Portugal declara la guerra a la pobreza senior: entre la ambición política y la realidad asistencial

Portugal ha hecho esta semana algo que rara vez se ve en la política ibérica: sentarse ante una comisión parlamentaria y rendir cuentas, con cifras concretas, sobre lo que se está haciendo para combatir la pobreza entre las personas mayores. La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, compareció ante la comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión para desgranar un paquete de medidas que, al menos sobre el papel, dibuja una estrategia coherente: el tercer aumento consecutivo del Complemento Solidario para Personas Mayores (CSI) hasta los 670 euros mensuales, la ampliación de su base de beneficiarios en 100.000 personas —un incremento del 72 %—, la gratuidad de medicamentos para 237.000 ciudadanos y la puesta en marcha del proyecto piloto SAD+ Saúde, un programa de apoyo domiciliario sanitario para mayores dependientes.

Las cifras, por sí solas, impresionan. El incremento de financiación para el sector social y solidario asciende a 440 millones de euros entre los acuerdos firmados para 2025-2026 y la adenda rubricada la semana pasada. Se anuncian más de 400 nuevas camas de cuidados intermedios —358 ya listas para funcionar— destinadas a aliviar la presión sobre las camas hospitalarias ocupadas por pacientes dados de alta pero sin soporte social al que regresar. Y se aprobó, por primera vez en la historia del país, un Estatuto de las Personas Mayores, una norma que pretende elevar a rango legal derechos que hasta ahora dependían de la buena voluntad presupuestaria de cada gobierno.

Pero conviene mirar estas cifras con la perspectiva que da conocer la realidad sobre el terreno. Un CSI de 670 euros mensuales representa un avance significativo respecto a los niveles de hace una década, pero sigue situándose por debajo del umbral de pobreza portugués, que ronda los 700 euros para una persona sola. Es decir, el complemento diseñado para sacar a los mayores de la pobreza no alcanza, matemáticamente, para cumplir su objetivo declarado. En España, la situación es distinta en la forma pero similar en el fondo: las pensiones no contributivas se sitúan en torno a los 517 euros mensuales en 14 pagas, una cuantía que deja a sus perceptores en una vulnerabilidad equivalente.

El proyecto SAD+ Saúde merece atención especial. Portugal lleva años arrastrando un déficit crónico en atención domiciliaria: un país donde la esperanza de vida alcanza ya los 84,3 años, pero donde el sistema de cuidados de larga duración permanece fragmentado entre servicios sanitarios, ayuntamientos e instituciones de caridad. La idea de integrar apoyo sanitario en la atención domiciliaria es acertada, casi obvia, pero su condición de «proyecto piloto» delata la cautela. Mientras tanto, decenas de miles de mayores portugueses —especialmente en el interior del país, en esos municipios que pierden población año tras año— dependen de redes informales de vecinos, de familiares emigrados que envían dinero desde Londres o Luxemburgo, o simplemente de su propia resistencia.

Es aquí donde el caso portugués ofrece lecciones que a España le convendría estudiar. La aprobación de un Estatuto de las Personas Mayores —una ley marco que reconoce derechos específicos— es un paso que la legislación española no ha dado. En nuestro país, los derechos de los mayores se disuelven en un mosaico de normas sectoriales: la Ley de Dependencia, la legislación de pensiones, las normativas autonómicas sobre residencias. No existe un texto unificado que declare qué le debe la sociedad a quien ha trabajado, cotizado y contribuido durante décadas. Portugal, con todas sus limitaciones presupuestarias, ha dado ese paso simbólico y jurídico.

También resulta significativo el dato sobre los cuidadores informales: 13.470 cuidadores adicionales han accedido al subsidio de apoyo desde 2025, y se ha eliminado la incompatibilidad entre este subsidio y otras prestaciones. En España, la figura del cuidador informal sigue siendo en gran medida invisible para el sistema. La Ley de Dependencia contempla prestaciones por cuidado en el entorno familiar, pero su cuantía es modesta, su tramitación lenta y el reconocimiento social de quienes cuidan —mayoritariamente mujeres mayores de 50 años que cuidan a sus progenitores aún más mayores— sigue siendo insuficiente. Portugal no ha resuelto el problema, pero al menos ha empezado a nombrarlo con instrumentos legales.

Todo esto se produce, además, en un contexto revelador. Esta misma semana se cumple un año del gran apagón ibérico, aquel 28 de abril de 2025 en que España y Portugal se quedaron a oscuras durante horas. Los testimonios recogidos en Lisboa muestran que las personas mayores fueron las más vulnerables durante aquellas horas sin electricidad: sin poder comunicarse, sin ascensores, sin la infraestructura digital que se ha convertido en la puerta de acceso a los servicios básicos. Un año después, los portugueses coinciden en que poco ha cambiado en materia de prevención. La fragilidad de los sistemas que sostienen la vida cotidiana de los mayores —desde la red eléctrica hasta la red asistencial— quedó al descubierto y sigue sin abordarse con la urgencia que requiere.

El plan portugués contra la pobreza senior es, en definitiva, un documento de intenciones con algunas realizaciones concretas. Tiene el mérito de la coherencia y de la rendición de cuentas: la ministra se sentó ante el Parlamento con datos, presupuestos y calendarios. Tiene la limitación de la escala: 670 euros no sacan a nadie de la pobreza, un proyecto piloto no sustituye a un sistema y 400 camas no cubren la necesidad de un país que envejece a ritmo acelerado. Pero la pregunta que Portugal nos plantea a los españoles es incómoda y legítima: si un país con menos recursos per cápita que el nuestro está construyendo un estatuto legal para sus mayores, ampliando las prestaciones, pilotando la atención domiciliaria sanitaria y rindiendo cuentas públicas de cada euro invertido, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo?