El fuera de juego de la ministra al recurrir a la edad de Florentino Pérez
Las recientes declaraciones realizadas en relación con Florentino Pérez vuelven a situar en el centro del debate una cuestión cada vez más relevante desde el punto de vista jurídico y social: el uso de la edad como elemento de descalificación pública.
Conviene precisar, en primer lugar, que las manifestaciones del presidente del Real Madrid pueden ser compartidas o rechazadas. Como cualquier otra opinión pública, están plenamente sometidas a crítica dentro del debate democrático. La discrepancia es legítima. También lo es la crítica intensa. Pero una cuestión muy distinta, al menos para este jurista, es que dicha crítica deje de dirigirse al contenido de las palabras pronunciadas para desplazarse hacia la edad de quien las formula. Porque cuando se sostiene que una determinada visión “denota edad”, el foco deja de situarse sobre las ideas y pasa a colocarse sobre una condición personal: la edad de la persona que habla.
Y eso plantea un problema evidente desde la óptica del derecho a la igualdad, ya que, como sabe la ministra, el artículo 14 de la Constitución Española proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Precisamente dentro de esa cláusula abierta encaja la edad como circunstancia merecedora de protección frente a tratamientos peyorativos o desvalorizadores.
Por ello, resulta jurídicamente preocupante normalizar expresiones que asocien determinadas opiniones con la edad avanzada de quien las emite, como si el envejecimiento implicara por sí mismo una menor legitimidad intelectual, moral o social.
Las ideas se discuten por su contenido, no por la fecha de nacimiento de quien las expresa.
El eventual desacierto de una opinión no pertenece a una generación concreta. Pertenece, en su caso, a la esfera individual de cada persona: a sus valores, a su educación, a su concreta manera de entender la realidad. Precisamente ahí radica una de las formas más características del edadismo: atribuir capacidades, limitaciones, prejuicios o defectos a las personas por razón de edad y no desde el análisis individual de sus conductas concretas. No existe un pensamiento uniforme “de los mayores”.
Como tampoco existe un pensamiento uniforme “de los jóvenes”. La edad no puede operar como categoría de sospecha intelectual. Desde esta perspectiva, llama especialmente la atención que este tipo de afirmaciones procedan precisamente de quien ostenta la cartera ministerial de Igualdad. No porque los responsables públicos deban quedar excluidos de la confrontación política o ideológica, sino porque el ejercicio de funciones institucionales exige una especial cautela en el uso de referencias potencialmente discriminatorias.
La cuestión de fondo, por tanto, no consiste en defender o atacar las declaraciones de Florentino Pérez. La verdadera cuestión es otra mucho más importante: si estamos dispuestos a aceptar que la edad pueda utilizarse como argumento de descrédito político, intelectual o social. Y en un Estado social y democrático de Derecho, la respuesta debería ser claramente negativa, pues la igualdad constitucional no puede quedar en fuera de juego cuando hablamos de personas mayores.