El Estado abandona el Sistema de Dependencia

Los últimos datos oficiales sobre la financiación del Sistema de Dependencia en España (2024) revelan un grave abandono por parte de la Administración General del Estado: mientras la AGE destina únicamente el 0,219% del PIB nacional a transferencias para dependencia, las Comunidades Autónomas se ven obligadas a aportar el 0,592% del PIB de sus propios recursos para mantener el sistema. Esta desproporción evidencia que el Estado ha trasladado de facto la responsabilidad financiera a las autonomías, convirtiéndolas en las principales financiadoras de un servicio de competencia estatal

El Producto Interior Bruto nominal de España se situó en 1.593.136 millones de euros (aproximadamente 1,59 billones de euros) al cierre de 2024.

Gasto total certificado: 12.902 millones de euros (0,811% del PIB)

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que la Administración General del Estado debe financiar al menos el 50% del coste del sistema. 

Desequilibrio financiero: las CCAA triplican la aportación del Estado

El análisis de la financiación del sistema (2024) evidencia un grave desequilibrio territorial y competencial:

• Administración General del Estado (AGE): 3.478 millones de euros (0,219% del PIB)
• Comunidades Autónomas: 9.424 millones de euros (0,592% del PIB)
• Gasto total certificado: 12.902 millones de euros (0,811% del PIB)

Las comunidades autónomas están aportando 2,7 veces más recursos que el Estado, asumiendo de facto el 73% del coste total del sistema. Esta distribución evidencia que la Administración central ha trasladado la responsabilidad financiera a las autonomías sin la correspondiente dotación presupuestaria.

La AGE incumple su obligación legal: debe financiar el 50% del sistema

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que la Administración General del Estado debe financiar al menos el 50% del coste del sistema. Sin embargo, los datos demuestran un flagrante incumplimiento de esta obligación legal:

• Aportación real de la AGE: 26,95% del total (3.478 millones €)
• Obligación legal: 50% del total (debería aportar 6.451 millones €)
• Déficit de financiación estatal: 2.973 millones € anuales

Discriminación territorial: el acuerdo con País Vasco

Hasta 2025, ninguna comunidad autónoma recibía del Estado la financiación legalmente establecida (50% del coste). Sin embargo, recientemente el Gobierno central y el Gobierno vasco han suscrito un acuerdo singular para que, a partir de este año, la financiación estatal en el País Vasco alcance el 50% de los costes del Sistema de Dependencia, tal y como marca la ley.

Este hecho supone una discriminación y un agravio comparativo explícito frente al resto de comunidades, ya que solo la ciudadanía vasca contará con la financiación justa y legal. Esto profundiza la desigualdad territorial y agrava la discriminación entre personas en situación de dependencia en función de su lugar de residencia.

Las CCAA compensan la insuficiente aportación estatal

Comunidad Autónoma	Gasto Total (M€)	Aportación AGE (M€)	% AGE	Aportación CCAA (M€)	% CCAA	% PIB España
Cataluña	2.067,93	467,16	22,59%	1.600,77	77,41%	0,101%
Andalucía	2.116,86	738,72	34,90%	1.378,14	65,10%	0,087%
Madrid	1.698,25	462,36	27,23%	1.235,89	72,77%	0,078%
Comunidad Valenciana	1.391,47	284,52	20,45%	1.106,95	79,55%	0,070%
País Vasco	1.017,81	153,42	15,07%	864,38	84,93%	0,054%
Castilla y León	888,69	326,60	36,75%	562,09	63,25%	0,035%
Galicia	635,58	221,75	34,89%	413,82	65,11%	0,026%
Castilla-La Mancha	560,13	167,64	29,93%	392,49	70,07%	0,025%
Extremadura	420,77	106,90	25,41%	313,86	74,59%	0,020%
Canarias	350,96	87,58	24,95%	263,37	75,05%	0,017%
Región de Murcia	332,41	89,11	26,81%	243,30	73,19%	0,015%
Principado de Asturias	330,30	85,34	25,84%	244,96	74,16%	0,015%
Aragón	319,48	110,20	34,49%	209,29	65,51%	0,013%
Illes Balears	286,34	55,41	19,35%	230,93	80,65%	0,015%
Navarra	208,73	39,71	19,02%	169,02	80,98%	0,011%
Cantabria	184,10	45,92	24,94%	138,18	75,06%	0,009%
La Rioja	91,83	35,49	38,65%	56,34	61,35%	0,004%
TOTAL	12.901,63	3.477,83	26,96%	9.423,79	73,04%	0,811%

 

La tabla evidencia que Cataluña lidera las aportaciones propias con 1.601 millones de euros, seguida de Andalucía con 1.378 millones, mientras que la AGE transfiere cantidades muy inferiores a todas las comunidades.

Tiempos de resolución: la ineficiencia del sistema

TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (junio 2025)

Comunidad Autónoma	Tiempo Solicitud → Grado (días)	Tiempo Grado → Prestación (días)	TIEMPO TOTAL (días)
Andalucía	483	119	574
Región de Murcia	333	250	564
Canarias	357	141	521
Galicia	172	162	361
MEDIA NACIONAL	236	86	342
Principado de Asturias	309	5	336
Madrid	218	70	336
Comunidad Valenciana	262	63	312
Cataluña	195	82	269
Extremadura	134	131	260
Illes Balears	127	107	232
Melilla	125	91	224
La Rioja	64	174	222
Cantabria	161	52	210
Navarra	133	73	202
Castilla-La Mancha	109	61	176
Aragón	134	27	163
País Vasco	74	56	129
Castilla y León	110	0	113
Ceuta	33	32	60

El drama de los fallecimientos en lista de espera

PERSONAS FALLECIDAS EN LISTA DE ESPERA (2024)

Comunidad Autónoma	Sin Valorar	Con Resolución sin Prestación	TOTAL, EN LISTA DE ESPERA
Cataluña	4.080	5.449	9.529
Andalucía	3.458	2.293	5.751
Comunidad Valenciana	1.626	1.780	3.406
Canarias	1.728	761	2.489
País Vasco	191	2.161	2.352
Principado de Asturias	1.292	123	1.415
Madrid	64	1.270	1.334
Extremadura	479	791	1.270
Castilla-La Mancha	679	542	1.221
Castilla y León	1.050	34	1.084
Illes Balears	414	623	1.037
Región de Murcia	845	551	1.396
Aragón	955	25	980
Galicia	201	144	345
Cantabria	56	187	243
La Rioja	2	236	238
Navarra	10	92	102
Melilla	22	25	47
Ceuta	6	7	13
TOTAL NACIONAL	17.158	17.094	34.252

La infrafinanciación mata: causa directa de muertes y listas de espera

Esta dramática cifra de 34.252 personas fallecidas esperando atención es consecuencia directa de la infrafinanciación del sistema. La falta de recursos provoca:

• Escasez de personal para evaluar y tramitar expedientes
• Colapso administrativo que multiplica los tiempos de espera
• Falta de plazas y servicios por presupuestos insuficientes
• Abandono de personas vulnerables que mueren esperando ayuda

Cada muerte en lista de espera es responsabilidad del Estado, que incumple su obligación legal de financiar el 50% del sistema. Mientras la AGE negocia acuerdos privilegiados con una sola comunidad, miles de personas fallecen abandonadas en el resto de España.

Evolución de la financiación del sistema (2012-2024)

Año	Gasto Total Certificado (M€)	Aportación AGE (M€)	% AGE	Aportación CCAA (M€)	% CCAA
2012	6.867,12	1.380,48	20,10%	5.486,65	79,90%
2013	6.808,41	1.216,38	17,87%	5.592,03	82,13%
2014	6.636,74	1.128,26	17,00%	5.508,48	83,00%
2015	7.153,22	1.193,20	16,68%	5.960,02	83,32%
2016	7.304,33	1.191,55	16,31%	6.112,78	83,69%
2017	7.570,32	1.228,35	16,23%	6.341,98	83,77%
2018	8.073,55	1.347,60	16,69%	6.725,94	83,31%
2019	8.606,72	1.382,22	16,06%	7.224,50	83,94%
2020	8.907,45	1.384,06	15,54%	7.523,39	84,46%
2021	9.704,65	1.992,44	20,53%	7.712,21	79,47%
2022	10.253,83	2.661,25	25,95%	7.592,58	74,05%
2023	11.521,82	3.292,36	28,57%	8.229,46	71,43%
2024	12.901,63	3.478,24	26,96%	9.423,39	73,04%

España, muy por debajo de Europa

Mientras en Europa la media del gasto en atención a la dependencia alcanza el 1,8% del PIB, en España destinamos el 0,811%.

Exigencias para una solución urgente y digna

Ante esta situación insostenible e inhumana, desde FOAM reclamamos con urgencia:

1. Cumplimiento inmediato de la Ley 39/2006: La AGE debe asumir su responsabilidad y financiar al menos el 50 % del sistema como marca la normativa.
2. Aumentar la inversión total urgente y progresivamente hasta el 2 % del PIB, para superar la media europea del 1,8 % y acabar con el agravio comparativo que sufren las personas dependientes en España.
3. Crear un plan de choque urgente para eliminar la lista de espera actual en un plazo máximo de 18 meses.
4. Establecer un sistema de financiación transparente y automático vinculado al PIB para garantizar la estabilidad del modelo.
5. Reforzar los servicios sociales autonómicos y locales con medios profesionales y tecnológicos para agilizar las valoraciones y garantizar una atención digna.

El actual abandono del Estado es legalmente insostenible, socialmente injusto y moralmente inaceptable. 

“No se trata de caridad ni de buena voluntad: se trata de cumplir la ley, garantizar derechos y salvar vidas”.

Fuente de datos: Instituto de Mayores y servicios sociales (IMSERSO), Instituto Nacional de Estadística (INE).