Portugal reforma su mercado laboral, pero ¿quién protege a los trabajadores mayores de 50?

Portugal vive esta semana uno de esos momentos políticos que, bajo la apariencia de un debate técnico sobre legislación laboral, esconde decisiones que marcarán la vida cotidiana de millones de personas durante años. El paquete de reformas laborales impulsado por el Gobierno de Luís Montenegro —conocido como «Trabalho XXI»— lleva más de cincuenta rondas de negociación en la concertación social y se encuentra en un punto crítico. La UGT, el sindicato moderado que podría dar legitimidad social al acuerdo, decidirá este jueves 23 de abril si lo respalda o lo rechaza. El presidente de la República, José Luís Carneiro Seguro, se niega a confirmar si vetará la ley en caso de no contar con respaldo sindical. Y el partido Chega, cuyos votos podrían ser necesarios en el Parlamento, ya ha anunciado que votará en contra del paquete. El bloqueo, o la aprobación forzada, parecen las dos únicas salidas.

Para quien observe la política portuguesa desde España, el escenario resultará familiar: un gobierno de centro-derecha que apuesta por la flexibilización del mercado laboral frente a una oposición y unos sindicatos que denuncian que las medidas solo benefician a los empresarios. Las encuestas les dan la razón en la percepción: más del 75% de los portugueses considera que la reforma favorece a los patronos, según una sondagem reciente. Entre las medidas más controvertidas destaca la eliminación del llamado «travão ao outsourcing», un mecanismo que impedía a las empresas sustituir a trabajadores despedidos colectivamente por prestadores de servicios externos. También se propone la reversión del alargamiento del periodo de prueba y la introducción de un banco de horas individual. La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, ha calificado la reforma como una «oportunidad de oro» para modernizar el tejido productivo portugués.

Pero hay una pregunta que nadie parece hacerse con la suficiente insistencia: ¿qué significa esta reforma para los trabajadores que ya han cumplido los 50 años? Porque si hay un colectivo que sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la flexibilización laboral, es precisamente el de los trabajadores sénior. La eliminación del freno al outsourcing es, en la práctica, una invitación a que las empresas sustituyan a sus empleados más veteranos —aquellos con salarios más altos, antigüedad acumulada y mayores costes de despido— por prestadores de servicios externos, más baratos y sin vínculo laboral estable. Es el trabajador de 55 años con treinta de casa quien más tiene que perder si desaparece esa protección. Y sin embargo, el debate público portugués apenas menciona esta dimensión etaria de la reforma.

El problema se agrava por una asimetría que debería escandalizar a cualquier analista serio: la reforma no alcanza al sector público. La Administración Pública portuguesa se rige por su propia ley —la Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas— y queda fuera del perímetro de estas modificaciones. Se crea así un sistema dual en el que el Estado exige al sector privado una flexibilidad que no se aplica a sí mismo. Para un trabajador de 55 años en una empresa privada, la reforma puede suponer la diferencia entre llegar a la jubilación con empleo o pasar sus últimos años laborales en una espiral de precariedad. Para su homólogo en la función pública, nada cambia. Esta desigualdad estructural no es nueva en Portugal, pero la reforma la profundiza en lugar de corregirla.

Resulta inevitable la comparación con España. La reforma laboral de 2021-2022, negociada por Yolanda Díaz con sindicatos y patronal, logró reducir la tasa de temporalidad del 25% a menos del 15% en apenas dos años. Fue una reforma imperfecta, sin duda, pero nacida del consenso y con un objetivo claro: que la flexibilidad no fuera sinónimo de precariedad. En Portugal, el proceso ha seguido el camino opuesto: la CGTP fue prácticamente excluida de las negociaciones, la UGT se siente presionada y el Gobierno ha dejado claro que llevará la propuesta al Parlamento con o sin acuerdo social. Montenegro lo dijo sin ambigüedad en el último debate quincenal: «Presentaremos la propuesta de revisión del Código de Trabajo y la Asamblea de la República tendrá que decidir». La concertación social, en este contexto, parece más un trámite que un proceso genuino de diálogo.

Hay un dato que a menudo se olvida en estos debates: Portugal es uno de los países más envejecidos de la OCDE. Más del 24% de su población supera los 65 años, y las proyecciones indican que en 2050 será el cuarto país del mundo con mayor porcentaje de población mayor. En ese contexto demográfico, cualquier reforma laboral que no contemple explícitamente la realidad de los trabajadores en la recta final de su carrera profesional es una reforma incompleta. No basta con hablar de competitividad y modernización: hay que preguntarse qué ocurre con el ingeniero de 57 años cuyo puesto se externaliza, con la administrativa de 53 que pierde su empleo en una reestructuración y descubre que el mercado ya no la quiere, con el operario de 60 años que necesita aguantar cinco más para acceder a una pensión completa.

La propia concertación social portuguesa, como bien señala un lúcido artículo de opinión publicado esta semana en el Postal do Algarve, «parece anclada en una lógica del siglo XX, poco ajustada a la realidad actual». Las tasas de sindicalización son bajas, la representación de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas es insuficiente, y las voces de los trabajadores mayores de 50 quedan diluidas en un diálogo social que habla sobre todo de jóvenes y de contratos temporales. La paradoja es llamativa: en un país donde los sénior son mayoría demográfica, su realidad laboral específica apenas aparece en el debate sobre la reforma del trabajo.

La cuestión de fondo no es si Portugal necesita reformar su mercado laboral —lo necesita, con urgencia—, sino para quién se reforma. Cuando la flexibilidad se diseña pensando exclusivamente en la competitividad empresarial y en la facilidad de contratación y despido, sin redes de protección específicas para quienes más difícilmente se reincorporan al mercado tras perder su empleo, la modernización se convierte en un eufemismo elegante para el desamparo. Los trabajadores españoles mayores de 50 que miran hacia Portugal reconocerán en este debate un eco inquietante: la eterna promesa de que la flexibilidad creará oportunidades para todos, cuando la experiencia demuestra que siempre hay quien se queda fuera. Y ese «quien» suele tener más de medio siglo de vida.