El Gobierno portugués de Luís Montenegro presentó en julio de 2025 un ambicioso paquete de reformas denominado 'Trabalho XXI', con más de cien modificaciones al Código do Trabalho portugués. El objetivo declarado era modernizar el mercado laboral, aumentar la productividad y adaptar la legislación a la economía digital. El resultado, diez meses después, ha sido una fractura social que ni siquiera los más optimistas del ejecutivo podían prever: dos huelgas generales, la unión —y posterior desunión— de las dos grandes centrales sindicales, y una propuesta legislativa que ha llegado al Parlamento sin acuerdo en la Concertación Social.

Para un lector español familiarizado con los debates laborales de las últimas décadas, el escenario tiene un eco reconocible. Pero hay diferencias sustanciales que conviene entender. Portugal parte de una posición estructuralmente más frágil: el salario medio se sitúa en torno a los 2.068 euros mensuales frente a los más de 3.300 de media europea; el 15% de los trabajadores por cuenta ajena tienen contratos temporales; y la productividad por trabajador apenas alcanza los 47.700 euros anuales, muy por debajo de los 74.000 de media comunitaria. Reformar desde esa posición es necesario. Pero la dirección elegida es lo que ha desatado la tormenta.

Entre las medidas más controvertidas está la reintroducción del banco de horas individual, eliminado en 2019, que permite imponer hasta dos horas adicionales de trabajo diario sin negociación colectiva. Se amplían los contratos temporales de dos a cinco años, lo que normaliza la precariedad como norma prolongada. Se elimina la prohibición de recurrir al outsourcing en los doce meses posteriores a despidos colectivos —una norma que existía para evitar la práctica, bien conocida en toda la Península Ibérica, de despedir para subcontratar a menor coste—. Y se flexibilizan las reglas de reintegración tras un despido declarado ilícito.

¿Qué significa todo esto para un trabajador de 52, 57 o 62 años? Significa, en primer lugar, que la protección ante un despido injusto se debilita justo en la etapa de la vida en la que recolocarse resulta más difícil. La discriminación por edad en el mercado laboral no es una percepción subjetiva: es un fenómeno documentado en toda Europa que convierte cada despido pasados los 50 en un riesgo de caída hacia el desempleo de larga duración o, peor aún, hacia una jubilación anticipada con penalizaciones que marcarán el resto de la vida.

Y aquí entra la segunda pieza del rompecabezas: la edad de jubilación. En 2026, Portugal exige 66 años y 9 meses para acceder a la pensión ordinaria sin penalización. Una edad que subirá a 66 años y 11 meses en 2027, siguiendo la dinámica de vinculación a la esperanza de vida que también opera, con matices, en España. El partido Chega, principal fuerza de oposición, ha propuesto rebajar la edad a los 65 años o permitir el retiro tras 40 años de cotización, con un coste estimado de 1.800 millones de euros. La ministra de Trabajo habla de 2.500 millones. El debate no es solo contable: es profundamente político y generacional.

Para quien tiene hoy 55 años y lleva tres décadas cotizando, la combinación de un mercado laboral más flexible para el empleador, contratos temporales más largos y una edad de jubilación en ascenso configura una tenaza temporal: se puede ser despedido con mayor facilidad, se tarda más en volver a encontrar empleo y la meta de la pensión se aleja un poco cada año. Es una trampa silenciosa que los titulares sobre productividad y modernización no siempre permiten percibir.

La huelga general del 3 de junio, convocada por la CGTP —la UGT no se sumó en esta ocasión, aunque ambas centrales protagonizaron juntas la histórica paralización de diciembre de 2025—, expresó una frustración que desborda lo sindical. Montenegro calificó la adhesión de "muy reducida" en el sector privado, mientras los sindicatos hablan de millones de trabajadores movilizados. La verdad, como casi siempre, estará en algún punto intermedio. Pero el hecho de que Portugal encadene dos huelgas generales en medio año —algo sin precedentes en las últimas décadas— revela una tensión que ningún dato de adhesión puede minimizar.

Desde España merece la pena observar este proceso con atención, y no solo por vecindad. La tentación de flexibilizar el mercado laboral para mejorar la competitividad no es exclusiva de Lisboa. Pero la experiencia ibérica, a ambos lados de la frontera, sugiere que la flexibilidad sin inversión paralela en cualificación, protección del trabajador maduro y políticas activas de empleo no genera productividad: genera desigualdad. Y esa desigualdad tiene rostro: es el del trabajador que, con más de 50 años, descubre que las reglas del juego han cambiado cuando ya no tiene tiempo para adaptarse.

El Presidente de la República, António José Seguro, ha prometido vetar la ley si no se alcanza un acuerdo amplio con los interlocutores sociales. El PS ha anunciado que no prestará sus votos. La incertidumbre parlamentaria es total. Pero una cosa parece clara: Portugal está decidiendo, ahora mismo, qué tipo de mercado laboral quiere para las próximas décadas. Y en esa decisión, los mayores de 50 no son espectadores. Son, quizá sin saberlo, los principales damnificados.