Doce horas para encontrar un hogar: el cierre de Bucelas y la clase media mayor en Portugal
En Portugal, siete de cada diez residencias privadas están llenas
Los hechos, tal como los relataron el Correio da Manhã y el diario local Local Notícias, son escuetos y desoladores: las familias tuvieron poco más de doce horas para encontrar una solución. La Seguridad Social ordenó el cierre del establecimiento, situado en el municipio de Loures, a las afueras de Lisboa. Los familiares fueron avisados en la noche del viernes 13 de noviembre de que debían retirar a los residentes antes de las 15:00 del sábado 14. La Guardia Nacional Republicana tuvo que acudir para intentar entender la dimensión del problema y ayudar a buscar soluciones. Los propietarios no se presentaron y las empleadas habían sido despedidas horas antes. Las familias recuerdan dos detalles que ahora les inquietan: durante la semana no se les había permitido visitar a sus mayores, y este mes se les había pedido que pagaran la cuota en una cuenta bancaria distinta de la habitual. Las crónicas publicadas no detallan los motivos de la decisión administrativa, y esta columna no los presupone. Lo relevante es la pregunta que deja: ¿adónde va una familia que dispone de medio día para encontrar una plaza en el área de Lisboa?
La respuesta la daban los números un mes antes. El 4.º Retrato de las Residencias Sénior en Portugal, elaborado por la plataforma Via Sénior y la consultora BA&N, sitúa el precio medio de una plaza en habitación doble en un lar privado en 1.717 euros al mes. Cruzado con la pensión media de vejez de la Seguridad Social, 691,31 euros en catorce pagas, el resultado es que la pensión anual cubre unos cinco meses y medio de estancia y deja sin financiar unos 11.000 euros al año. En habitación individual, la pensión media alcanza para cinco meses. El 70 % de las residencias participantes declara una ocupación del 100 % y el 69 % tiene lista de espera. La mitad de los ingresos se cierra en menos de quince días y el 87 % en menos de un mes, a menudo después de una caída, un ingreso hospitalario o la muerte del cuidador. Además, el 52 % de las familias que buscaban plaza con un tope de 1.500 euros y la consiguieron acabó pagando más.
El atasco tiene una estructura que conviene entender, porque explica quién se queda fuera. Según el consejero delegado de Via Sénior, Nuno Saraiva de Ponte, en declaraciones al Diário de Notícias, Portugal tiene algo más de 100.000 camas residenciales para unas 800.000 personas mayores de 80 años. Unas 70.000 pertenecen a la red social de las IPSS y las Misericordias, en buena parte con plazas concertadas con el Estado, y entre 30.000 y 35.000 al sector privado comercial. Incluso las instituciones sociales reservan camas «extraacuerdo», sin financiación pública, cuyo precio parte de 1.500 euros, según comprobó el propio DN. El resultado es una trampa de manual para la clase media mayor: demasiado acomodada para acceder a la plaza social, demasiado modesta para pagar la privada.

Las familias se las arreglan como pueden. Primero, con los ahorros del mayor y la aportación de los hijos. Después, vendiendo o alquilando la casa del propio residente, una salida que, según el DN, se ha convertido en una de las principales y que, según Renascença, ha atraído ya a empresas que compran la vivienda por debajo de su valor y dejan al vendedor el usufructo. Y, por último, alejándose: el DN describe desplazamientos forzosos de 30 a 100 kilómetros hacia Santarém, Setúbal o Leiria para ahorrar entre un 10 % y un 30 %. La Renascença contó a finales de octubre el caso de João Francisco, profesor de Mem Martins, que en 2023 solo encontró plaza para sus padres en Fornos de Algodres, en el distrito de Guarda, a 330 kilómetros: cuatro horas de ida y cuatro de vuelta cada fin de semana. Cerca de casa, explicó, los «lares no muy legales» costaban entre 1.100 y 1.200 euros por persona. Un propietario de residencia y miembro de la ALI, la asociación que representa a cerca de una cuarta parte del sector privado, admitió a la misma emisora que los establecimientos ilegales son «francamente más baratos» y que algunos cuidan bien, pero que muchos operan sin condiciones. Esa zona gris crece en el hueco que deja la oferta legal.
La política, mientras tanto, hace pequeños gestos. Entre las enmiendas al Presupuesto de 2027, Chega propone elevar la deducción en el IRS por gastos de residencia del 25 % del gasto hasta un máximo de 600 euros anuales, frente a los 403,75 euros que permite hoy el artículo 84 del Código. Aun aprobada, compensaría menos de 200 euros adicionales frente a un desfase de 11.000. Y una guía fiscal de Montepio subraya un matiz que pocas familias conocen: según su lectura de la norma, el hijo que paga el lar de su padre no encuentra su caso entre los supuestos en que el Código menciona a los ascendientes, que se limitan a las residencias para personas con discapacidad. El alivio fiscal no siempre llega a quien realmente paga.
La comparación con España resulta reveladora, aunque no en el sentido que muchos lectores esperarían. Una plaza privada cuesta en España de media 2.153,52 euros al mes en 2026, sin IVA, según el informe anual de Inforesidencias sobre 1.288 centros: más cara que en Portugal en términos absolutos, con extremos que van de los 1.750 euros de Extremadura a los 2.758 del País Vasco. La diferencia está en el puente. La Ley de Dependencia de 2006 prevé una prestación económica vinculada al servicio para quien, teniendo reconocido un grado de dependencia, no consigue plaza pública o concertada. Su cuantía máxima estatal es de 747,25 euros al mes en el grado III, una cifra que, en el caso de las residencias, se aplica también al grado II, aunque se reduce según la capacidad económica del beneficiario y depende de cada comunidad autónoma. No es la panacea: los lectores españoles conocen bien los retrasos en las valoraciones. Pero el principio, que el dinero público siga a la persona cuando la plaza pública no existe, es precisamente lo que el propio Saraiva de Ponte propone para Portugal bajo el nombre de «cheque sénior», con complementos de 200 a 600 euros según la pensión y el grado de dependencia. Según el DN, la idea se inspira en el modelo español.
No se trata solo de dinero. La Santa Casa de la Misericordia de Lisboa explicaba a Renascença que acompaña a sus usuarios una media de siete años en su domicilio antes de que ingresen en una residencia, y aboga por más «residencias asistidas» con apartamentos autónomos. Es la dirección correcta: cuanto más se retrase la institucionalización con ayuda a domicilio de calidad, menos dramática será la carrera de quince días hacia la única cama libre. Sin embargo, ninguna de estas soluciones sirve a una familia que recibe una llamada un viernes por la noche.
Via Sénior advierte de que las peticiones de plaza se disparan tras las reuniones familiares de Semana Santa y de Navidad, cuando la familia reunida está más cerca y, como dice Saraiva de Ponte, «muchas veces toma ciertas decisiones». Dentro de cinco semanas, miles de familias portuguesas harán cuentas en la sobremesa. La pregunta que Bucelas deja sobre la mesa, en Lisboa y en Madrid, es si seguiremos financiando camas o empezaremos, de una vez, a financiar personas.
