Sociedad

La Alianza contra la Pobreza Energética urge a asegurar suministros gratis para los vulnerables

Marta Jurado

Viernes 10 de abril de 2020

5 minutos

Consideran el "Escudo social" del Gobierno "insuficiente" y llaman a las eléctricas a hacerse cargo

ridham parikh xI9IKZWbRCA unsplash

En medio de esta crisis provocada por la pandemia global del coronavirus, preocupan los colectivos generalmente olvidados, los vulnerables y que ya partían de una situación de precariedad. Entre ellos destacan los afectados por la pobreza energética, que antes del coronavirus rondaban el 15% de la población y que ahora podrían ser muchos más. Por eso diversos colectivos sociales abogan por garantizar suministros gratuitos para esta población y que las empresas energéticas, como Iberdrola (@iberdola), Naturgy (@NaturgyClientEs) o Endesa (@Endesa) asuman las facturas, al menos durante este periodo. 

A pesar de que el Gobierno ha ampliado la prohibición de cortes de luz y gas a toda la población y la moratoria de los pagos de los suministros básicos para los más vulnerables en el segundo Real Decreto 11/2020 aprobado el pasado 1 de abril, "las medidas siguen siendo insuficientes". Así lo creen los colectivos que luchan contra la pobreza energética, que reclaman más medios para resolver la situación de vulnerabilidad de estos ciudadanos. Según la Alianza contra la Pobreza energética (@APE_Cat) quedan todavía asuntos sin resolver como la cuestión de los posibles impagos durante este periodo y critica al Gobierno por no establecer ningún mecanismo para evitar el endeudamiento de las familias vulnerables y afectadas por la crisis sanitaria.

Las lagunas de los suministros garantizados 

La Alianza contra la Pobreza Energética valora la extensión de la prohibición de los cortes de suministro, no solo a los colectivos vulnerables, sino a todos los “consumidores personas físicas en su vivienda habitual" mientras que dure el estado de alarma presente en la ampliación del "Escudo Social" contra el coronavirus, cuya restricción a solo familias consideradas vulnerables era según ellos "la mayor laguna del anterior Real Decreto-ley, el 8/2020 aprobado hace tres semanas. "El principal problema de la medida aprobada anteriormente era que, según su literalidad, se excluía de esta protección a todos los consumidores que, a pesar de encontrarse en situación de vulnerabilidad, tuvieran su suministro contratado en el mercado libre", resaltan.

Ahora se amplía su concepto, pero según reclaman desde las plataformas de consumidores, se podría ir más allá y asegurar su gratuidad para los colectivos vulnerables. "El Gobierno también paraliza los plazos para llevar a cabo la suspensión del suministro, para que de esta forma no puedan producirse cortes el día después de que se levante el confinamiento si las familias no han podido pagar. Se trata de una medida acertada, pero que no sería necesaria si, tal y como venimos reclamando, se aprobara la gratuidad del servicio para las familias vulnerables y las afectadas por la crisis sanitaria, y de forma definitiva se prohibieran los cortes a estas familias en todo momento".

Factura de la luz

Ampliación del bono social a trabajadores afectados por la crisis

El nuevo Real Decreto-ley de cobertura social amplía los sujetos beneficiarios del bono social eléctrico y lo extiende a los consumidores que acrediten con fecha posterior al 14 de marzo de 2020 “que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducido en, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior”, siempre que cumplan unos requisitos de renta concretos.

Pero desde las plataformas sociales señalan la "ineficacia del bono social como mecanismo para hacer frente a la pobreza energética". En primer lugar, consideran que el descuento del 25% es insuficiente en un contexto de confinamiento en que las familias están encerradas las 24h del día en sus hogares y cuyos consumos domésticos se disparan. En segundo lugar, "el infierno burocrático que supone su tramitación deja a mucha gente fuera" y hace que no todas las familias posiblemente beneficiarias van a acceder a él, entre las que destacan los mayores de 65 años debido a la brecha digital.

Llamada a las compañías a hacerse cargo

"Estos días hemos sido testigos de cómo las grandes compañías energéticas han hecho campañas de marketing anunciado grandes donaciones y supuestas medidas de ayuda para superar la crisis de la COVID-19, lo que añade aún más certeza al hecho de que es más que posible asumir a cargo de sus ingentes beneficios la puesta en marcha de esta medida", señala la portavoz de la APE, María Campuzano. "La mejor ayuda para las familias no es solo garantizarles el suministro sino transmitirles que, en caso de incapacidad para asumir el pago de sus facturas, no se generará una deuda impagable en el futuro". 

"Hay que tener en cuenta que durante este confinamiento estamos pasando las 24 horas del día en casa y las facturas de suministros básicos van a subir porque estamos haciendo un mayor consumo en el hogar. La gente que ya era vulnerable y tenía problemas para pagar, tendrá ahora más apuros, y por otro lado los que hayan perdido su trabajo, también van a encontrarse con dificultades", recuerda Campuzano. Por eso le hemos trasmitido al Gobierno, que los costes para estas familias sean asumidos por las empresas. Sin embargo, el Ejecutivo parece no querer molestar a las eléctricas y lo han recargado sobre el bono social eléctrico, –solo de luz, no de agua ni de gas–. "Se ha pedido a todo el mundo que arrime el hombro, incluidas las de Sanidad ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las empresas encargadas de suministros básicos?", puntualiza.

Ley de Rentas mínimas

El secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez (@nachoalvarez_), se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (@Plataforma3sect), compuesta por 30.000 ONG, a incluir el 95% de sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la situación social que está desencadenando el Covid-19.

Así lo explicó este martes el presidente de la PTS, Luciano Poyato, tras reunirse por segunda vez con Álvarez desde el inicio de la pandemia, con el objetivo de avanzar en la aprobación de los mecanismos necesarios para paliar los efectos del coronavirus en la población más vulnerable, teniendo en cuenta las necesidades y demandas reales de las entidades sociales y las personas a las que atienden.

Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales también se comprometió a aprobar una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social. Uno de los apartados más criticados del "Escudo Social", ya que actualmente existe una 'ad hoc' para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc) y también a poner en marcha a la mayor brevedad posible la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Habrá que ver cómo evolucionan estas promesas en pleno estado de alarma.

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