La denuncia pública de una familiar sobre una residencia de mayores en País Vasco: "Una pesadilla"

Virginia Merino Beitia, familiar de una persona residente durante dos años en el centro Tabira Berri de Durango, ha denunciado públicamente en las Juntas Generales de Bizkaia y ante las autoridades judiciales la situación de precariedad y las graves deficiencias que atraviesan las personas usuarias de esta residencia.

El testimonio, que describe una situación de "pesadilla", se centra en la falta de personal, higiene y alimentación, el mantenimiento deficiente, y la desatención institucional por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, recogen en un comunicado emitido por las Juntas Generales.

El hecho más grave relatado se refiere a la caída sufrida por su madre el 24 de mayo de 2024. La residente, calificada con Gran Dependencia de tercer grado, se precipitó desde una silla que no disponía de apoyabrazos, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y roturas en la mandíbula y el hueso occipital.

Merino Beitia, aseguran en el comunicado de las Juntas Generales, ha interpuesto una denuncia por negligencia tras visualizar las grabaciones de seguridad del centro, las cuales, según afirma, contradicen la versión oficial, que atribuyó el accidente a un tropiezo con butacones.

La denunciante señala que el centro no cumple con los estándares mínimos de calidad. Entre las irregularidades mencionadas destacan “ratios de personal insuficientes” –una sola trabajadora para atender a diez personas grandes dependientes–, falta de higiene, mobiliario inadecuado y fallos en el funcionamiento de las grúas de traslado. Asimismo, relata brotes recurrentes de sarna (escabiosis) que no fueron comunicados debidamente y una alimentación insuficiente y de mala calidad.

Respecto a la labor de la Diputación Foral de Bizkaia, la familiar critica la falta de inspecciones efectivas. Asegura que el centro recibe avisos previos a las visitas de control, lo que le permite reforzar temporalmente el personal para aparentar que las ratios se cumplen. Además, denuncia que las respuestas de la administración foral a sus quejas han sido automáticas y, en ocasiones, han incluido datos erróneos de otros usuarios y usuarias fallecidos.

Finalmente, la familiar solicita a los grupos políticos y a las instituciones competentes una intervención inmediata y una investigación exhaustiva sobre la gestión de la residencia, que está en manos de una persona que gestiona otros pisos comunitarios y residencias y que lanza “amenazas” a trabajadoras y residentes, para garantizar la integridad y el bienestar de las personas mayores dependientes.

Desde los grupos junteros de la oposición, han planteado distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas la petición de una comparecencia “urgente” de la diputada de Acción Social, para que aclare la situación y se establezcan las medidas correctoras correspondientes. Los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral han lamentado profundamente la situación vivida por la compareciente y se han comprometido a transmitir la situación al departamento que dirige Amaia Antxustegi.