Belarra vs. las residencias: "El Covid ha evidenciado que no atendían adecuadamente a los mayores"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha estrenado este martes en el Consejo de Ministros y ha dado pistas de hacia donde irá el nuevo modelo residencial y arremetiendo contra el sector. 

"Se ha evidenciado que ese modelo residencial no estaba atendiendo adecuadamente ni a las necesidades de las personas mayores y dependientes ni tampoco a sus deseos", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha adelantado que el Gobierno desbloqueará 730 millones de euros, que vienen de fondos de la Unión Europea, para modificar el sector de los cuidados y que se centre más en Ayuda a Domicilio y menos en la asistencia en residencias de mayores.  

?EN DIRECTO
Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y ministra de @Haciendagob, María Jesús Montero, el ministro de @justiciagob, Juan Carlos Campo, y la ministra de @MSocialGob, Ione Belarra, para informar sobre los acuerdos del #CMin https://t.co/Wbu8PPi6nu

— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 20, 2021

"Cuando les preguntamos a las personas mayores, a todas les gustaría ser atendidas en sus domicilios", ha añadido. 

En su intervención, la ministra ha señalado además que esta medida es consecuencia de uno de los "aprendizajes" que la pandemia ha reportado durante el año 2020, que es la "necesidad de una transformación profunda" de los cuidados, tanto a las personas mayores como a aquellas dependientes.

Modelo centrado en la persona

Es por eso que 482 millones de los casi 731 aprobados este martes, y que tienen carácter finalista, se deberán destinar a un Plan de apoyos y cuidados de larga duración. 

Se trata, según ha explicado Belarra, de lograr "un modelo centrado en la persona" y que esta sea atendida en su domicilio mientras sea posible y que las residencias sean "lo más parecido a un domicilio posible", es decir, "más pequeñas" y con "un personal más estable". "Lo contrario al modelo actual", ha indicado la ministra.

Además, 216 millones de los aprobados deberán dirigirse a modernizar los servicios sociales para hacerlos "mas accesibles" y "eficientes" y para impulsar una reforma del sistema de atención a la infancia. Mientras que los 31 millones restantes se destinarán al Plan España Accesible, para eliminar las barreras con las que las personas con diversidad funcional se enfrentan en su relación con las administraciones.

La titular de Derechos Sociales ha indicado, en este sentido, que no se trata solo de la accesibilidad física, la más conocida, sino también en lo que se refiere a la accesibilidad cognitiva que afecta, por ejemplo, a las personas con Trastorno del Espectro Autista.