Envejecer sin plaza: la crisis silenciosa de las residencias de mayores en Portugal

Hay cifras que, por su crudeza, deberían provocar un debate nacional. Según el informe «Health at a Glance» de la OCDE, Portugal dispone de apenas 3,9 camas en residencias de mayores por cada mil personas mayores de 65 años. La media de la OCDE es de 41. No estamos ante una brecha: es un abismo. Portugal, uno de los países más envejecidos de Europa —donde más del 24% de la población ya supera los 65 años—, tiene menos camas geriátricas por habitante que prácticamente cualquier país comparable. Solo dos naciones de la Unión Europea están peor. Y las proyecciones demográficas no dejan margen para la complacencia: en 2050, Portugal será el cuarto país del mundo con mayor porcentaje de población mayor de 65 años. La pregunta no es si el sistema se romperá, sino cuándo.

Los datos publicados esta semana por SIC Notícias y el semanario Expresso dibujan un panorama desolador. Portugal cuenta con 2.660 residencias para mayores: 1.739 del sector social y solidario y 921 privadas, que suman en total unas 107.000 camas. El sector privado cobra actualmente una media de 1.921 euros mensuales por una habitación individual, y 1.720 por una cama en habitación doble. En apenas un año, las mensualidades han subido entre 200 y 250 euros, y ocho de cada diez residencias han aumentado sus precios. Mientras tanto, la pensión media por vejez en Portugal ronda los 645 euros —y la mitad de los pensionistas cobra apenas 462 euros mensuales, según datos del Banco de Portugal—. Sin comparticipación estatal, una cama en residencia cuesta 2,5 veces el salario de un jubilado medio. Para la mitad de los pensionistas portugueses, una plaza residencial equivale a más de cuatro veces sus ingresos mensuales. La aritmética es demoledora.

Las consecuencias de esta insuficiencia estructural se miden en vidas concretas. CNN Portugal ha documentado esta semana cómo la falta de plazas en residencias y en la red de cuidados continuados está agravando los llamados «internamentos sociais»: ancianos que permanecen hospitalizados durante meses —a veces años— porque sencillamente no hay adonde enviarlos. SIC Notícias informó de casos de mayores que llevan hasta cuatro años ocupando una cama hospitalaria a la espera de una plaza en un lar. No se trata solo de un desperdicio de recursos sanitarios —que lo es, y colosal—, sino de un drama humano: personas mayores que pasan sus últimos años en el entorno despersonalizado y hostil de un hospital, sin actividades, sin compañía adecuada, sin la dignidad mínima que merece quien ha trabajado toda su vida. La SIC lo ha llamado, con acierto periodístico, «el drama silencioso de los lares en Portugal».

Frente a esta emergencia, el sector privado ha comenzado a moverse con una lógica que oscila entre la oportunidad de negocio y la genuina innovación social. El proyecto Club65, desarrollado por el grupo ReVentures y presentado esta semana en el Expresso, propone 900 apartamentos en Lisboa y Oporto destinados a personas mayores de 65 años, con precios que van de 1.000 a 1.900 euros mensuales e incluyen servicios de salud, socialización y apoyo doméstico. Su CEO insiste en que «no es un proyecto diseñado para ricos», sino para la «clase media portuguesa». La inversión total en vivienda sénior en Portugal supera ya los 200 millones de euros. Es una señal inequívoca de que el mercado ha detectado una demanda insatisfecha. Pero cabe preguntarse: ¿puede un pensionista que cobra 645 euros al mes —o 462— permitirse un apartamento de 1.000 euros? La «clase media» a la que aspira Club65 es, en realidad, el segmento superior de una sociedad donde los jubilados viven, en su mayoría, con pensiones de pobreza. El riesgo de que la habitación sénior se convierta en un producto de lujo accesible solo para quienes ya tenían patrimonio es real y preocupante.

Para un lector español, la comparación resulta tanto ilustrativa como incómoda. España cuenta con la Ley de Dependencia de 2006, un marco legal que, con todas sus deficiencias —listas de espera interminables, infrafinanciación crónica, diferencias abismales entre comunidades autónomas—, al menos establece un derecho subjetivo al cuidado de larga duración. El sistema de plazas concertadas, el catálogo de prestaciones y la evaluación de la dependencia son herramientas imperfectas, pero existentes. Portugal carece de un equivalente estructurado. Su red de cuidados continuados (Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) está crónicamente infradimensionada, y la cobertura residencial depende en gran medida de instituciones del sector social —las Misericórdias y las IPSS— que operan con recursos limitados y están sometidas a una presión creciente. El Estado refuerza las comparticipaciones —esta semana se firmó una adenda al Compromisso de Cooperação con un incremento de 440 millones de euros en dos años—, pero la brecha entre la oferta y la necesidad sigue creciendo.

Hay, además, una dimensión de esta crisis que trasciende lo residencial y toca lo más íntimo: la soledad y la violencia. Más de 43.000 ancianos viven solos en Portugal. En 2025, se presentaron más de 4.000 denuncias por violencia contra personas mayores de 64 años, una cifra en aumento constante. Los indicadores de salud portugueses están por debajo de la media de la OCDE en prácticamente todos los parámetros, y las diferencias son más acusadas en los grupos más vulnerables. La mortalidad en el primer trimestre de 2026 —34.000 fallecidos— sigue siendo elevada. Cuando se cruzan todos estos datos —residencias inaccesibles, hospitalizaciones sociales, soledad, violencia, pensiones de miseria—, lo que emerge no es un problema sectorial, sino el retrato de una sociedad que no ha sabido prepararse para su propia vejez.

Lo que Portugal vive hoy es, en cierto modo, un anticipo de lo que buena parte del sur de Europa enfrentará mañana. España, Italia, Grecia: todas comparten una curva demográfica que apunta hacia el envejecimiento acelerado y unos sistemas de cuidados que se construyeron para otra época. La diferencia es de grado, no de naturaleza. La pregunta que el caso portugués plantea con brutal claridad no es si podemos permitirnos un sistema de cuidados digno para nuestros mayores —es si podemos permitirnos no tenerlo—. Porque el coste de no actuar no se mide solo en euros: se mide en años de vida sin dignidad, en hospitales convertidos en aparcamientos humanos y en una generación entera que, tras sostener con su trabajo el estado del bienestar, descubre que ese mismo estado no tiene una cama para ella.