Pensiones con retrovisor: Portugal mide la inflación de ayer para pagar los precios de mañana
El Gobierno portugués anuncia que nueve de cada diez pensiones subirán un 3,3 % en enero
El viernes 6 de noviembre, en una comparecencia parlamentaria sobre los presupuestos de 2027, la secretaria de Estado de Seguridad Social, Susana Filipa Lima, adelantó las cifras que esperan los jubilados portugueses. Las pensiones de hasta dos veces el Indexante de los Apoyos Sociales (IAS), es decir, hasta 1.074 euros, subirán un 3,3 %. Las que se sitúan entre 1.074 y 3.223 euros lo harán un 2,79 %; las que van de 3.223 a 6.446 euros, un 2,54 %, y por encima de esa cifra no habrá actualización. El propio IAS, referencia de buena parte de las prestaciones, pasará de 537,12 a 554,86 euros. Según la secretaria de Estado, el tramo bajo agrupa el 90 % de las pensiones y solo el 1 % tendrá una subida inferior a la inflación. Las cifras definitivas no llegarán hasta mediados de diciembre. El coste permanente supera los 1.000 millones de euros: unos 700 millones en el régimen general, 300 millones en la Caixa Geral de Aposentações, la caja de los funcionarios, y 96 millones en el Complemento Solidario para Idosos (CSI).
La aritmética tiene una lógica clara. Desde 2006, la Ley 53-B/2006 vincula la subida anual a dos indicadores: el crecimiento medio del PIB de los dos últimos años y la inflación media de los doce meses anteriores, excluida la vivienda, según el dato disponible a 30 de noviembre. Con los datos que publicó el Instituto Nacional de Estatística (INE) el 30 de octubre, esa media es del 2,79 %. El 3,3 % de las pensiones bajas equivale, por tanto, a la inflación de referencia más medio punto. De ahí sale el mensaje del Gobierno: los pensionistas más modestos «ganan poder de compra». Conviene reconocer la virtud del sistema. En Portugal la subida de las pensiones depende de una fórmula escrita y no de la voluntad del ministro de turno, y eso tiene valor para quien planifica su vida con una renta fija.
El problema está en lo que mide la fórmula. El mismo informe del INE estima que en octubre los precios subieron un 3,8 % interanual, dos décimas más que en septiembre. Los productos energéticos se encarecieron un 17,4 % (15,3 % en septiembre), los alimentos no elaborados un 3,7 % y la inflación subyacente se quedó en el 2,8 %. En enero de este año, la tasa interanual era del 1,9 %. La media de doce meses digiere esos saltos despacio, porque todavía incluye los meses tranquilos de finales de 2025. Dicho de otro modo: el pensionista cobrará en enero una subida calculada con la inflación del último año mientras paga en el supermercado y en la factura del gas la inflación de este trimestre. El fenómeno no es exclusivamente portugués. Según la estimación adelantada de Eurostat, la inflación de la eurozona llegó al 4 % en octubre, con la energía por encima del 20 %, y la de España al 4,9 %. El INE publicará el dato definitivo de octubre este miércoles, 11 de noviembre.
Seamos justos con el mecanismo: el retraso funciona en las dos direcciones. Ante las expectativas de que termine la guerra con Irán, que desde marzo ha disparado el precio del petróleo, el Brent cayó la semana pasada cerca de un 17 %. Según los cálculos que recogía Público, en esta semana el gasóleo debía abaratarse unos nueve céntimos por litro y la gasolina unos 9,5, aunque el gasóleo sigue costando unos 40 céntimos más que en febrero. Si la energía se modera en 2027, los pensionistas cobrarán una subida que incorpora una inflación que ya habrá remitido, y la balanza se equilibrará. El problema es la transición. A lo largo de los años, la cuenta puede salir a cero, pero quien vive con 600 u 800 euros al mes no tiene colchón para financiar meses de desfase. Además, una cesta media no refleja bien a quien pasa más horas en casa y dedica a calefacción, electricidad y alimentos una parte del presupuesto mayor que la media.
Hay otras dos grietas que el anuncio del 3,3 % tapa. La primera afecta a las pensiones medias y altas. Año tras año, el tramo de 3.223 a 6.446 euros se actualiza por debajo de la inflación, y por encima de ese tramo no se actualiza. Es una opción redistributiva defendible, pero erosiona las pensiones de carreras largas y cualificadas, y debería explicarse como tal, no presentarse como un detalle técnico. La segunda afecta al índice: al excluir la vivienda, la referencia deja fuera el mayor gasto del jubilado que vive de alquiler. Y luego está el parche. El mismo 6 de noviembre, el PSD y el CDS, socios de la Alianza Democrática (AD) en el Gobierno, presentaron una enmienda para que en 2027 vuelva a pagarse el suplemento extraordinario a los pensionistas «si hay condiciones en términos de finanzas públicas», en palabras del diputado Hugo Carneiro. Es el pago único de entre 100 y 200 euros que se abonó en 2024 y 2025, que vuelve a pagarse este año y que no se integra en la pensión. La Seguridad Social lo abonará el 7 de diciembre. Luís Montenegro defiende esta fórmula frente a las subidas extraordinarias permanentes porque no genera gasto estructural.
España ofrece aquí un espejo útil. La Ley 21/2021 estableció que cada 1 de enero las pensiones contributivas suban según la inflación media del año anterior y que, si el IPC es negativo, se mantengan. Ese mecanismo supuso un 2,5 % en 2022 y un 2,7 % en 2026. El desfase es el mismo, y con una inflación que en octubre rozaba el 5 %, el pensionista español lo sufre con más intensidad este año. Las diferencias son de diseño. España aplica el mismo porcentaje a todas las pensiones contributivas y utiliza un índice de precios que incluye la vivienda. Portugal escalona las subidas y añade medio punto a las pensiones bajas cuando el crecimiento lo permite, algo que el sistema español no hace. Cada país protege mejor a un grupo distinto: Portugal, al pensionista modesto; España, a la clase media jubilada.
La lección portuguesa es que una buena regla de actualización no basta cuando cambia el ciclo. Lo que falta no es otro bono. Falta una cláusula automática y pública de compensación que se active cuando la inflación del año supere de forma clara la subida aplicada, con un umbral conocido de antemano y sin depender del margen presupuestario de cada otoño. Un derecho así no necesita ruedas de prensa. Un pensionista no tiene por qué desconfiar de la fórmula, sino de lo que ocurre entre dos actualizaciones. La pregunta que Lisboa, y también Madrid, deberían responder es sencilla: si el Estado ya ha decidido proteger el poder adquisitivo de sus mayores, ¿por qué deja la protección de los meses difíciles a la discrecionalidad?
