Podemos presenta enmiendas a la Ley de Dependencia: plantea desprivatizar los servicios

La formación política Podemos ha planteado enmiendas a los proyectos de Ley de Dependencia y de Discapacidad. Según asegura la agencia Servimedia, la formación que dirige la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, habría propuesto una serie de cambios como "desprivatizar" la prestación de los servicios que se incluyen en la Ley de 2006 –la de dependencia– y que estos deban ser dados por "entidades públicas". 

Además, habrían planteado que la norma recoja la subida de las prestaciones económicas y su vinculación al SMI, con el objetivo de que queden "actualizadas".

Por otro lado, propondrían "flexibilizar" el acceso al Grado III+ creado recientemente, en cumplimiento de la Ley ELA, para que llegue a pacientes con evolución similar. Este nivel de Dependencia tiene aparejadas una serie de recursos y de cuidados de mayor intensidad. 

Procedimiento parlamentario

Cabe recordar que el proyecto de Ley está actualmente inmerso en su trámite parlamentario, tras el rechazo de la enmienda a la totalidad planteada por Junts.

Hace un mes, el Pleno del Congreso aprobó, sin ningún voto en contra –y la abstención de EH Bildu–, la solicitud de avocación de la misma.

En ese sentido, el pleno decicidó asumir directamente la tramitación, debate y votación de la reforma de estas leyes, saltándose el paso previo habitual de pasar por la comisión parlamentaria especializada.

Previamente, la Cámara Baja había dado luz verde el pasado mes de diciembre a la toma en consideración de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

En su discurso en la tribuna del Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, puso en valor que "es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de la discapacidad y la dependencia", y destacó que responde a las necesidades del reto demográfico al que se enfrenta España.

Entre otras medidas, el texto legislativo suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

También establece la teleasistencia como un derecho y recoge el reconocimiento automático de la discapacidad para las personas a las que se les reconozca una situación de dependencia.

Además, la norma genera obligaciones para que la sanidad, la vivienda, los ayuntamientos y el patrimonio histórico sean universalmente accesibles, y establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras.

Asimismo, en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, y reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo de todas las niñas y niños.