Nuevo modelo de residencias: comunismo o libertad… de elección

La parte morada del Gobierno se había empeñado en alcanzar un acuerdo (el que fuera) que avalase su reforma del sistema de acreditación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, es decir, cambiar la normativa para reducir de forma drástica el número de camas en España, provocar una pérdida importante de empleos en los servicios sociales de nuestro país, dificultar la inversión para la construcción de nuevos centros residenciales, tratar de engañar a las comunidades autónomas (Page dixit), y cercenar la libertad de elección de los ciudadanos españoles. ¡¡Y por ahí… las comunidades autónomas no han pasado!!

Qué lástima que ya no queden presidentes autonómicos como Emiliano García-Page, político de raza que antepone los intereses de los ciudadanos castellanomanchegos a los intereses de los partidos políticos. Ha sido este presidente el único de todas las comunidades autónomas que ha alzado la voz públicamente sobre este despropósito presentado por la ministra Belarra, una ministra en tiempo de descuento ante la posible crisis de Gobierno tras el verano y que necesita un pacto que echarse a la espalda. 

Y es que nacía este despropósito sin el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, o dicho de otra forma, el Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a patronal y sindicatos en manifestar su oposición a este documento. Me explico a continuación:

La Mesa de Diálogo social se crea ante el acuerdo que alcanzamos en el mes de junio de 2020 los sindicatos y las patronales del sector de atención a la dependencia. Sindicatos y patronal, hartos de no ser recibidos por el entonces ministro Iglesias, acordamos una serie de medidas para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Como no era muy de trabajar, pero sí de fotos, nos ofreció la creación de una Mesa de Diálogo Social donde rubricásemos ese mismo acuerdo, pero ya con su egregia figura de cuerpo presente (fue la única reunión a la que asistió con el sector de la dependencia). Y nosotros… mordimos el anzuelo.

 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra

 

Pedimos al Ministerio que se hiciera un censo de residencias para conocer y tener perfectamente controladas todas las que hay en nuestro país. Pedimos que se hiciera un estudio diagnóstico por expertos del sector para conocer los principales problemas de que adolece nuestro sistema de atención a la dependencia, y los principales problemas que afrontaremos con el reto demográfico que se nos viene encima. Pedimos que las soluciones a esos problemas fueran consensuadas con los profesionales y empresas del sector, y por último pedimos que se acompañara de una memoria económica que cuantificara los nuevos costes de los servicios a modificar.

¿Me creen si les digo que el censo de residencias se está realizando dos años más tarde? ¿Me creen si les digo que el informe diagnóstico de expertos debe de estar guardado en el mismo cajón que el “comité de expertos de la pandemia”? ¿Me creen si les digo que sindicatos y patronal seguimos estando de acuerdo en mejorar el sistema en contra de las medidas del Ministerio? Y… ¿me creen si les digo que no hay rastro de una memoria económica que indique a las comunidades autónomas el coste que les va a suponer cualquier modificación del sistema?

Y es que la apuesta de este Ministerio se basa en lo que denominan los “cuidados informales”, es decir, que quieren que a los mayores los cuiden los familiares en sus propios domicilios a cambio de una paguita. ¿Y saben quién se suele ocupar de los cuidados informales en nuestra sociedad? Efectivamente, las mujeres de nuestro país, viéndose abocadas a quedarse en los domicilios cuidando de los mayores, de una forma no profesional, saliendo del mercado laboral, y perdiendo todos los derechos que el feminismo español ha recuperado durante los últimos años.

La otra apuesta del Ministerio es que las residencias no pasaran de 50 camas. ¡Manda carallo, que diría el bueno de Ónega! Abandonamos las estructuras profesionalizadas y los edificios modernos con todo tipo de comodidades para volver a los chalecitos semiclandestinos de la sierra donde cuidaban a los mayores sin unas condiciones mínimamente dignas. Las mujeres a cuidar de los mayores en sus casas, y cuando no se pueda, al chalecito de la sierra ,que ahí va a estar usted muy bien tomando el aire puro de los pinos. Al fin y al cabo, economía de posguerra promovida por quien no vivió la transición ni votó la Constitución del 78, y añora la imposición de medidas, el dispendio público y el “usté irá donde yo le diga”. ¿Libertad de elección?... ¡quita, hombre, quita!

Desde esta humilde tribuna animo a Emiliano García-Page y a otros socialistas de raza como Guillermo Fernández Vara a promover la solución real que necesita nuestro país: un pacto de estado para diseñar el sistema de cuidados que merecen las personas mayores de nuestro país. Un pacto de estado que se respete independientemente de quien gobierne en España. El ejemplo del Pacto de Toledo ha sido todo un hito para garantizar las pensiones de los jubilados españoles, y ahora necesitamos ese nuevo pacto entre los grandes partidos con vocación de gobernar. El socialismo de verdad, el que muchos añoramos, fue el impulsor de la ley que garantiza la atención a las personas en situación de dependencia. Necesitamos recuperar la buena gestión, los derechos sociales y el consenso social. Necesitamos políticos valientes y decididos. Necesitamos muchos García-Page. A patronales, sindicatos y plataformas de mayores nos tendrán avalando y trabajando por ese pacto de estado.

PD: Mención aparte merece la abstención tibia y vergonzante de Castilla y León en el Consejo Territorial, quien avala de forma timorata un modelo que ha ahuyentado la inversión en nuevas residencias de esta comunidad y donde en breve contarán con centros obsoletos y con carencia de plazas residenciales.