Pactos asistenciales: el acuerdo que puede cambiar tu forma de envejecer

¿Y si tuvieras derecho a decidir cómo quieres que te cuiden antes de necesitarlo? Esta es la pregunta que empieza a abrirse paso en Europa y, tímidamente, también en España, a través de una figura aún poco conocida pero con un enorme potencial transformador: los pactos asistenciales.

En un momento en el que la Unión Europea impulsa con fuerza una estrategia de desinstitucionalización —es decir, de sustitución progresiva del modelo residencial tradicional por servicios personalizados de apoyo a la autonomía—, los pactos asistenciales aparecen como una herramienta clave para respetar la voluntad de las personas y adaptar los servicios a lo que realmente necesitan y desean.

Pero… ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los pactos asistenciales? Y, sobre todo, ¿cómo encajan en el marco jurídico español?

¿Qué es un pacto asistencial?

Imagina un contrato, no económico, sino de vida y cuidado. En él, una persona —antes de llegar a una situación de dependencia grave— deja constancia de cómo quiere ser atendida, dónde, por quién y en qué condiciones. No se trata de un testamento vital, que se activa en situación terminal, sino de un acuerdo anticipado de cuidados, negociado y firmado entre la persona interesada, sus cuidadores y los servicios sociales o sociosanitarios correspondientes.

Este pacto puede recoger desde preferencias en el entorno del hogar, hasta la voluntad de evitar el ingreso en un centro residencial, o bien el deseo de recibir apoyos específicos (tecnología, asistencia personal, terapia ocupacional, etc.) en su entorno habitual.

¿Y esto es legal en España?

Sí, aunque aún sin una denominación jurídica específica ni un marco homogéneo en todo el territorio. La figura del pacto asistencial se mueve en un terreno híbrido entre:

• El principio de autonomía personal consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española y desarrollado en la Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002).

• La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (39/2006), que pone el foco en la participación de la persona en la elección de los servicios.

• Y, más recientemente, en las normativas sobre capacidad jurídica tras la reforma del año 2021 del Código Civil, que refuerza el papel de los apoyos voluntarios y de la voluntad anticipada.

Además, los pactos asistenciales encuentran respaldo en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que establece el derecho a tomar decisiones propias y a recibir apoyos adecuados para hacerlo.

La brújula europea ya apunta en esa dirección

Desde Bruselas, la Estrategia Europea para la Discapacidad 2021-2030 y el marco común para la transición hacia modelos comunitarios subrayan que los servicios deben diseñarse con y para las personas. Esto exige planificar con antelación y reconocer legalmente sus preferencias, no imponer modelos únicos de atención.

En este sentido, los pactos asistenciales son un mecanismo perfecto para aterrizar la desinstitucionalización en la práctica diaria. Permiten a las administraciones anticipar recursos, a los profesionales prestar cuidados centrados en la persona, y a las familias organizarse con previsión y acuerdo.

Un futuro de cuidados pactados, no impuestos

En España tenemos por delante el reto de regular y extender esta figura para que no dependa del azar, del código postal o de la buena voluntad de un profesional sensible. Sería un avance social, jurídico y ético sin precedentes para todas las personas de mayor edad.

Porque envejecer no debería ser sinónimo de perder el control sobre tu vida. Y los pactos asistenciales nos recuerdan que el mejor cuidado es el que se acuerda, no el que se impone.