Aprobada la subida de pensiones de 2026: los políticos ponen fin al mareo a los jubilados, por ahora
El Congreso valida el Real Decreto-ley 3/2026, con alzas entre 2,7% general y 11,4% para vulnerables
A la segunda fue la vencida. Tras casi dos meses de incertidumbre, rabia y enfado de los pensionistas, por fin este jueves, 26 de febrero, el Congreso de los Diputados ha dado vía libre definitiva a la revalorización de las pensiones públicas para el año 2026, en los términos que establece el Real Decreto-ley 3/2026.
El de este jueves ha sido el segundo intento de aprobar la revalorización de las pagas de más de 10 millones de pensionistas (en total, suben de cuantía cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones), después de que el Parlamento anulara un anterior decreto ómnibus, el 27 de enero, donde el Gobierno mezclaba las pensiones con otros asuntos sociales, como la prohibición de la prórroga de desahucios (que este jueves ha vuelto a ser anulada por el Hemiciclo, al oponerse el PP, Junts y Vox).
Finalmente, el rifirrafe político ha hecho una pausa en el asunto de las pensiones (por ahora), y las Cortes han dado luz verde definitiva a la actualización de pensiones públicas para este año. PP y Junts han apoyado el Real Decreto-ley, pese a sus críticas al Gobierno, igual que Compromís, UPN, Coalición Canaria, BNG, Podemos, PNV, Bildu, ERC, Sumar y PSOE. En total, 317 votos a favor.
Tan solo se ha opuesto Vox (33 votos en contra), que ha sido muy crítico con la falta de medidas para la viabilidad del sistema de pensiones.

Este jueves, el Pleno del Congreso ha convalidado no solo la subida de las pensiones públicas, sino también otra serie de medidas urgentes en materia de Seguridad Social, entre ellas, la subida de cuantía de la pensión máxima del sistema, el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), o los coeficientes reductores de jubilación anticipada para bomberos y agentes forestales.
Elma Saiz: "Se garantiza el poder adquisitivo"
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha subrayado que con esta revalorización "se garantiza el poder adquisitivo como un derecho fundamental, además de defender que la actualización "no es solo una medida económica, sino un derecho que garantiza la dignidad de las personas mayores y cumple con el mandato constitucional y las recomendaciones del Pacto de Toledo" .
Saiz ha interpelado a los jóvenes y el necesario compromiso intergeneracional, haciendo hincapié en que proteger el sistema público de pensiones de hoy significa también lanzar un mensaje a los jóvenes, asegurándoles que las futuras generaciones contarán con la misma protección y un sistema fortalecido.

Hay que recordar que el incremento de importe de las pensiones ya es un hecho desde el inicio del año, y los pensionistas han cobrado sus pagas aumentadas en enero y febrero (ya que la medida entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado), pero se necesitaba la convalidación parlamentaria, para que los incrementos en las nóminas puedan seguir aplicándose durante todo el año 2026.
La pensión máxima sube a 3.359 euros mensuales
El Real Decreto-ley 3/2026, aprobado este jueves por el Congreso, consagra el aumento de la cuantía de la pensión máxima, que escala a 3.359,60 euros mensuales durante 2026, o lo que es lo mismo, 47.034,40 anuales.
Tras la convalidación parlamentaria, también aumenta la base máxima de cotización, hasta alcanzar los 5.101,2 euros mensuales, lo que representa el 3,9% más que en 2025.
Impuesto a la nómina, con la cuota del MEI
El real decreto convalidado incluye también el aumento de las cuotas a pagar, tanto por los trabajadores como por las empresas, vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La cotización sube una décima respecto a 2025 (y así será cada año, hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029).
Desde el 1 de enero de 2026, la cotización al MEI es del 0,90% sobre el sueldo (frente al 0,80% de 2025), que se reparten de este modo: el 0,75% corre a cargo del empleador y el 0,15% lo paga el trabajador.
La recaudación que se acumula cada año con estas cotizaciones se guarda en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. Esta cuota no podrá ser bonificada ni reducida, ni gozar de exención o deducción alguna.

Los jubilados conservarán el aumento general del 2,7%
Ya es oficial, y los pensionistas conservarán el aumento aplicado a las pensiones contributivas, según la evolución de la inflación, con un alza del 2,7% en 2026. Este es el mismo porcentaje que sube el complemento de brecha de género.
Según cálculos del Gobierno, esta revalorización supone unos 570 euros extra al año para una pensión media de jubilación, en tanto las pensiones promedio del sistema mejoran 500 euros anuales.
En cuanto a las pensiones de funcionarios de clases pasivas, se incrementan también en un 2,7% para todo el año.
A su vez, las pensiones mínimas del sistema suben más del 7% (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para las pagas con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Hay que recordar que las pagas mínimas contributivas dependen de si la persona tiene cónyuge a cargo o no a cargo. Por ejemplo, en 2026, las mínimas para un titular con 65 años o más son 17.592,40 euros anuales (1.256,60 euros al mes) si tiene cónyuge a cargo. En cambio, un jubilado de 65 años con cónyuge, pero no a cargo, cobra 888,70 euros mensuales (12.441,80 euros anuales).

A su vez, una persona titular de viudedad con cargas familiares recibe, como mínimo, 1.256,60 euros al mes, o lo que es lo mismo, 17.592,40 euros al año, tras la subida aprobada por el Gobierno. Si la persona tiene entre 60 y 64 años, percibe al menos 875,90 euros mensuales, y si es menor de 60 años, tiene derecho a un mínimo de 709,4 euros al mes
CUANTÍA DE PAGAS MÍNIMAS PARA 2026

Casi medio millón de pensiones no contributivas mejoran el 11,4%
La pensión no contributiva supera, por primera vez en la historia, los 600 euros mensuales, con un importe íntegro de 8.803,20 euros anuales, o lo que es lo mismo, 628,80 euros mensuales, según detalla el Imserso.
El importe mínimo que se puede cobrar (el 25%), alcanza los 2.200,8 euros anuales, es decir, 157,20 al mes, de acuerdo con la 'Guía resumen de aplicación de las pensiones no contributivas 2026', disponible en la web del Imserso.
Sube también la cuota de solidaridad
Otra de las medidas que ya tiene vía libre es la actualización de la cuota de solidaridad para este año, es decir, la cotización adicional que se aplica sobre la parte del salario que excede de la base máxima de cotización, y cuyo porcentaje va por tramos y es progresiva.
En 2025, esta cuota fue del 0,92% para el tramo de salario hasta un 10% por encima de la base máxima, del 1% para el tramo entre un 10% y 50% superior a la base máxima, y del 1,17% para el tramo con salarios que han sobrepasado más de un 50% la base máxima. Para 2026, estos tipos de cotización escalan hasta el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente.
Luz verde a la jubilación anticipada de forestales
Tras la convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley 3/2026 se da también vía libre a la jubilación anticipada de bomberos y agentes forestales; uno de los colectivos que reclamaba poder adelantar el retiro por la peligrosidad de su actividad profesional.

En concreto, la disposición adicional tercera establece el tipo de cotización adicional a aplicar a los bomberos forestales y a los agentes forestales y medioambientales, que será del 10,6%, a repartir del siguiente modo: el 8,84% correrá a cargo de la empresa y el 1,76% deberá abonarlo la persona trabajador.
Compatibilidad de pensión y trabajo para médicos de familia
El Pleno del Congreso ha aprobado asimismo la prórroga otro año más de la posibilidad de compatibilizar pensión y empleo para ciertos miembros de la profesión médica, como los facultativos de atención primaria.
Según establece el Real Decreto-ley 3/2026, en el apartado cuatro de la disposición final, se amplía durante un año más que los médicos de atención primaria, de familia y pediatras, adscritos al Sistema Nacional de Salud, con nombramiento estatutario o funcionario, puedan cobrar su pensión contributiva de jubilación y a la vez seguir desarrollando su trabajo.
Esta prórroga ya estaba en vigor, desde el 3 de febrero, cuando fue aprobada en Consejo de Ministros, pero de no haberse producido la convalidación por parte del Congreso, esta medida habría decaído, "con las importantes consecuencias que ello provocaría en los Servicios Públicos de Salud ante la falta de personal sanitario en dichas áreas. Por ello, debe adoptarse de forma inmediata", según se explica en el Boletín Oficial del Estado.
Los parados con prestación no estarán obligados a declarar IRPF
Ve la luz definitiva la exención de presentar declaración de IRPF a parados que cobren prestación de desempleo, tal como dicta la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2026, recién aprobado por el Congreso de los Diputados.
Esta obligación de declarar había nacido con el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. En esa norma se incluyó por primera vez tal obligación, similar a la que se había establecido anteriormente en la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital (IMV).
Sin embargo, el Gobierno dio marcha atrás, argumentando que "la declaración responsable que se incorporó en la regulación y, por otro, el refuerzo de la interoperabilidad con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, han permitido prescindir de esta obligación legal de presentar la declaración correspondiente".
Medidas para autónomos y pymes
Los trabajadores por cuenta propia, cotizantes del RETA, mantendrán la congelación de su cotización en 2026, aplicándose los mismos tramos de rendimientos íntegros y bases de cotización que tenían en 2025.
Se prorrogan también los límites incrementados para la aplicación del método de estimación objetiva (módulos) en el IRPF y del régimen simplificado del IVA (límite de 250.000 euros).
Y seguirá vigente la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en energías renovables y vehículos eléctricos.



