Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), miembros de la asociación ABTE Candelaria, han organizado un ciclo de conferencias en la Universidad de Granada (UGR) con el objetivo de promover la creación de la primera Ley de Protección Integral contra el maltrato a los mayores –puedes firmar aquí–.

Bajo el lema Porque su dignidad es nuestra responsabilidad, el primer evento, que se celebrará a las 17:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, nace de la urgencia por visibilizar las carencias del sistema actual frente a la vulnerabilidad de las personas mayores, indican en un comunicado.

Durante el encuentro, se analizarán los desafíos normativos vigentes, el impacto de la dependencia y la importancia de fomentar el ocio y el deporte como mecanismos de prevención.

De este modo, los organizadores buscan establecer soluciones legislativas concretas frente al edadismo y la desprotección que sufren muchos mayores en la actualidad.

El acto estará presidido por Manuel José Pérez, decano de la Facultad de Ciencias de la UGR, y ha convocado a otras autoridades académicas y a los decanos de distintas facultades de la ciudad.

El panel de expertos estará formado por figuras como el ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García; el vicepresidente y coordinador jurídico de la propuesta, Francisco Contreras; y el presidente de ABTE Candelaria y promotor de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), Juan Nieto.

A ellos se sumarán importantes voces del tejido social, como Eduardo Ortega, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada, y Antonio Montes, vocal de Actividades Intergeneracionales.

La asistencia al acto será de entrada libre hasta completar el aforo.

¿Por qué es necesaria una ley específica?

Según explicaba a este diario el propio Contreras en junio de 2025, la necesidad de una ley específica contra el maltrato al mayor radica en que la legislación actual –Código Penal, Constitución y Ley de Dependencia– se ha demostrado insuficiente e ineficaz. 

Actualmente, contextualizaba, el Código Penal contempla claramente delitos como el maltrato físico o el abandono, pero en otros aspectos como el emocional o económico no es tan preciso. 

Y todo ello, sumado a la dispersión legal actual y a la falta de un "criterio unificado a nivel nacional" dificultan la detección y la respuesta, haciendo que "mucha gente se quede sin ser atendida". Sobre todo, apostillaba, cuando este tipo de situaciones se dan en el entorno cercano, puesto que no se suele denunciar por el "vínculo económico y emocional". 

Por todas estas razones, señalaba, habían presentado esta ILP para que se crease una ley, "no meramente sancionadora, sino fundamentalmente preventiva", que especifique claramente "qué tipo de maltrato existe, de qué manera se detecta, cómo se puede evitar y cómo se debe atender en caso de que se produzca".

Un texto, puntualizaba, que pretende dotar a las administraciones y profesionales (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, educativos...) de herramientas e "indicadores claros", facilitando la denuncia y la intervención coordinada.

Además, indicaba, esta ILP busca también cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que "han subrayado la necesidad de desarrollar marcos legales sólidos que prevengan de estos abusos, protejan su dignidad y garanticen su bienestar". "Era algo que hacía falta, pero nadie se atrevía a dar el paso", afirmaba.

La ILP

Según se estipula en el texto de la ILP, al que tuvo acceso 65YMÁS, la legislación se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.