Bono de las pensiones, a subasta: Portugal discute si lo extraordinario debe convertirse en derecho

Desde este miércoles, el Parlamento portugués vota una a una las enmiendas al Presupuesto de 2027

Bono de las pensiones, a subasta: Portugal discute si lo extraordinario debe convertirse en derecho Miia

Conviene empezar por la escala del asunto. Los partidos han registrado 2.825 propuestas de enmienda válidas al Presupuesto del Estado para 2027, según el recuento de Jornal Económico: un 29,8 % más que el año pasado y el quinto récord consecutivo. Chega firma 706 y el PCP, 646; entre ambos suman casi la mitad. El texto del Gobierno de Luís Montenegro superó la votación en lo general gracias a la abstención socialista, pero la fase de especialidad, que arranca el miércoles 18 y desemboca en la votación final global del 24 de noviembre, es otra cosa. Allí el Ejecutivo, en minoría, depende de que PS o Chega no sumen sus votos contra él, las llamadas «coaliciones negativas» que tanto inquietan al ministro de Finanzas. Y pocas materias se prestan tanto a esas alianzas de ocasión como las pensiones.

La propuesta de la coalición de Gobierno (PSD y CDS) parece modesta, pero tiene su miga. Pide que el Presupuesto incluya una frase: «En 2027 el Gobierno procederá al pago de un suplemento extraordinario de las pensiones, en función de la evolución de la ejecución presupuestaria y de las respectivas tendencias de ingresos y gastos». Ya lo hizo en el Presupuesto de 2026. El diputado social demócrata Hugo Carneiro lo resumió así: «Habiendo condiciones en términos de finanzas públicas, continuaremos haciéndolo, tal como ya hicimos». El suplemento de este año, que analizamos en esta newsletter el 13 de octubre, se pagará el 7 de diciembre, según el calendario de la Seguridad Social. Lo nuevo es que la promesa del siguiente pasa de las ruedas de prensa a la ley, aunque escrita a lápiz: condicionada a una ejecución presupuestaria que solo el Gobierno conoce a tiempo real.

El PS va más lejos y propone convertir ese bono en una subida extraordinaria de las pensiones con cargo al Presupuesto. Su enmienda pide además que se estudien las «condiciones e indicadores» que puedan dar previsibilidad a la concesión de bonos y a su conversión en actualizaciones extraordinarias, e incluso que se revise la fórmula de cálculo. Los socialistas aseguran que el conjunto de sus 180 enmiendas cuesta 480 millones y genera 500 de ingresos, de modo que respetaría el superávit del 0,1 % del PIB previsto por el Gobierno. Joaquim Miranda Sarmento no lo ve igual, o no siempre. El viernes 6, según Jornal de Negócios, reconocía «neutralidad presupuestaria» a las propuestas socialistas; el lunes 9, desde Bruselas, sostenía que llevarían a un déficit de unos 500 millones, el 0,2 % del PIB, frente a un superávit de unos 250 millones. La discrepancia no se refiere solo a las pensiones, sino también al IVA de los alimentos y a los impuestos sobre el combustible, pero ilustra el problema: cuando un gasto permanente se negocia en una semana de votaciones, las cifras se convierten en munición.

Cuenta atrás para la subida de pensiones de 2027: rondará el 3,5%, según apunta la inflación

Chega juega en otro registro. Propone una subida adicional del 1,5 % para las pensiones que no superen el triple del Indexante de los Apoyos Sociales y, sobre todo, insiste en lo que André Ventura llama una propuesta de la que «no abdica»: congelar en 2027 la edad de jubilación en 66 años y 9 meses, la actual, en lugar de los 66 años y 11 meses que dicta la fórmula ligada a la esperanza de vida, como primer paso hacia los 65 años o los 40 de cotización. Ventura calcula el coste en «menos del 0,1 %», sin precisar de qué. Añade un «Programa Chave Sénior» de ayuda mensual al alquiler para pensionistas con insuficiencia económica probada y una deducción en el IRS, el IRPF portugués, del 20 % de lo aportado a planes de ahorro para la jubilación, con un tope de 400 euros para los mayores de 50 años. El líder de Chega ha prometido además que su partido apoyará, «tendencialmente», todas las subidas de pensiones que quepan «dentro del margen de responsabilidad presupuestaria». El ministro le ha respondido sin rodeos: sus propuestas son «irrealistas» y, «si Chega quiere tener déficits, que lo diga».

Pongamos las cifras de fondo. Según la secretaria de Estado de la Seguridad Social, Susana Filipa Lima, el Presupuesto ya incorpora un aumento del gasto permanente con pensionistas y mayores superior a 1.000 millones de euros: unos 700 millones por la actualización del régimen general, 300 millones por la de la Caixa Geral de Aposentações y 96 millones por el Complemento Solidario para Mayores. La pensión media de vejez de la Seguridad Social ronda los 691 euros mensuales en catorce pagas. Con estos datos, ni el bono es una limosna ni la prudencia del ministro es un capricho. El problema es de diseño: Portugal tiene una fórmula legal de actualización, ligada al crecimiento y a la inflación, y encima ha ido superponiendo, año tras año, un pago extraordinario cuya existencia depende del humor de las cuentas y de la aritmética parlamentaria.

La comparación con España resulta útil, sobre todo porque los dos países han elegido caminos distintos. Desde la ley aprobada por las Cortes a finales de 2021, las pensiones españolas se revalorizan cada 1 de enero según la inflación media del año anterior: una regla única, conocida de antemano, que deja el debate en su coste y no en su existencia. Portugal combina una fórmula que modula la subida según el crecimiento económico y el tramo de pensión con un complemento discrecional, y eso tiene efectos políticos. El pensionista no sabe en enero lo que cobrará en diciembre, y el Gobierno conserva una herramienta para repartir buenas noticias cuando le conviene. En la edad de jubilación, el contraste va en sentido contrario: a partir de 2027 la edad ordinaria en España será de 67 años, o 65 con 38 años y medio cotizados. Portugal ya se sitúa algo por debajo con sus 66 años y 11 meses, y la propuesta de Chega ampliaría la distancia rompiendo, de paso, una fórmula automática, transparente y previsible, una de las pocas piezas del sistema que nadie discutía en serio.

La tesis de esta columna es sencilla. Un pago que se repite tres años seguidos ya no es extraordinario, sino una expectativa. Mantenerlo en la ambigüedad del «si es posible» convierte al pensionista en espectador de una ejecución presupuestaria que no controla. Convertirlo en permanente sin una fórmula ni una estimación de coste a diez años, en plena subasta de enmiendas, sería lo mismo que tapar un agujero con otro. Lo sensato está, curiosamente, en la parte menos llamativa de la enmienda socialista: estudiar indicadores que den previsibilidad al sistema. Pero ese estudio no debería nacer en una semana de votaciones contrarreloj, sino en el pacto de pensiones que la ministra Palma Ramalho reclamó en octubre, y que entonces llegó sin propuestas ni calendario.

Para quien tiene hoy entre 50 y 65 años, en Portugal o en España, la lección va más allá de la cuantía de este diciembre. Una pensión es un contrato a treinta años y su valor depende de que las reglas sobrevivan a los gobiernos. El 24 de noviembre sabremos qué enmiendas han prosperado. La pregunta que queda abierta es otra: ¿cuántas veces hay que pagar un bono extraordinario para que deje de serlo y alguien tenga el valor de ponerle una regla?