Este martes arranca en la Asamblea de la República el debate en la generalidad del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación en esta fase está asegurada por la abstención del Partido Socialista; la votación está prevista para el miércoles. La víspera, en la audiencia parlamentaria en la que defendió las cuentas de su ministerio, Palma Ramalho repitió varias veces la misma fórmula: el país «gana en caminar hacia un pacto de régimen» sobre la Seguridad Social, aunque de partida no haya acuerdo sobre las soluciones, porque «se exige un entendimiento en cuanto a los desafíos». Y añadió una frase que merece leerse dos veces: el asunto es «del interés de todos, sobre todo de los que todavía no son pensionistas».

Para el lector mayor de cincuenta años, esa coletilla es la clave de todo. Traducida al lenguaje llano, viene a decir que quienes ya cobran su pensión no están en el centro del problema; quienes sí lo están son los que se jubilarán en los próximos diez o veinte años. La ministra insistió, a propósito de la polémica por el error de cálculo de la Caixa Geral de Aposentações, en que «este Gobierno no corta ninguna pensión». Es probable que así sea. Pero la incertidumbre real no recae sobre el jubilado de 75 años, sino sobre el trabajador de 55 o 60 que necesita saber con qué reglas se retirará: cómo se penalizará una jubilación anticipada, cómo se actualizará su pensión, cómo se calculará.

Lo que está sobre la mesa es el informe del grupo de trabajo independiente coordinado por el economista Jorge Bravo, presentado en agosto. Sus autores calcularon que, si se incluye el déficit de la Caixa Geral de Aposentações, el saldo de la Seguridad Social fue negativo en 1.900 millones de euros en 2025. Recomendaron reformas de sistema, como la creación de cuentas nocionales de contribución definida, y reformas paramétricas, entre ellas recalibrar las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y reformular el mecanismo de actualización automática. Y advirtieron de algo que hoy resuena con fuerza: una reforma «cuyas responsabilidades se proyectan durante más de un siglo no puede depender de una mayoría coyuntural», so pena de ser «deshecha en el primer ciclo electoral». Como ejemplo citaron la reforma sueca, levantada sobre acuerdos multipartidistas prolongados.

Las cifras oficiales cuentan otra historia, y ahí empieza el problema del diagnóstico. El informe de sostenibilidad que acompaña al Presupuesto prevé que el sistema previsional cierre 2027 con un superávit cercano a los 7.000 millones de euros, el 2,1% del PIB, que irá menguando hasta los primeros déficits a comienzos de la década de 2040. El Fondo de Estabilización Financiera, la llamada «hucha de las pensiones», alcanzaría 58.500 millones en 2027, el equivalente a unos dos años y siete meses de pagos, y el Gobierno concluye que el sistema está cubierto hasta 2070. Hay un detalle revelador: ese modelo supone que la población residente caerá de 10,4 millones en 2025 a unos 9 millones en 2070, sin incorporar la revisión del INE de junio, que elevó la estimación a 11,4 millones. La propia ministra lo admitió con franqueza: había un estudio que decía que el sistema «estaba muy bien», otro del Tribunal de Cuentas que decía que «estaba muy mal» y otro de la Comisión Europea en el mismo sentido. De ahí su propuesta de acordar «primero el diagnóstico» y después las soluciones.

El recibimiento político fue tibio. El diputado socialista Miguel Cabrita respondió que el PS «tiene un pacto de régimen con las pensiones y con la Seguridad Social desde hace 50 años», pero que si por pacto se entiende «una especie de mayoría de derechas basada en el alarmismo y con una agenda privatizadora», no contarán con su partido. Iniciativa Liberal acusó al Gobierno de haber guardado el estudio en un cajón; la ministra replicó que está «fuera del cajón». Sin embargo, preguntada por el PS sobre qué propuestas de los expertos piensa acoger el Ejecutivo, no dio detalles. Y conviene recordar que en agosto el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, dio por «cerrado» el asunto de una reforma estructural en esta legislatura y la remitió a una campaña electoral que, previsiblemente, no llegará hasta 2029. Un pacto sin propuesta, para una reforma sin fecha.

España conoce bien este dilema. El Pacto de Toledo, nacido en 1995, ha dado a las pensiones un foro parlamentario estable y las ha protegido de las peores tentaciones electorales; esa es su gran virtud. Pero también ha demostrado que el consenso puede convertirse en una forma elegante de aplazar lo incómodo. Y ni siquiera la indexación al IPC garantiza la paz social: el pasado sábado, 24 de octubre, miles de personas se manifestaron en Madrid para reclamar una subida del 6% de las pensiones en 2027, con el argumento de que la actualización por la inflación no acompaña al coste de la vida, y contra una eventual privatización del sistema. La lección para Lisboa es doble: el método del acuerdo es el correcto, pero un pacto vale lo que vale su contenido y su calendario.

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Mientras tanto, el Presupuesto de 2027 mantiene la regla vigente, que actualiza las pensiones cada enero en función de la inflación y del crecimiento económico; la ministra se comprometió a «actualizar las pensiones» y a elevar el valor de referencia del Complemento Solidario para Mayores de 670 a 720 euros. El suplemento extraordinario de fin de año, en cambio, sigue siendo una gratificación puntual que el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, solo repetirá «si hay condiciones presupuestarias». Es decir: alivios coyunturales para los jubilados de hoy y una gran pregunta abierta para los de mañana. Cada año de aplazamiento acorta el periodo de transición del que dispondrán quienes hoy tienen 55 años, y las reformas graduales, precisamente porque son graduales, necesitan avisar con mucha antelación.

El pacto de régimen es el camino adecuado; lo dicen los expertos, lo enseña Suecia y lo confirma, con sus luces y sombras, la experiencia española. Pero un pacto no es un estado de ánimo: exige una propuesta encima de la mesa, un calendario y el valor de explicar quién asumirá el ajuste. ¿Cuánto tiempo puede un país pedir a sus ciudadanos de 55 años que planifiquen su vejez sobre una regla que todos admiten que cambiará, pero que nadie se atreve a escribir?