La tormenta perfecta: Portugal camina hacia el déficit y los mayores serán quienes paguen la factura

El conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo hasta rozar los 100 dólares. Portugal, que iba a cerrar 2026 con superávit, se encamina ahora hacia un déficit presupuestario. Y como siempre que la economía se contrae, quienes viven de ingresos fijos —los pensionistas— son los primeros en notar el golpe.

Hace apenas tres meses, el panorama económico portugués invitaba a un optimismo prudente. Portugal había cerrado 2025 con un superávit presupuestario del 0,7% del PIB —el segundo consecutivo— y el Gobierno de Luís Montenegro había inscrito en los Presupuestos del Estado para 2026 una meta de excedente. Era la consolidación de una disciplina fiscal que, para los pensionistas portugueses, significaba algo muy concreto: la certeza de que las pensiones no estaban amenazadas, de que el sistema de Seguridad Social respiraba con cierta holgura. Esa certeza se ha evaporado en cuestión de semanas.

La guerra en Oriente Medio —con el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz— ha provocado una escalada del precio del petróleo que ha sacudido las previsiones de toda Europa, pero que en Portugal golpea con especial virulencia. El barril de Brent ha saltado de 72 dólares a finales de febrero a casi 100 dólares en las últimas semanas. En las gasolineras portuguesas, el gasóleo ha pasado de 1,60 a más de 2 euros por litro. El Gobierno ha respondido con una reducción temporal del Impuesto sobre Productos Petrolíferos (ISP), aprobada este mismo lunes 6 de abril, pero los analistas y los propios transportistas la consideran insuficiente: el sector ya amenaza con paralizaciones si no llegan más ayudas.

Lo verdaderamente preocupante es el efecto cascada. El Banco de Portugal ya revisó a la baja la previsión de crecimiento económico para 2026, pasándola del 2,3% al 1,8%, y subió la previsión de inflación hasta el 2,8%. Los economistas del Expresso y de SIC Notícias advierten abiertamente de que Portugal "deberá regresar al déficit presupuestario ya en 2026", y algunos comparan la situación con el choque económico de la pandemia. Para quien vive de una pensión fija, esos números no son abstracciones: significan que los 500 o 600 euros mensuales que cobra un pensionista medio portugués compran cada semana menos pan, menos medicamentos, menos combustible para desplazarse al centro de salud.

La comparación con España resulta reveladora. Ambos países comparten vulnerabilidades energéticas similares —alta dependencia del petróleo, insuficiente electrificación de la economía—, pero España tiene una ventaja que Portugal no posee: un sistema de pensiones con mecanismo de revalorización automática vinculado al IPC. En Portugal, las actualizaciones de pensiones dependen de decisiones políticas anuales y de la capacidad fiscal del Estado. Cuando las cuentas públicas se tuercen, las pensiones son siempre candidatas al ajuste. No es teoría: ocurrió en 2011-2014 con la troika, cuando los pensionistas portugueses sufrieron recortes directos en sus prestaciones. Ese trauma no se ha olvidado.

Hay un elemento adicional que agrava la situación: la reforma laboral. Esta misma semana, la ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, ha intensificado las negociaciones con patronal y sindicatos sobre una reforma del Código de Trabajo que la CGTP califica de "profundo retroceso para todos los trabajadores". Las más de cincuenta reuniones no han cristalizado aún en un acuerdo, y la UGT debe pronunciarse esta semana. Para los trabajadores mayores de 50 años, estas reformas —que tocan contratos, despidos y condiciones laborales— no son una cuestión menor: son la última recta antes de la jubilación, y cualquier flexibilización del despido puede convertirse en una puerta de salida forzada del mercado laboral.

El nuevo presidente de la República, António José Seguro, ha iniciado esta misma semana una "Presidencia Abierta" visitando los municipios del centro del país devastados por las tempestades de principios de año. Es un gesto político que presiona al Gobierno de Montenegro, pero que también pone de manifiesto una realidad incómoda: hay miles de personas, muchas de ellas mayores, con viviendas dañadas cuyas solicitudes de ayuda aún no han sido atendidas. Las tempestades de febrero fueron otro golpe a unas cuentas públicas que ya no dan más de sí, y otro recordatorio de la vulnerabilidad de quienes dependen de un Estado que promete más de lo que puede cumplir.

La cuestión de fondo es esta: ¿está Portugal preparado para proteger a sus mayores en un escenario de deterioro económico? La respuesta honesta es que no lo sabe. El país carece de un fondo de reserva potente para pensiones, su sistema de Seguridad Social es estructuralmente frágil y su tejido productivo sigue siendo excesivamente dependiente del petróleo —un 50% de la matriz energética primaria—. La paradoja es que Portugal produce el 85% de su electricidad con renovables, pero esa virtud no se traduce aún en protección real para la economía cotidiana de sus ciudadanos, especialmente de los mayores, que siguen conduciendo coches diésel, calentándose con gasolina y viendo cómo la cesta de la compra se encarece semana a semana.

Quienes hemos vivido ya varias crisis sabemos que las promesas de que "esta vez será diferente" suelen deshacerse cuando el viento sopla en contra. Los pensionistas portugueses —y los españoles que observan con atención lo que ocurre al otro lado de la raya— harían bien en no confiar en los pronósticos optimistas del Gobierno de turno. La historia enseña que, cuando hay que ajustar, las tijeras siempre encuentran primero el bolsillo de quienes menos pueden defenderse. Y en Portugal, esa historia está, una vez más, empezando a repetirse.