Pujol, edadismo y demencia: el cóctel explosivo para desatar la polémica

El 'Caso Pujol' ha logrado poner, aunque sea por una horas, el foco mediático en una palabra que no suele ocupar demasiados titulares, el edadismo. Y es que la discriminación por edad ha sido uno de los detonantes de la polémica generada en los últimos días en torno al juicio contra la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito y por la fortuna oculta en Andorra. Aunque la Audiencia Nacional ha dejado al expresidente de la Generalitat Jordi PujolI i Soley (95 años) fuera del juicio al confirmar este lunes en Madrid que sufre deterioro cognitivo, la polémica estaba servida días antes. Todo empezaba con la decisión del juez, José Ricardo de Prada, de citar presencialmente al expresidente de la Generalitat este mismo lunes, argumentando la necesidad de evaluar su estado de salud en persona para evitar prejuicios que podrían "caer en el edadismo" y decidir si estaba en condiciones de declarar.

Para de Prada, apartar a un acusado del banquillo basándose exclusivamente en su fecha de nacimiento constituye "una forma de prejuicio y estigmatización procesal". Por ello, defendió el pasado viernes ante preguntas de la defensa la necesidad de un examen médico presencial en Madrid antes de descartar su capacidad de defensa, lo que ha generado controversia sobre la delgada línea entre las necesidades legales y la dignidad del afectado, además de las diferentes visiones desde Madrid y Cataluña. Hay que recordar que el pasado noviembre médicos forenses de los juzgados de Barcelona ya habían acreditado que el líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sufría "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

Apelaciones al "sentido común" para evitar el traslado

La decisión del juez para que Pujol viajase a Madrid ha chocado frontalmente con el entorno político de Cataluña, que se ha mostrado radilcalmente en contra. El President de la Generalitat, Salvador Illa, apelaba al "sentido común" para evitar el traslado desde Barcelona, y formaciones como Junts y ERC tacharon la citación de "escarnio público". "ERC está en contra de cualquier corrupción, pero intentar hacer escarnio de una persona que tiene casi 100 años obligándola a ir a Madrid es una forma de corromper la dignidad", ha opinado Oril Junqueras. El doctor Jaume Padrós, médico personal de Pujol, ha tildado la decisión de "muy cruel" al considerar que los informes ya acreditaban un "trastorno neurocognitivo mayor". Todos han celebrado posteriormente la decisión de que Pujol quede fuera del juicio.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este lunes que "si Jordi Pujol no se llamara Jordi Pujol y no hubiera sido la persona que ha sido, no iría a declarar ni estaría en este juicio. Pero se llama Jordi Pujol, y ha sido quien ha sido". Preguntado en la Ser por si pone la mano en el fuego por Jordi Pujol, ha contestado que "sí, absolutamente". También titulares de los principales medios nacionales y catalanes, así como las redes sociales han puesto en el foco el debate sobre la justificación de "evitar el edadismo" del juez.

Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat.

— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 27, 2026

La perspectiva jurídica: el riesgo del "edadismo inverso"

Desde el ámbito jurídico, los expertos matizan la estrategia del tribunal. El abogado especializado en personas mayores, Eduardo Ortega, de EO Abogados advierte de un riesgo "seguramente inconsciente" de justificar las citaciones bajo el paragüas del "evitar el edadismo". "Al intentar evitar una discriminación por edad, se vuelve a colocar la edad en el centro del razonamiento". Ortega opina que esto no beneficia a nadie y que el foco no debería ser la edad, sino practicar una "valoración seria, objetiva y técnicamente solvente sobre su capacidad real para participar en el proceso".

Por su parte, abogados del departamento penal de Legálitas, consideran que la actuación de la Audiencia Nacional se basa en el principio básico de que "la ley es igual para todos" y recuerdan que "no hay tope máximo para entrar en prisión". "Lo que verdaderamente ha dejado a Pujol fuera del juicio no son sus 95 años, sino la aplicación de la eximente por alteración mental. Aquí todos somos iguales ante la ley con independencia de la demencia o edad que tenga usted", señalan desde Legálitas, recordando que debe acreditarse fehacientemente si el acusado está en condiciones de comprender la responsabilidad de un juicio y su consecuente condena. 

Asociaciones de mayores avalan que no haya exclusiones automáticas

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) señalan la necesidad de evaluaciones individualizadas. Su presidente, José Luis Fernández Santillana subraya que "el cumplir años no te agrega ningún derecho, ni te lo quita", rechazando que la longevidad funcione como un escudo automático ante la ley.  La asociación de mayores subraya que cualquier exención debe estar fundamentada exclusivamente en criterios médicos y no demográficos. "Hay condiciones asociadas a la edad que condicionan la capacidad de una persona y eso quién lo tiene que determinar un especialista", en referencia a los médicos forenses del tribunal.

Respecto al viaje de Pujol a Madrid, consideran que está justificado por el paso por los médicos forenses y que "gente con menos problemas de movilidad comparecen por vídeo".  No obstante, desde CEOMA también denuncian que estos debates son fruto de la extrema lentitud judicial: "Si este juicio se hubiese celebrado a lo mejor hace 10 años, no estaríamos hablando de esto". Un punto en el que coincide Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), quien considera que hay una "justicia de doble estándar que actúa de forma rápida e implacable para los ciudadanos comunes, pero es lenta para las personas de poder económico fuerte o político", propiciando que los acusados lleguen al banquillo al final de sus vidas y en condiciones de salud mermadas".

"No es cuestión de edad, sino de confirmar si tenía demencia"

"Aquí lo que hay es un problema mental y ese problema mental se puede tener a cualquier edad, mayor, mediano o baja edad", opina el experto en demografía y longevidad, Rafael Puyol  y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (@UNIRuniversidad). "Yo creo que no ha sido acertado usar la palabra edadismo", sostiene. En su opinión, el desenlace es el correcto, pero el enfoque discursivo no lo fue, ya que lo sustancial es que se trata de "una persona que tiene sus facultades mentales mermadas y que, por lo tanto, una vez comprobado, se le ha eximido asistir a juicio".

Por contra, Gloria Veiga, presidenta de Cofemac, sí avala la decisión del magistrado de no excluir a Pujol de antemano. "Me parece bien", asegura Veiga. Para la presidenta de Cofemac, la postura del tribunal es la correcta en términos de no discriminación: "El juez sostiene y con razón que el verdadero edadismo sería negar su derecho a comparecer basándose en la edad". Si los forenses hubiesen determinado que conservaba sus facultades, recalca Veiga, "sus 95 años no deberían ser un obstáculo". Además, espera que él o su familia "devuelvan lo adquirido indebidamente, es de justicia".

¿Exonerado de una condena?

Finalmente, los miembros del tribunal de la Audiencia Nacional han concluido este lunes eximir al expresidente de acudir a la causa y dejarlo que "fuera del procedimiento" al confirmar el deterioro cognitivo que sufre. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. En concreto, acusaban a Jordi Pujol y a sus siete hijos, –contra los que se mantiene la imputación–, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. Hay que recordar que Pujol dirigió la Generalitat catalana durante 23 años (de 1980 a 2003).

Todo apunta además a que Pujol ha quedado exonerado y no cumplirá condena aunque habrá que esperar a la sentencia final. Según el EO Abogados, "la consecuencia más lógica y probable de apartarlo del pleito es que quede sin ninguna responsabilidad penal, ya que su estado de salud actual le impide ejercer su derecho a la defensa. Al no poder defenderse durante el juicio, el tribunal no puede juzgarlo ni imputarle los delitos, independientemente de que no tuviera este deterioro en el momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos". Aún así, los abogados de Legálitas advierten que esta exoneración en el ámbito penal "no impediría que pudiera tener que afrontar posibles responsabilidades por la vía civil, como el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios".