Aumentan un 38% las quejas al Defensor del Pueblo sobre demoras en la tramitación de la Dependencia

El laberinto burocrático que los dependientes y muchas veces también sus familiares deben transitar para conseguir una prestación –servicio o cuantía económica– sigue siendo "uno de los principales motivos" reclamación al Defensor del Pueblo en materia de cuidados. 

Según se explica en el informe del año 2025, presentado este martes en el Congreso de los Diputados, las quejas sobre demoras relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aumentaron un 38%, con respecto al año anterior. 

Preguntado por 65YMÁS, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido que la "ciudadanía" está "muy inquieta" con este problema y ha reconocido que estas ayudas, "a veces llegan, cuando fatalmente la situación ha cambiado". 

Cabe recordar que, recientemente, la Asociaciones de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó, también en el Congreso, su XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que ponía cifras a este drama: sólo en 2025 fallecieron 32.704 personas inmersos en este tipo de trámites, lo que se traduce en una muerte cada 16 minutos. 

En ese mismo documento aseguraban que, al cierre del año pasado, un total de 258.167 personas se encontraban esperando: de ellas, 148.907 conforman el denominado "limbo de la dependencia", es decir, personas que ya tienen su derecho reconocido pero aguardan al servicio o la prestación, y a estas se suman otras 109.260, que aún estaban pendientes de que se les valore el grado.

Y añadían asimismo que la media nacional en 2025 fue de 341 días para lograr un servicio, lo que incumple, por mucho, el máximo de seis meses estipulado en la Ley para recibir una ayuda.

 

En el informe del Defensor destacan también varios ejemplos de quejas recibidas, dependiendo de la comunidad. Mencionan problemas diferentes detectados como por ejemplo, reclamaciones por demoras en la adjudicación de servicios una vez concedido el programa individual de atención (PIA) en Madrid, Galicia, Canarias o Andalucía, retrasos en adecuar las intensidades de la ayuda a domicilio, también en el caso andaluz, o esperas en la "tramitación de traslados de las personas beneficiarias del SAAD a otras comunidades autónomas", en Cataluña.

Otro asunto que se aborda es "la tardanza en resolver los procedimientos, en los casos de fallecimiento de las personas solicitantes de la cobertura, cuando han transcurrido más de seis meses". En estos casos, explican, la administración "debe" concluirlo, "generándose un derecho para los causahabientes por el periodo transcurrido sin recibir la prestación que hubiera correspondido". Y justifican que esto debería ser así, de acuerdo con lo "dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 15 del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, así como con lo declarado en la Sentencia del Tribunal Supremo 548/2024, de 4 de abril de 2024". Esta circunstancia fue objeto de recomendaciones a consejerías de Galicia y Extremadura, añaden. 

También se incluyen en el documento las actuaciones hechas para pedir información sobre la creación del Grado III+ de dependencia extrema, en cumplimiento con la Ley ELA, y finalmente se señala que, "con respecto a una actuación iniciada años atrás", "la Secretaría de Estado de Derechos Sociales informó no haber avanzado en relación con la regulación de las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los supuestos en que alternan su residencia entre distintas comunidades y ciudades autónomas y en los casos de traslados temporales, para que no se interrumpa la acción protectora del sistema".