Sociedad

Estas son las comunidades autónomas que más invierten en dependencia y las que menos

65ymás

Miércoles 28 de octubre de 2020

1 minuto

Los gerentes de servicios sociales radiografían el sistema de dependencia en España

Estas son las comunidades autónomas que más invierten en dependencia y las que menos
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La Comunidad de Madrid invierte en dependencia 179 euros por habitante al año, una cifra inferior a la media nacional (183), que la sitúa en la novena posición en el ranking por CCAA de inversión en este ámbito, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (@Ascdiresociales), una clasificación que lideran País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros), y Castilla y León (261 euros).

La asociación sostiene que, según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 83,9% y la aportación estatal "se ha reducido en el 16,1%, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones de euros".

En el caso de la región madrileña, de un gasto total superior a 1.191 millones de euros de gasto público certificado el pasado año, la Comunidad de Madrid aportó el 82,6% (984,58 millones), mientras que el Estado aportó el 17,4% (206,9 millones de euros).

Los directores y gerentes aseguran que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ve "obvio" que "independientemente de la inestabilidad política alguien ha considerado otras prioridades".

Las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros) y Castilla y León (261 euros), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143).

Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron Baleares (+32%), C. Valenciana (+18%) y Canarias (+16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (-1,6%) y Cataluña (-2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron. En el caso de la Comunidad de Madrid la partida presupuestaria en 2019 se vio incrementada en un 5%.

Otro dato facilitado por los gerentes es que el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, fue de 7.948 euros al año de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley.

Los gerentes de servicios sociales consideran, a tenor de estos datos, que existe una imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración.

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Sistema en retroceso

"El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año y existen 27.116 fallecidos en el 'limbo de la dependencia', personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados", consideran.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, según recuerdan los gerentes, apelando a circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad". En su opinión, "la aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto".

Los directores de servicios sociales lamentan que "toque otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año". La asociación vaticina que el anuncio implicará –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad– un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. "Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros sin contar con los retornos inducidos", precisan.

Hasta entonces, lamentan, "a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio".

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