2026 se ha aprobado. Es una buena noticia y era necesaria. Pero más allá de la cifra concreta o del porcentaje acordado, lo verdaderamente relevante es que nunca debió ponerse en duda. Porque los derechos económicos esenciales de millones de personas mayores no pueden quedar suspendidos en el aire por intereses ajenos a su propia naturaleza.

Ya está bien de que la actualización de las pensiones dependa de estrategias parlamentarias cruzadas, de negociaciones tácticas o de cálculos de desgaste político.

Las pensiones no son una concesión del Gobierno de turno. No son un instrumento de presión. No son un elemento más dentro de un paquete negociable. Son derechos económicos consolidados, fruto de décadas de cotización y amparados por el artículo 41 de la Constitución, que impone a los poderes públicos la obligación de garantizar un sistema público de Seguridad Social suficiente.

Que su actualización anual haya estado en el aire durante semanas no es una anécdota política: es una anomalía institucional.

Resulta especialmente preocupante que, antes incluso de celebrarse la votación en el Congreso, se difundieran mensajes políticos anticipando escenarios y responsabilizando a la oposición. Cuando la comunicación se prepara antes de que el Parlamento vote, el mensaje que se traslada es inequívoco: el derecho queda subordinado al relato.

Eso, sencillamente, no puede repetirse.

Los derechos económicos de las personas mayores tienen entidad constitucional, impacto directo en su dignidad material y conexión con el artículo 10 de la Constitución. No pueden convertirse en moneda de cambio ni en pieza dentro de un pulso partidista.

Hay además un efecto más profundo: cuando se genera incertidumbre sobre las pensiones, se erosiona la confianza en el propio sistema público, se debilita el pacto intergeneracional que sostiene el Estado social y se transmite la idea de que incluso los derechos más básicos pueden quedar bloqueados por cálculo político.

Si algo debe quedar blindado, automática y jurídicamente, es la garantía de ingresos de quienes ya han cumplido con el sistema durante toda una vida.

Porque no estamos hablando de estrategia. No estamos hablando de táctica parlamentaria. Estamos hablando de la base económica que sostiene la dignidad en la vejez.

Señor Presidente —el de hoy y el que ocupe mañana ese mismo despacho—: las pensiones no son una variable política. Son un compromiso constitucional. Son parte del pacto intergeneracional que sostiene nuestro Estado social.

Y ese pacto no puede ponerse a prueba cada año.

La dignidad económica en la vejez no se negocia. Se garantiza.