La Comisión Europea alerta: "En 2035 necesitaremos más de 4 millones de trabajadores de cuidados"

El problema de la falta de personal en el sector de los cuidados no es específico de España. El conjunto de Europa se enfrenta a esta carencia, que irá cada vez a peor, por el progresivo envejecimiento de la población. 

En concreto, el pasado jueves, el subdirector de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Stefan Olsson, dimensionó esta necesidad: de aquí a 2035, se necesitarán cuatro millones de profesionales en la UE –actualmente, habría unos tres–. 

Olsson dio a conocer esta previsión en el marco de la jornada Retos y Políticas en el sector de cuidados de larga duración: una perspectiva multidimensional, que organizó en Madrid la Autoridad Laboral Europea (ELA), y que contó con la participación destacada de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, del director general de la ELA, Cosmin Boiangiu, de técnicos y representantes públicos de diferentes países de la Unión –Francia, Italia, Polonia, Irlanda, Portugal…–, la mayoría de ellos, vinculados a departamentos relacionados con asuntos laborales e inspección, y de representantes de sindicatos y patronales.

Durante su intervención, el subdirector de la Comisión advirtió que si no se abordan los enormes desafíos estructurales del sector, como la necesidad de profesionales, Europa se verá arrastrada hacia una "peligrosa espiral descendente". 

Esta inacción, explicó, se traducirá en mayores costes, un déficit de mano de obra más agudo y una sobrecarga para las cuidadoras informales, en su mayoría mujeres. 

Por ello, situó este problema como una prioridad, aseguró que “para conseguir" estos profesionales "tenemos que valorar su trabajo, crear condiciones y formación, lo que significa realmente romper con la práctica actual" y propuso ver esta apuesta "no como un coste, sino como una inversión", tal y como se entiende, apostilló, en la Estrategia Europea de Cuidados de 2022. 

 

En ese mismo sentido, recordó el esfuerzo financiero que la Unión Europea está desplegando con 22 Estados miembros que ya están utilizando el Fondo Social Europeo sumando casi 7.000 millones de euros a los que se añaden 8.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a apoyar reformas en este ámbito. 

Y de cara al futuro, fijó la meta de formar al 60% de los profesionales cada año en digitalización y atención centrada en la persona, adelantando igualmente la llegada próxiamente de normativas como el paquete de movilidad laboral justa y una ley de empleos de calidad.

Los sindicatos advierten sobre el éxodo de trabajadoras

Otra de las intervenciones destacadas de la jornada fue la que realizó Samantha Howe, que acudió al evento en representación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. 

Aportó una mirada crítica sobre las condiciones que empujan a miles de profesionales a abandonar el sector cada año y denunció que la migración, sin aplicar en paralelo mejoras, es una "solución barata a corto plazo" para tapar las carencias del sistema. 

Aunque reconoció que la movilidad transfronteriza puede ofrecer a las trabajadoras oportunidades, mejores ingresos, formación y el vital envío de remesas para sus seres queridos, también advirtió de que las expone a enormes vulnerabilidades como la separación familiar, las barreras idiomáticas, la falta de reconocimiento de títulos, el aislamiento social y el riesgo de sufrir explotación laboral. 

Howe hizo especial hincapié en el drama silencioso de las trabajadoras internas quienes a menudo dependen de un empleador específico para mantener su estatus legal o visado lo que las incapacita para denunciar abusos o jornadas interminables por el miedo constante a la deportación o a perder sus indispensables ingresos. 

 

Respecto al éxodo masivo de profesionales del sector, fue tajante, afirmando que las trabajadoras no se marchan porque no les importen los cuidados o los usuarios sino porque "las condiciones han hecho imposible que se queden" tras haber sido llevadas al límite absoluto de sus capacidades físicas y mentales. 

Denunció la existencia de un "círculo vicioso" donde la preocupante escasez de personal genera cargas de trabajo cada vez más inasumibles lo que provoca un enorme estrés, graves lesiones musculoesqueléticas y un profundo desgaste emocional. 

Principales conclusiones del informe de la ELA

Varios de los problemas denunciados por la sindicalista se recogen en el informe The 2026 ELA Report on Long-Term Care, que también fue presentado el pasado jueves. 

El documento pone algunos ejemplos del abandono del sector, como los casos de Francia, con un 25% de rotación anual en 2023, o de Alemania, donde llegaría al 30%, según los sindicatos. 

Además, dibuja un sector de cuidados de larga duración atravesado por una inminente crisis estructural de oferta. 

Con más de 3,2 millones de profesionales en la UE, la fuerza laboral presenta una feminización extrema, ya que más del 86% son mujeres, y un envejecimiento preocupante, con más del 40% superando los 50 años de edad.

Ante la previsión de que la población mayor de 80 años crezca un 44% para el año 2040, el sector depende cada vez más de la movilidad laboral y la migración. 

Casi el 14% de los cuidadores son trabajadores móviles, en su inmensa mayoría nacionales de terceros países, quienes están fuertemente sobrerrepresentados en los segmentos más invisibilizados y menos regulados, como el trabajo domiciliario o de internos.

El documento también evidencia que las condiciones laborales se caracterizan por una precariedad sistémica que disuade la contratación y fomenta el abandono masivo.

Las remuneraciones son inferiores a las medias nacionales, rondando en la mitad de los Estados miembros el 80% o menos del salario medio por hora respecto al resto de la economía.

Esta realidad salarial se agrava por el abuso de acuerdos contractuales atípicos, operando un 40,3% de la plantilla a tiempo parcial y cerca de un 16% con contratos temporales.

 

Sumado a jornadas extenuantes, trabajo nocturno y en fines de semana, así como a las altas exigencias físicas y emocionales, el sector registra una incidencia de accidentes laborales no mortales notablemente superior a la media económica general, mermando dramáticamente su atractivo.

Finalmente, el estudio alerta sobre un grave déficit de fiscalización y un nivel endémico de trabajo no declarado, con los mayores picos de irregularidad concentrados en la intimidad de los domicilios. Se estima que la economía sumergida afecta en torno al 35% del empleo total en el cuidado, escalando hasta casi el 70% en el trabajo doméstico directo. 

Además, se detalla que las autoridades laborales se enfrentan al mayúsculo obstáculo jurídico y práctico de no poder inspeccionar los hogares privados sin el consentimiento de los propietarios o una orden judicial, lo que convierte a estos entornos en focos críticos de vulneración de derechos. 

Esta opacidad normativa se ve exacerbada por complejas cadenas de subcontratación transfronterizas y el uso fraudulento de la figura del falso autónomo, por lo que la ELA urge a impulsar activamente las Inspecciones Conjuntas y Concertadas (CJIs) entre diferentes países europeos para desmantelar estos abusos y garantizar coberturas sociales dignas