Jubilarse en Portugal: una edad que se mueve sola y unas reglas que cambian a mitad de partido
El INE confirmó el 30 de octubre que en 2027 los portugueses se jubilarán a los 66 años y 11 meses
Para quien tiene 58, 61 o 64 años, la pregunta decisiva no es cuánto subirán las pensiones el año que viene, sino si las condiciones con las que ha planificado su salida seguirán vigentes el día en que firme. Esta semana Portugal ha dado dos respuestas opuestas. Por un lado, los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan la edad legal de 2027 en 66 años y 11 meses, dos meses más que este año, tal como anticipaba la orden ministerial de diciembre de 2025. Por otro, la Caixa Geral de Aposentações (CGA), la caja de pensiones de los funcionarios, está notificando a casi tres mil jubilados una pensión más baja que la que les reconoció hace apenas unos meses, y el Tribunal Constitucional ha tenido que anular una norma de 2024 que cerraba a miles de empleados públicos la puerta de regreso a ese mismo régimen.
Empecemos por lo que funciona. Desde 2014, en aplicación del Decreto-Lei 187/2007, la edad ordinaria de jubilación en Portugal no la decide el Gobierno de turno, sino una fórmula que la vincula a la evolución de la esperanza de vida a los 65 años. El INE estima que, en el trienio 2023-2025, quien cumple 65 años puede esperar vivir 20,19 años más; 21,55 en el caso de las mujeres. La revisión de las cifras de población, que ha elevado la esperanza de vida al nacer hasta los 81,85 años, no ha movido ese indicador, y por eso la edad de 2027 no cambia. La fórmula funciona también en sentido contrario: en 2023, por el impacto de la mortalidad de la covid entre los mayores, la edad bajó tres meses, algo inédito, y en 2024 se mantuvo en 66 años y 4 meses. Es un mecanismo frío, pero honesto: cualquiera sabe de antemano cómo se calcula, y ningún Gobierno puede apuntarse el mérito ni culpar al adversario.
Tiene, además, una válvula que merece atención desde España: la llamada edad personal de jubilación. Por cada año cotizado por encima de los 40, el trabajador portugués adelanta cuatro meses su retiro sin penalización. Con 44 años de carrera, la edad de 2026, 66 años y 9 meses, baja a 65 años y 5 meses, según el ejemplo que recoge el diario Público. Quien se marcha antes sin cumplir esas condiciones lo paga caro: el factor de sostenibilidad aplicable a las pensiones iniciadas en 2026 es de 0,8237, un recorte de casi el 18%. España ha optado por otro diseño: un calendario transitorio fijado por ley que culmina en 2027, con jubilación ordinaria a los 67 años, o a los 65 para quien acredite 38 años y 6 meses cotizados. El español premia las carreras largas con un umbral fijo; el portugués, con una escala gradual que no castiga a quien se queda a un mes de la meta.
El automatismo tiene, sin embargo, un punto ciego: utiliza una media nacional, y Portugal no es un país homogéneo. Según el INE, a los 65 años un habitante del Norte puede esperar vivir 20,49 años más; uno de las Azores, 18,08; uno de Madeira, 18,58. Más de dos años de diferencia en la etapa que la pensión debe financiar, con la misma edad de acceso para todos. No es un argumento para regionalizar la jubilación, sino para que el debate no se limite a la sostenibilidad y mire también quién llega a disfrutar de su retiro.
Vamos ahora con lo que no funciona. Entre mayo y el 27 de agosto, la CGA concedió 2.937 pensiones a funcionarios inscritos hasta el 31 de agosto de 1993 y con más de 40 años de servicio. Después cambió el criterio de cálculo de la parte de la pensión correspondiente a los años trabajados desde 2006, y las rebajó. Según su presidente, António Valente, el recorte medio es de 93 euros brutos al mes, 59 netos, sobre pensiones medias de unos 2.400 euros, y afecta al 0,4% de las cerca de 670.000 pensiones que paga la Caja. La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, lo atribuye a un «lapso de parametrización» informático y sostiene que «este Gobierno no corta ninguna pensión». En los últimos días, la CGA ha empezado a comunicar los nuevos importes, un «acto definitivo» según una abogada que asesora a sindicatos docentes: la próxima pensión llegará rebajada, y lo cobrado de más deberá devolverse por alguna de las vías anunciadas por la ministra: de una vez en 30 días, con descuentos en las pensiones siguientes o a plazos hasta diciembre de 2027. La Provedora de Justiça, Luísa Neto, ha recibido 50 quejas y ha pedido explicaciones. Hoy mismo, 3 de noviembre, la Frente Comum y la Fenprof se concentran ante el Ministerio de Trabajo en Lisboa, y el sindicato docente SDPSul ha anunciado que pedirá una medida cautelar en los tribunales si la rebaja se confirma.
Los sindicatos sostienen que no hay error, sino una nueva interpretación: la CGA habría dejado de computar parte de la carrera para fijar el tipo anual de formación de la pensión, que en las reglas generales pasa del 2% hasta el 2,3% en las carreras más largas. La Fenprof denuncia casos de docentes que prolongaron su vida activa confiando en la cifra que la Caja les había comunicado. No corresponde a un columnista dirimir quién lee bien la norma. Sí, en cambio, señalar una asimetría: cuando el ciudadano se equivoca, devuelve; cuando se equivoca la Administración, también devuelve el ciudadano. En España, el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social impide a las entidades gestoras revisar por sí mismas, en perjuicio del beneficiario, los actos que le reconocen un derecho: salvo errores materiales, de hecho o aritméticos, deben pedírselo a un juez. La frontera entre error aritmético y cambio de criterio es justo lo que hoy se discute en Lisboa.
El Tribunal Constitucional, por su parte, publicó el 27 de octubre en el Diário da República su sentencia 845/2026, que declara inconstitucional con fuerza obligatoria general la norma de 2024 que limitaba el regreso a la CGA de los funcionarios cuyo vínculo había cesado después del 1 de enero de 2006. La federación sindical Fesap calcula que abre la puerta a unos 9.000 trabajadores; la Caja revisará de oficio las solicitudes rechazadas, y la ministra ha asegurado en el Parlamento que el Gobierno cumplirá el fallo. No es un asunto menor: en la CGA, una baja por enfermedad se paga al 90% del salario neto, frente al 55% de la remuneración de referencia en el régimen general, que solo en bajas largas llega al 75%.
Portugal tiene, en suma, una fórmula de edad que España podría estudiar con provecho: transparente, automática y con un premio gradual a las carreras largas. Pero la confianza en un sistema de pensiones no se juega solo en la fórmula, sino en la letra pequeña y en cómo la aplica la ventanilla. El 27 de noviembre, el INE publicará los datos que permitirán anticipar la edad de jubilación de 2028; esa cifra, sea cual sea, se aceptará sin aspavientos porque las reglas se conocen. La pregunta que deja esta semana es otra: ¿de qué sirve saber con años de antelación a qué edad podrá uno jubilarse, si no puede estar seguro de cuánto cobrará cuando lo haga?
