Hay semanas en las que un país muestra sin querer su verdadera arquitectura de poder, y esta ha sido una de ellas en Portugal. El 1 de mayo, decenas de miles de trabajadores portugueses salieron a las calles de Lisboa y Oporto con un mensaje unívoco: el paquete laboral del Gobierno de Luís Montenegro debe caer. La CGTP —la mayor central sindical del país— anunció ese mismo día la convocatoria de una segunda huelga general para el 3 de junio, la segunda de esta legislatura y por idénticos motivos. La Federación Nacional de Médicos y la Federación de Profesores ya han confirmado su adhesión. La UGT, más moderada, mantiene abierta una última reunión de la Concertación Social este jueves 7 de mayo, pero su secretario general, Mário Mourão, ya advirtió en el 1 de mayo que hay «líneas rojas» que el Gobierno no quiere cruzar. El propio primer ministro, en el último debate quincenal, dejó escapar una frase reveladora: «Nadie está diciendo que el país se va a acabar si no se cambia la ley del trabajo». Resignación de quien intuye una derrota política, o teatro parlamentario: el resultado práctico es que Portugal se enfrenta a semanas de tensión social que afectarán de lleno a quienes más tienen que perder.

Y quienes más tienen que perder son, como casi siempre, los trabajadores mayores de 50 años. El paquete legislativo que ha desatado la tormenta no es un ajuste técnico menor: modifica más de cien artículos del Código del Trabajo portugués. Algunas de esas modificaciones suenan asepticamente técnicas —banco de horas por acuerdo individual, pago de subsidios en duodécimos, ampliación del trabajo extraordinario de 200 a 300 horas anuales—, pero otras apuntan directamente al corazón de las garantías laborales que protegen a los trabajadores con mayor antigüedad. La que quizá resulta más inquietante: la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan solicitar judicialmente la no reintegración de un trabajador despedido ilegalmente. Hasta ahora, esa potestad solo existía para las microempresas. Extenderla a empresas de hasta 249 trabajadores significa, en la práctica, que un despido declarado ilegal por un tribunal podría no traducirse en la vuelta al puesto de trabajo, sino en una indemnización. Para un trabajador de 55 o 60 años, despedido irregularmente de la empresa donde lleva décadas, cobrar una compensación económica pero perder su empleo equivale a una sentencia de exclusión laboral. Todos sabemos —aunque pocos lo digan en voz alta— lo que significa buscar trabajo pasados los 55 en la península ibérica.

Hay otras medidas que merecen atención detenida. El Gobierno propone que los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial no puedan intervenir en decisiones de contratación o evaluación, lo cual suena protector, pero sí permite explícitamente su uso en la selección de trabajadores afectados por despidos colectivos. La pregunta es obvia: ¿qué criterios utilizará un algoritmo para decidir qué trabajadores sobran en una reestructuración? La experiencia internacional —y el sentido común— sugiere que las variables que un sistema automatizado pondera (coste salarial, años hasta la jubilación, adaptabilidad tecnológica percibida) tienden a penalizar sistemáticamente a los perfiles sénior. Portugal está a punto de legalizar una herramienta que puede convertir la discriminación por edad en un proceso técnico e impersonal, blindado tras la aparente neutralidad de los datos.

Tampoco es menor la reducción de restricciones al outsourcing: donde antes una empresa no podía externalizar funciones durante un año tras un despido colectivo, ahora el plazo baja a seis meses, y la restricción solo se aplica a la «actividad principal». Un concepto lo suficientemente ambiguo como para que departamentos enteros —administración, logística, atención al cliente— puedan ser vaciados y sustituidos por subcontratas con condiciones inferiores. En esos departamentos trabajan, de manera desproporcionada, personas que llevan décadas en la empresa y cuyo salario refleja una antigüedad que la externalización permite eliminar de la nómina.

Un dato del paquete, sin embargo, resulta llamativo por su sentido contrario: la propuesta permite acumular la pensión anticipada con trabajo en la misma empresa, eliminando la prohibición de tres años que existía hasta ahora. Es una medida coherente con una realidad demográfica que Portugal comparte con España: el país tiene hoy apenas 1,7 trabajadores activos por cada jubilado, cuando la sostenibilidad del sistema exigiría 2,5. Necesita que la gente siga trabajando, y esta norma facilita transiciones más flexibles entre actividad y jubilación. Pero una golondrina no hace verano, y esta medida aislada no compensa un paquete cuyo efecto neto es debilitar la posición de los trabajadores con más años de cotización.

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El mapa político añade una capa de complejidad casi surrealista. El Gobierno de centroderecha (PSD/CDS) no tiene mayoría absoluta. El PS se ha desmarcado completamente. Solo el Chega de André Ventura podría dar los votos necesarios, y Ventura ha puesto un precio que suena a populismo puro: «Si quiere aprobar esto, baje la edad de jubilación». Una exigencia que contradice toda lógica actuarial —la esperanza de vida en Portugal supera los 84 años— y que revela que la política portuguesa ha descubierto que los jubilados y los trabajadores cercanos a la jubilación son un caladero electoral de primer orden. Que la reforma laboral se negocie usando la edad de retiro como moneda de cambio es, en sí mismo, un síntoma de hasta qué punto el envejecimiento ha dejado de ser un tema social para convertirse en un arma política.

Desde España, conviene mirar este proceso con atención y sin complacencia. Nuestra propia reforma laboral de 2021 tomó el camino inverso al que intenta Portugal: restringió la temporalidad, limitó la subcontratación abusiva y reforzó la negociación colectiva. Los resultados, tres años después, son mixtos pero mensurables: la tasa de temporalidad se redujo significativamente, aunque la calidad del empleo sigue siendo un debate abierto. Portugal, gobernado por una coalición ideológicamente opuesta, ensaya ahora la receta contraria: flexibilizar para competir, desregular para crecer. El experimento liberará datos en tiempo real sobre qué modelo protege mejor a quienes ya no están en condiciones de reinventarse profesionalmente cada cinco años. Para quienes hemos cruzado la frontera de los 50, no es una cuestión académica: es una cuestión vital.

La huelga general del 3 de junio dirá mucho sobre la capacidad de resistencia de la sociedad civil portuguesa. Pero la pregunta de fondo trasciende la coyuntura sindical: ¿puede un país que envejece a velocidad de vértigo permitirse debilitar las protecciones laborales de quienes más años han cotizado, más experiencia acumulan y más difícilmente pueden recolocarse? La respuesta debería ser obvia. Que no lo sea dice tanto de Portugal como de todos nosotros.