Sociedad

Los ecologistas ven insuficientes las medidas urgentes del Gobierno contra la pobreza energética

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Foto: Riccardo Annandale (Unsplash)

Miércoles 20 de mayo de 2020

4 minutos

Ecologistas en Acción y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético piden una ampliación inaplazable

Los ecologistas ven insuficientes las medidas urgentes contra la pobreza energética

Ante las medidas urgentes puestas en marcha por el Gobierno de España para garantizar el suministro de los servicios esenciales mientras dure el estado de alarma, Ecologistas en Acción (@ecologistas) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (@NuModEnergetico) han solicitado a través de un manifiesto emitido hace unos días la ampliación de estas actuaciones que alcancen a los sectores de la población que más sufren las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Con este movimiento, siguen la senda ya iniciada hace unas semanas por la Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat) que urgía a garantizar suministros gratuitos para las familias más vulnerables.

Las organizaciones ecologistas, por su parte, afirman que “nos encontramos con cifras terribles, que nos muestran que casi una cuarta parte de la población se encuentra en situación de precariedad frente al resto”, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) del año 2018.  La paralización de una gran parte de la actividad económica debido a la pandemia global provoca que cada vez más personas sufran una disminución tan severa en sus ingresos que ven amenazadas sus condiciones actuales de vida. 

Porque los efectos económicos afectan en primer término a este 26,1% de la población que ya se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, pero los últimos datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) durante el primer trimestre de 2020, con un 14% de paro, indican que además se está produciendo un aumento en la desigualdad y la pobreza. El descenso en las rentas está incrementando las personas que acuden a los comedores sociales, las solicitudes de ayuda a los bancos solidarios de alimentos, las solicitudes de moratorias en préstamos e hipotecas y las solicitudes de reducción o incluso condonación de las mensualidades por alquiler de vivienda.

Actuación urgente contra la pobreza energética

Algunas de estas propuestas elaboradas para la Semana Europea contra la pobreza energética, como la optimización de los contratos de suministro, ajustando el término de potencia a la demanda real y eligiendo las tarifas que mejor se adapten al horario de los hábitos de consumo de cada persona para no pagar por encima de sus necesidades, son para Ecologistas en Acción y Px1NME más necesarias que nunca. Esta actuación, a juicio de las organizaciones, debería hacerse de manera obligatoria por parte de las compañías distribuidoras, responsables de la recogida de los datos de consumo, y debería aplicarse de manera inmediata el tipo de IVA reducido al 4 % para todas las facturas a la que aplique el descuento por bono social.

Asimismo, Ecologistas en Acción y Px1NME lamentan que “la medida excepcional de ampliación del bono social al colectivo de trabajadores autónomos y pymes que hayan visto cesada su actividad o reducida su facturación como consecuencia de la COVID-19 no pueda aplicarse de la misma manera excepcional a trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena que han perdido sus empleos como consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia, ya que muchos de ellos ni siquiera han sufrido un ERTE sino que simplemente ha finalizado su contrato de obra y servicio, por ejemplo”.

Datos no actualizados del bono social

“Y es que –prosiguen las organizaciones– aunque nuestros ingresos hayan sufrido una merma de manera radical, nos encontramos con que al solicitar el bono social, los datos económicos que constan en la aplicación que las comercializadoras – controladas por las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola o Naturgy– van a revisar son los del 2018 (no hay otros), de modo que puede que en aquel momento no estuviéramos en los parámetros de renta aplicables a la concesión del bono social, pero ahora sí”, aseguran.

Ecologistas en Acción y Px1NME unen a lo expuesto las dificultades que surgen para la acreditación de las circunstancias especiales reconocidas: discapacidad, ser víctima de violencia de género o condición de víctima del terrorismo o encontrarse en situación de dependencia reconocida de grado II o III, puesto que deben dirigirse a los servicios sociales, actualmente colapsados. En el caso de familias monoparentales, que deben acreditarlo con el libro de familia y el certificado de empadronamiento, o en el caso de las personas pensionistas, que deben acreditar su renta con el certificado de ingresos facilitado por la seguridad social.

Por último, las organizaciones señalan que les parece “muy necesaria la medida de prohibición de cortes de suministro de servicios básicos como agua, electricidad y gas por impago, pero que no deja de ser un endeudamiento a futuro, puesto que no supone una anulación de las facturas de los suministros, sino un aplazamiento de su pago, por lo que proponemos la implantación de mecanismos suficientes de protección adicional a esta problemática”.

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