Un drama que no cesa: cada 16 minutos muere una persona esperando la ayuda a la Dependencia

El laberinto burocrático para conseguir una ayuda en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) persiste y sigue suponiendo un verdadero drama para miles de familias en España. 

Y es que, a pesar de que el sistema ha experimentado un crecimiento y alcanzaría ya a 1.784.369 personas –el 3,6% de la población española–, la desatención sigue siendo el gran talón de Aquiles del modelo.

Esta es la principal conclusión que se desprende del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado en base a datos oficiales recogidos por la Asociaciones de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha sido presentado este viernes en el Congreso de los Diputados. 

Durante el acto, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha puesto en valor que el sistema, en sus 20 años de vida, ha logrado atender a cuatro millones de personas, pero ha lamentado que estiman que 900.000 hayan fallecido en listas de espera, en ese mismo periodo de tiempo. 

En total, el informe asegura que sólo en 2025 fallecieron 32.704 personas inmersos en este tipo de trámites, lo que se traduce en una muerte cada 16 minutos. 

Al cierre del año pasado, un total de 258.167 personas se encontraban esperando: de ellas, 148.907 conforman el denominado "limbo de la dependencia", es decir, personas que ya tienen su derecho reconocido pero aguardan al servicio o la prestación, y a estas se suman otras 109.260, que aún estaban pendientes de que se les valore el grado.

Estas cifras ponen de manifiesto, apostillan desde la asociación, que, al ritmo de reducción del último año, se tardarían más de 10 en alcanzar la plena atención.

Modelo 'low cost'

Uno de los aspectos más críticos que subraya el informe es la deriva del sistema hacia un modelo de "bajo coste". Argumentan que lejos de priorizar los servicios profesionales que promuevan la autonomía personal, se estarían promoviendo las opciones más baratas.

El dictamen critica el uso masivo del servicio de teleasistencia como prestación única, una situación en la que se encuentran 66.246 personas en España, de las cuales 5.492 son grandes dependientes (Grado III). Y por otro lado, denuncian que el 55,5% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con este servicio, que se pretende universalizar en el proyecto de nueva Ley de Dependencia. 

Asimismo, las intensidades de la Ayuda a Domicilio sería aún muy bajas: una media de 64,6 horas mensuales para los grandes dependientes, lo que equivale a apenas dos horas y cuarto diarias de lunes a viernes, un apoyo claramente insuficiente para quienes requieren atención continua.

Por otro lado, afirman que las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función de este, pero presentan insuficiencias. "Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 549,8 euros/mes (Grado II) y 566,9 euros/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un segundo copago o copago invisible", indican.

Y critican que se abusaría de la Prestación Económica por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que ya supone el 43,7% de todas las prestaciones del sistema –excluyendo teleasistencia y prevención–. Esta paga, puntualizan, tendría un importe medio de 261,55 euros al mes. Una cantía "insuficiente", según ha asegurado José Manuel Ramírez. 

Y esta precarización tendría un profundo impacto de género, señala asimismo el informe. Las mujeres son las grandes sustentadoras de este sistema: representan el 62% de las personas beneficiarias y el 72,3% de las 735.889 personas cuidadoras reconocidas oficialmente.

El Estado, denuncia el informe, estaría descargando su responsabilidad de proveer servicios públicos apoyándose en su trabajo no remunerado o infrapagado, consolidando así la desigualdad.

Derechos que se quedan en el "papel", sin presupuesto

Otro de los asuntos que aborda el dictamen es la falta de financiación. Aunque en 2025 se alcanzó una cifra récord de gasto con 13.506,6 millones de euros –servicios, prestaciones, valoración, gestión...–, dicha cantidad supone únicamente el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español, lo que sitúa al país en la mitad de lo que invierten de media los países de la OCDE. Por dependiente, se gastaría de media 6.015 euros al año o 194, si se calcula por habitante. 

Y el escenario se ha agravado por la paralización del incremento de fondos por parte del Gobierno de España. Tras los avances conseguidos con el Plan de Choque 2021-2023, que inyectó recursos al sistema, el Ejecutivo frenó esta senda en 2024 el aumento previsto argumentando la falta de Presupuestos Generales del Estado, y en 2025, la cifra habría aumentado pero, principalmente, por la inclusión del Grado III+ en cumplimiento de la Ley ELA.

Para que el sistema responda a las necesidades reales, el Observatorio exige un aumento de unos 1.000 millones de euros en los próximos PGE y advierten de que la reciente reforma legal de la Ley de Dependencia no va acompañada de dotación económica y se tramita sin haber cumplido aún con la anterior, pese a los aspectos positivos que pueda tener. 

Por otro lado, el informe incide en que este sector es un motor económico: mantiene 378.805 empleos directos, lo que supone una ratio de casi 40 empleos (39,8) por cada millón de euros de gasto público. Es más, indican, el 39,2% de la inversión retorna a las arcas públicas del Estado en forma de cotizaciones sociales, IRPF e impuestos al consumo.

El mapa de la desigualdad

El dictamen también se centra en la desigualdad territorial, evaluando a las comunidades autónomas a través de una escala de 20 indicadores.

El resultado es desalentador: solo seis regiones logran aprobar. En la cabeza de la clasificación destacan Castilla-La Mancha –8,25 sobre 10– y Castilla y León –7,5–, seguidas por Andalucía y Galicia –ambas con 6,75– y por Comunidad Valenciana –5,75–y Aragón –5,25–. En concreto, José Manuel Ramírez ha felicitado a las dos primeras, poniendo en valor el trabajo realizado para llegar a estas calificaciones y otorgando un reconocimiento a dos representantes de ambas regiones presentes en el acto.  

No obstante, ha matizado, en el extremo opuesto, con deficiencias estructurales graves, se sitúan Extremadura –2,25– y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla –2,5–, cuyo sistema depende del Gobierno central. 

Además, en el informe critican que la media nacional de 341 días de demora incumple el máximo de seis meses (180 días) estipulado en la Ley para recibir una ayuda.

Y lamentan que el "limbo de la dependencia" –personas con derecho pero sin servicio– también dibuje dos Españas: comunidades como Aragón –1,3%–, Galicia –1,5%– o Cantabria –2,3%– tienen este problema controlado, mientras que Canarias lidera esta lista con un 28,6% de sus dependientes desatendidos, seguida de País Vasco –15%– y Cataluña –13,4%–.

Exigencias y futuro del sistema

Ante esta radiografía, donde el esfuerzo de los profesionales y de algunas administraciones choca contra la burocracia y la falta de voluntad política, el Observatorio es tajante: "Al éxito de la longevidad en España no se puede responder con un fracaso de la calidad de vida y los apoyos necesarios para que realmente merezca la pena vivir más".

Por todo ello, se exige un gran "Pacto de Estado por la Dependencia" y simplificar urgentemente la "procelosa" burocracia. Asimismo. se propone unificar el reconocimiento de grado y la asignación del Programa Individual de Atención (PIA) en un solo trámite y se pide avanzar hacia servicios centrados verdaderamente en la persona y frenar la expansión del modelo de bajo coste. Además, recuerdan que más de seis millones de Españoles son "potencialmente dependientes", mientras que el sistema apenas llegaría a algo más del 20%. 

Finalmente, José Manuel Ramírez ha hecho una llamamiento a la transparencia por parte de todas las comunidades autónomas, para poder analizar los datos y realizar propuestas de mejora.