20 años de la Ley de Dependencia: expertos denuncian que los problemas estructurales persisten

Este año se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia, promovida en 2006 durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. 

La norma contó con un amplio consenso: votaron a favor tanto el PSOE como el PP, aunque CIU y PNV se opusieron, principalmente, por un asunto de invasión de competencias.

Esta tramitación fue vista como una de las medidas estrella del Ejecutivo de aquel entonces con la que se consolidaban los cuidados como el "cuarto pilar" del Estado del Bienestar.

Ahora bien, muchos de los problemas que ya anticipaban los expertos cuando se creó la norma, como la desigualdad territorial, la falta de financiación o la excesiva burocracia para valorar y asignar prestaciones que genera listas de espera interminables –el tiempo medio supera los 300 días–, siguen vigentes a día de hoy. 

Para corregir estas deficiencias, en los últimos años, se ha tratado de dotar al sistema de más recursos –que habían quedado menguados por los recortes posteriores a la crisis económica–, con medidas como el Plan de Choque de 2021. 

Y en paralelo, se ha tratado de modernizar el sistema con el nuevo modelo de residencias de 2022 –más ratios de personal, formación, centros hogareños…–, la estrategia de desinstitcionalización de 2024 –cuidados en el entorno comunitario y centrados en la persona– o la propia reforma de la Ley de Dependencia –flexibilizar, aumentar derechos, añadir nuevas prestaciones, papel de la tecnología…–, que está actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

Eso sí, estas políticas, pese a que puedan ir en el buen camino, no bastan: es necesario un mayor impulso, sobre todo, en materia de financiación, ya que no es sólo una cuestión de corregir errores del pasado, sino de prepararse ante una realidad que ya está aquí: el progresivo envejecimiento de la población, que va a provocar que aumente considerablemente el número de dependientes que necesitarán de atención profesional –el número de solicitudes no para de incrementarse año a año–. 

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada La protección a las personas dependientes, personas con discapacidad y su inclusión social, organizada por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, en la sede del Consejo Económico y Social (CES), con motivo de los 20 años de la Ley de Dependencia. 

Un acto, que ha contado con la intervención destacada de Mayte Sancho, directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso); Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España; José Luis Monereo, presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social; José Antonio Rueda, vocal del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga; Francisca Romero, vocal del Comité Ejecutivo de la AESSS; Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal; Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO; María Carmen López, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia; y Pilar Charro, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Universidad Rey Juan Carlos. 

Durante su intervención, José Luis Monereo, presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, ha destacado la extraordinaria importancia de la aprobación de la Ley de 2006, la cual supuso la creación de un nuevo marco de protección. Sin embargo, ha sido crítico con su diseño e implementación competencial, señalando que el "sistema ha tenido muchísimos fallos desde el principio", derivados, en parte, de la descentralización hacia las comunidades autónomas, una burocratización excesivamente lenta y unas dramáticas listas de espera que dejan a las personas vulnerables desprovistas de sus derechos. Además, ha lamentado que no se optara desde el comienzo por integrar este sistema en la Seguridad Social, lo que podría haber evitado la actual desigualdad entre regiones.  

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, y encargado de inaugurar el evento, ha asegurado que se ha “progresado” en los últimos años, aunque ha reconocido que todavía hay mucha “tarea pendiente”. “Tenemos que ser razonablemente positivos”, ha comentado. 

Por su parte, José Antonio Rueda, vocal del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, se ha centrado en la reforma de la Ley de Discapacidad, poniendo en valor el cambio, pero asegurando que "el reconocimiento de derechos llega tarde" y que el proyecto podría “haber sido más ambicioso”. Asimismo, ha afirmado que la norma es "excesivamente programática". “Cuando hablamos de igualdad tenemos que obligar de forma concreta. No es una carta a los Reyes Magos”, ha asegurado. 

Aspectos de mejora del sistema

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda en la que se han dado claves para la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. 

Mayte Sancho, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ha explicado que, visto que existe "un acuerdo conceptual y de contenidos", espera que el proyecto de Ley se termine aprobando.

El cambio normativo, ha señalado, se centra en cuatro ejes fundamentales: nuevas prestaciones, profundización en derechos, flexibilización de la burocracia y desarrollo tecnológico. 

Eso sí, la directora del Imserso ha reconocido que el proyecto no entra en ciertos aspectos como puede ser el copago –por un asunto competencial– o la financiación.

En este segundo caso, Sancho ha compartido que “es una Ley poco dotada económicamente” y ha subrayado la importancia de alcanzar un “acuerdo” para aumentar la cuantía de fondos que se destinan a los cuidados, que ha definido como “misera”. En ese sentido, ha comentado que “todo el mundo" es plenamente consciente de que no se puede mantener el sistema " con un gasto del 0,8% del PIB” –la media de la OCDE se sitúa en el doble–. 

Por otra parte, la directora del Imserso ha criticado que no hay suficiente "consciencia social" respecto a la importancia de la Dependencia, cosa que sí que ocurriría, por ejemplo, con las “pensiones”.

Finalmente, ha reconocido que es necesario dar más horas de atención en domicilio y mejorar el modelo, para que todo el peso no recaiga en las familias. Y ha lamentado la escasa coordinación sociosanitaria, así como la persistencia de las listas de espera que ha calificado como “horribles". “Tenemos muchísimas tareas por delante”, ha apuntado. 

Durante su intervención, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha criticado que la falta de financiación del sistema. Ha asegurado que en los comienzos, se prometió que el Estado aportaría el 50% y las comunidades el otro 50%, pero que esto no ha sido así, sobre todo, debido a los recortes que se produjeron tras la crisis económica. 

Por contra, ha detallado, se ha implementado un sistema de tres tercios: la administración central aporta algo menos del 30%, tras el Plan de Choque, y el resto se reparte entre las regiones y el copago –se desconoce qué porcentaje representa–.

Bravo también se ha referido al empleo y a la necesidad de trabajadores en un sector en crecimiento, pero cuyos profesionales están poco valorados y remunerados. 

Respecto al cambio en la Ley de Dependencia, Bravo ha asegurado que es una "buena noticia" y ha pedido "voluntad política" para abordar los cambios, "servicios profesionales", mayor "financiación", "transparencia" por parte de las comunidades autónomas y que se esclarezca qué parte de las prestaciones se realiza por "copago".

María Carmen López, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia, que ha partipado en el acto de forma telemática, ha intervenido en el acto aportando su doble perspectiva, académica y personal, al estar diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Aunque ha reconocido el gran impacto social de la Ley de Dependencia, ha advertido asimismo de la urgencia de reducir las listas de espera y subrayado la necesidad de adaptar las prestaciones a las necesidades y preferencias de la persona y no al contrario.

Además, ha valorado la reciente aprobación de la conocida como 'ley ELA' como un auténtico hito histórico que protege la vida y la dignidad, pero ha criticado duramente su defecto de origen, ya que la norma "carece de memoria económica", lo que está retrasando dramáticamente la llegada de las ayudas.

Por último, Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, coincide con el diagnóstico de que la implementación ha presentado múltiples fallos, señalando que el sistema ha colaborado más con la atención a la dependencia que con la verdadera promoción de la "autonomía personal", lo que ha dificultado que la vida independiente sea una realidad para muchas personas.

Y ha avisado sobre los graves déficits actuales, tales como la excesiva burocratización, las miles de personas en listas de espera y la clara "insuficiencia de recursos económicos".

En cuanto a las reformas legislativas, Saravia ha valorado positivamente la asimilación de los grados de dependencia a los de discapacidad, ya que evitará que las personas tengan que "recorrer dos circuitos" administrativos distintos.